Legisladores en la frontera California-México tampoco quieren leyes que protejan a los indocumentados
LOS ÁNGELES, California.– San Diego representa en la actualidad varios símbolos de las duras políticas migratorias de Trump. Ahí están de los visitó Trump siendo presidente.
Por eso no extraña que algunos legisladores de San Diego estén analizando unirse al movimiento que se opone a las leyes santuario de California, que inició la demanda federal interpuesta por la istración federal tratando de echar por tierra tres normas que protegen a las personas sin documentos.
"Estamos comprometidos en mantener segura a Escondido. Siempre seremos una ciudad gobernada por las leyes", expresó en su cuenta de Twitter Sam Abed, alcalde de Escondido, quien incluyó en la agenda del Concilio del próximo 4 de abril que la pequeña localidad respalde la batalla legal del gobierno de Trump. Se trata del primer municipio de San Diego que se une a la resistencia antisantuario.
Por su parte, la Junta de Supervisores del condado de San Diego, un organismo integrado por cinco republicanos, discutiría ese tema en una sesión cerrada el próximo 17 de abril. "Siempre he apoyado la gran relación de trabajo entre el Sheriff y las agencias federales, y debe continuar", dijo la supervisora Dianne Jacob, una de las simpatizantes del plan, al diario San Diego Union-Tribune.
Pero esta iniciativa no ha ganado la simpatía del jefe del Sheriff del condado de San Diego, Bill Gore, quien alerta que los indocumentados que han sido víctimas o testigos de crímenes dejarían de acercarse a las policías locales, como ya se ha observado en Los Ángeles, causando que los barrios donde viven se vuelvan más peligrosos.
"Les diría que se mantengan al margen", dijo Gore a la prensa este miércoles. "En casos de violencia doméstica no informarán a la policía si están ilegalmente en el país", advirtió el funcionario.
Este debate en San Diego se presenta poco después de que Orange City expresara abiertamente su rechazo a la ley SB54, que desde el 1 de enero prohíbe la cooperación entre las agencias locales del orden y el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).
La rebelión comenzó la semana pasada en Los Alamitos, cuando sus concejales votaron para eximir a su localidad de la legislación santuario. Tras esa decisión, las ciudades de Yorba Linda, Buena Park, Huntington Beach y Mission Viejo comenzaron a evaluar su oposición oficial.
Por si fuera poco, el Sheriff de Orange buscó la manera de evadir la SB54 publicando en su sitio de internet la hora y fecha precisas en que liberará a todos los reos que se encuentran en sus tres cárceles, incluyendo a los indocumentados, para facilitar el trabajo de ICE sin romper las reglas estatales.
"Las leyes santuario de California liberan a criminales peligrosos en las comunidades de todo el estado", dijo el miércoles el presidente Trump en Twitter sobre la resistencia que ha crecido en OC.
¿Por qué ahora es San Diego?
San Diego está rodeado por agentes de inmigración. Al sur se encuentra la frontera con Tijuana, México, que está protegida por dos bardas y cientos de oficiales de la Patrulla Fronteriza; en el norte y este, tres carreteras principales tienen retenes de Inmigración; y en el oeste está el mar. En medio de ese cerco viven unos 170,500 indocumentados.
A mediados de marzo ICE concluyó un operativo de tres días en esa zona que puso bajo custodia federal a 115 inmigrantes, destacando que el 43% de los detenidos eran "criminales" con condenas previas por robo, posesión de droga, manejar intoxicado (DUI) y otros delitos.
Pero entre octubre y diciembre de 2017, correspondientes al primer trimestre del año fiscal actual de la dependencia, fueron arrestados 1,622 migrantes sin antecedentes en San Diego, más que en ningún otro lugar de Estados Unidos. Esa cifra es 450% más que los 357 sin historial criminal detenidos en Los Ángeles, donde viven más de un millón de indocumentados, en dicho período.
De hecho, 7 de 10 diez arrestados por ICE en San Diego carecía de antecedentes criminales. Solo 637 personas estaban en la lista negra de la dependencia federal.
También en ese lugar le ha estallado una polémica a la Patrulla Fronteriza, luego de arrestar durante un año a por lo menos tres indocumentados que acusó de ser parte de organizaciones de tráfico de personas, aunque la Fiscalía federal no les impuso cargos por falta de pruebas.
Del 1 de enero al 30 de junio de 2017, ICE deportó a 16,599 indocumentados de los condados de San Diego e Imperial, un descenso comparado con las 23,719 personas que fueron expulsadas del país durante todo el ciclo fiscal anterior.
Ante estos operativos migratorios en la zona, organizaciones que defienden a los indocumentados han creado una red de respuesta a las redadas.
Según registros oficiales, en las pasadas elecciones presidenciales las preferencias estuvieron a favor de la demócrata Hillary Clinton en San Diego, quien obtuvo el 56.1% de los votos, frente al 38.2% que sufragó por Trump.
En ese lugar donde no ganó, Trump dijo el pasado 13 de marzo, durante su primera visita a California en más de un año que lleva en el poder: "Si no tuviéramos muros aquí, ni siquiera tendríamos un país".
