"Hola, llamo para reportar una redada": crean línea telefónica para atender emergencias con ICE en California
LOS ÁNGELES, California.- Una coalición de organizaciones religiosas, civiles, laborales y legales en San Diego, en el sur de California, creó una línea telefónica directa que opera las 24 horas del día con el objetivo de registrar, verificar, difundir y ofrecer asistencia jurídica a los indocumentados que sean detenidos en los operativos del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en esa región.
Más de 150 voluntarios han sido capacitados para tomar las "emergencias" que se reciban en un número telefónico que ofrece la llamada Red de Respuesta Rápida de San Diego, el (619) 536-0823, acudir a los lugares reportados y, si confirman la presencia de ICE, ayudar a los detenidos.
Esta iniciativa comenzó a gestarse en febrero pasado, tras la posesión del presidente Donald Trump, cuando líderes comunitarios se reunieron en una iglesia católica de San Diego para idear un plan para defender a las personas en peligro de ser deportadas a sus comunidades de origen.
"Hemos desarrollado un sistema de respuesta para informar a la comunidad sobre sus derechos y ofrecer asesoramiento legal, pues mucha gente no tiene dinero para contratar a un abogado", explicó Norma Chávez-Peterson, directora de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en San Diego, que se ha sumado a esta coalición. "Durante el gobierno de (Barack) Obama hubo muchas deportaciones, pero sabíamos que con esta istración (la de Trump) la cosa se iba a poner peor", agregó.
Durante la inauguración de esta línea telefónica el martes pasado, Chávez-Peterson enfatizó que la idea es velar por los derechos de los indocumentados en San Diego, ubicado cerca de la frontera con México. "Vamos a ser efectivos respondiendo a retenes, redadas, arrestos y acoso", advirtió.
San Diego está rodeado por agentes de inmigración: al sur se encuentra la frontera con Tijuana (México), que está protegida por dos bardas y cientos de oficiales de la Patrulla Fronteriza; en el norte y este, sus tres carreteras principales tienen retenes de 'La Migra'; y en el oeste está el mar, vigilado por la Guardia Costera. En medio de ese cerco viven unos 170,500 indocumentados.
Del 1 de enero al 30 de junio , ICE deportó a 16,599 indocumentados de los condados de San Diego e Imperial (una región habitada por 185,000 personas sin documentos legales), ambos en la frontera con México, un descenso comparado con las 23,719 personas que fueron expulsadas del país durante todo el ciclo fiscal anterior. Sin embargo, solo uno de cada tres deportados tenía antecedentes penales.
Verificando redadas
"Al inicio de esta istración nos dimos cuenta del peligro que iba a tener esta comunidad y notamos que solos no íbamos a poder. Esto ayudó a que nos uniéramos muchas organizaciones", contó Teresa Pérez, del grupo San Diego Organizing Project, que se sumó a este esfuerzo.
La línea telefónica anti-redadas de San Diego está basada en acciones comunitarias implementadas desde hace varios años en Los Ángeles y San Francisco, dos ciudades santuario. El sistema es operado por voluntarios que agregan los datos reportados (ubicación, cantidad de agentes y patrullas, detenciones, etcétera) a un software, el cual notifica a los activistas que se encuentren en el lugar señalado.
"Cuando el despachador pone los datos en el sistema se alerta a voluntarios del área, quienes van a verificar si efectivamente está ocurriendo la redada, la documentan y ven a quiénes están deteniendo", explicó Chávez-Peterson, recordando que varios rumores en las redes sociales elevaron la ansiedad de los inmigrantes durante las primeras semanas de la istración Trump.
La mayoría de las llamadas telefónicas que han recibido hasta el momento las han hecho personas que comprobaban que la línea funcionaba y algunos familiares de deportados.
La detención y posterior liberación de María Solís, una mujer embarazada que terminó en una cárcel de ICE en Otay Mesa en agosto pasado, sirvió de entrenamiento para el sistema, señaló la directora local de ACLU. "Su hermana se ó con su iglesia y ellos con nosotros. La mujer salió libre y ahora tiene un abogado que le da servicio pro bono", contó.
ICE no comentó inmediatamente sobre este sistema para reportar redadas migratorias, pero la agencia ya se ha quejado que este tipo de acciones entorpecen su labor de poner tras las rejas y expulsar del país a criminales violentos, como pandilleros, violadores y asesinos.
Chávez-Peterson enfatizó que la iniciativa también busca exigirle a ICE que respete los derechos de los inmigrantes, tomando como ejemplo la redada con armas semiautomáticas que se realizó el pasado 25 de septiembre en un taller mecánico de Los Ángeles. El operativo, que ACLU considera "ilegal", concluyó con la detención del mecánico Juan Hernández, quien no era un objetivo de esa dependencia federal.
"Es una agencia que piensa que no tiene responsabilidad de seguir ninguna ley", dijo ella.
