La empresa Whitefish duplicó costos y pidió a Puerto Rico que le eximiera de cumplir con leyes laborales
Whitefish, la pequeña empresa de Montana que se hizo con un contrato de 300 millones de dólares en Puerto Rico tras el azote del huracán María, duplicó costos clave para reparar las líneas de electricidad y pidió ser eximida de leyes laborales y tributarias de la isla, revelaron documentos hechos públicos por un comité del Congreso que está evaluando el controversial acuerdo.
Esos documentos también desvelaron cómo una abogada de FEMA y otros abogados externos de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE) advirtieron de que el contrato incumplía provisiones de la agencia federal de manejo de emergencias e hicieron recomendaciones que fueron pasadas por alto por la gerencia de la AEE.
Los correos hechos públicos por el comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes ayudan a trazar las primeras negociaciones entre el presidente ejecutivo de Whitefish, Andy Techmanski, y funcionarios de alto nivel de la AEE.
Las conversaciones se remontan a por lo menos el 18 de septiembre, dos días antes del embate del ciclón, e iniciaron según muestran los correos electrónicos a través de la red LinkedIn.
En esos primeros os, Whitefish dijo que contaba con 125 trabajadores y 15 gerentes e ingenieros listos para partir al Caribe, a pesar de que ahora se sabe que la empresa disponía de apenas dos empleados en ese momento, un punto que encendió la polémica que llevó a la cancelación del mayor contrato que haya firmado hasta el momento Puerto Rico para restablecer su servicio eléctrico. Para este entonces, Techmanski también ofreció ayuda personal, como generadores y comida, a un empleado de la AEE, aunque no quedó claro si fue aceptada.
Las negociaciones iniciales también ayudan a ilustrar los problemas de la pequeña Whitefish para hacer frente a la devastación generalizada en la isla.
En un correo, su CEO dijo a la AEE que había tenido que ar a un coordinador dentro del grupo conformado por empresas de electricidad (conocido por su sigla en inglés APPA y que presta ayuda en momentos de desastres naturales) porque estaban "afrontando problemas logísticos y necesitaban de ayuda gubernamental para acelerar la movilización a Puerto Rico".
La empresa de electricidad puertorriqueña fue criticada precisamente por no buscar la ayuda de los trabajadores de la APPA y optar por el acuerdo con Whitefish.
A pesar de que afrontaba problemas logísticos, Techmanski recomendó a la AEE que le permitiera a Whitefish servir como intermediario con los trabajadores de la APPA.
"El asunto es que el acuerdo de ayuda mutua de la APPA es sumamente vago y requiere de un acuerdo más estructurado para que ellos puedan recuperar sus costos. Lo que hemos trabajado es tenerlos bajo nuestro contrato como subcontratistas de Whitefish Energy y ellos están cómodos con nuestros términos", escribió el jefe de la firma estadounidense que solo había logrado previamente contratos por montos mucho menores.
Se duplican los costos
Con una isla prácticamente a oscuras y anticipando que recuperar el sistema eléctrico tomaría meses o incluso un año, la AEE y Whitefish suscribieron el acuerdo el 23 de septiembre. Lo enmendaron casi un mes después, el 17 de octubre.
La modificación, según los documentos hechos públicos, infló significativamente costos cruciales, como la remuneración por hora de un celador, los que se trepan en los postes y torres de transmisión para reparar las líneas de electricidad y quienes conforman el grueso de la mano de obra que se necesita para restablecer el servicio.
Un celador iba a cobrar 120.12 dólares la hora de acuerdo al contrato firmado en septiembre. En el acuerdo enmendado, ese celador pasó a cobrar 319.04 dólares, como había informado Univision Noticias en octubre. Es decir, el pago creció 2.5 veces frente al monto pactado en un principio.
Pese a que la empresa pública de la isla estuvo de acuerdo con la subida de esos costos, el jefe de Whitefish se quejó en un correo enviado a un alto funcionario de la AEE por los "excesivos tributos individuales y corporativos" de Puerto Rico.
"Creo que el mejor curso de acción es involucrar a la oficina del gobernador y darle a las compañías y grupos de emergencia una exención de las leyes laborales y tributarias de Puerto Rico y que sus estados de origen sirvan como el cuerpo que prevalece en estos asuntos", escribió Techmanski a Nelson Morales Rivera de la AEE.
"Si nosotros estamos teniendo estos problemas, también los tendrán otras compañías que vengan a Puerto Rico a ayudarles", remató.
En los documentos no figura una respuesta a ese pedido. Pero otro escrito muestra que abogados de la AEE en el bufete Greenburg Traurig recomendaron que Whitefish fuese responsable del pago de todos los impuestos en Puerto Rico. Ello no fue acatado en el contrato final, de acuerdo con los documentos revelados por el comité de Recursos Naturales.
Asimismo, Graciela Zavala-García, una abogada de FEMA en Puerto Rico, alertó que habían enviado el contrato entre Whitefish y la AEE a su sede de consejería legal pues concluyeron que no contenía algunas provisiones necesarias.
Este martes, el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, y el jefe de la AEE, Ricardo Ramos, dijeron ante el Congreso en Washington que no hubo irregularidades en el contrato y que se inclinaron por Whitefish porque era la empresa que ofreció movilizarse de inmediato a la isla.
