16 costillas rotas y traumatismos generalizados: las torturas que reveló la autopsia al militar venezolano detenido por Maduro
"El cadáver del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo muestra 16 costillas rotas y quemaduras por posible electrocución". El examen forense que dio a conocer el fiscal director de actuación procesal (en el exilio) Zair Mundaray revela lo que las denuncias de sus familiares y defensores de derechos humanos habían advertido: el militar fue víctima de tortura mientras estuvo bajo custodia de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), en Caracas, Venezuela.
Los detalles hablan del trato cruel que padeció este hombre antes de morir, el pasado 29 de junio en el hospital militar. Su esposa, Waleska Pérez, y el abogado Alonso Medina Roa contaron que Acosta Arévalo fue llevado finalmente al juicio en silla de ruedas, que apenas podía moverse, estaba desorientado y adolorido y alcanzó a decirle a su defensor "Auxilio". Luego de eso el juez ordenó llevarlo al centro de salud custodiado por militares, donde murió.
El hecho ocurrió seis días después de ese 23 de junio cuando Michelle Bachelet, la comisionada para Derechos Humanos de la ONU concluyó su visita oficial en Venezuela, no sin antes dejar recomendaciones. Los tres días de visita –que implicaron reuniones con Nicolás Maduro y sus funcionarios, pero también con el presidente interino Juan Guaidó, víctimas de violación de derechos humanos y directivos de organizaciones independientes– culminaron con un acuerdo con el régimen para establecer dos delegados de su oficina de modo permanente en el país para el monitoreo, asesoría y asistencia técnica.
"Están aquí en Venezuela (los técnicos), pero el acuerdo no se está cumpliendo", denuncia Rafael Uzcátegui, coordinador de la organización venezolana no gubernamental de derechos humanos Provea.
El lunes 1 de julio, Bachelet se vio obligada a expresar su preocupación por los derechos humanos en Venezuela.
Sin embargo, mientras ella se pronunciaba por ese caso, otro hecho lamentable ocurría en el estado fronterizo del Táchira, en Venezuela, que provocaría conmoción en la población: Rufo Chacón, de 16 años, recibió impactos de perdigones en su rostro que lo dejaron ciego. Policías del estado reprimían brutalmente una protesta vecinal de personas que, como Rufo y su madre Adriana Parada, no tenían a gas doméstico para poder cocinar desde hacía tres meses, según denunció su madre a los medios de comunicación.
Esta nueva escalada de abusos y represión cotra la población venezolana constituye un patrón que han denunciado activistas de derechos humanos como la organización Provea: "Las expresiones de descontento y las supuestas conspiraciones a lo interno de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, son castigadas con total severidad. En 2018 Provea registró un total de 100 casos de torturas con igual número de víctimas individualizadas. La mayoría de ellas fueron de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), arrestados por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), luego de haber sido acusados de participar en conspiraciones para derrocar a la dictadura de Nicolás Maduro".
Antes de la visita de la comisionada Bachelet, una parte de su grupo de trabajo visitó el país como antesala, pero eso no detuvo al régimen madurista para mostrar una particular saña en casos de violación de derechos.
