Abandono, muertes y tortura: Chile dice 'basta' a la situación de los niños a cargo del estado

SANTIAGO DE CHILE.- En Santiago, en Concepción, en la ciudad austral de Temuco. A lo largo del país, el llamado que circula en las redes sociales es el mismo: que este sábado 5 de agosto los ciudadanos salgan a “marchar por ellos”.

“Ellos” –todos lo saben en Chile– son los miles de niños, los más vulnerables del país, que fueron puestos bajo protección del Servicio Nacional del Menores (Sename), pero que han vivido un verdadero infierno. “Ellos” son niños de meses, de un par de años de edad o adolescentes que, en vez de recibir el cuidado que las autoridades se comprometieron a entregarles en hogares regentados por el Estado, han sufrido malostratos físicos y psicológicos, abusos sexuales, falta de atención médica, abandono.

El hashtag que acompaña el llamado es “YaNoEstánSolos”.

A más de un año de la muerte de Lissette Villa, una niña de 11 años que perdió la vida en una residencia del Sename, en abril de 2016, la indignación pública por la situación de los niños más desprotegidos no se aplaca. Al contrario.

Ganó un nuevo ímpetu desde que, hace una semanas, el pleno de la Cámara de Diputados rechazó la aprobación de un informe realizado por una comisión investigadora de parlamentarios, que evoca “las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos en contra de niños, niñas y adolescentes cometidas por el Estado”. El documento, de más de 500 páginas, dice dar cuenta de “la situación de fallecimientos, torturas, violaciones y explotación sexual, cuyas víctimas son niños, que encontrándose bajo el 'cuidado' del Estado en centros dependientes del Sename, solo han encontrado sufrimientos y muchas veces la muerte”.

El documento, conocido como el Informe Sename II, es el resultado de meses de trabajo de esta comisión que se creó después de que la muerte de Lissette Villa obligara al Sename a reconocer que entre 2005 y 2016 habían fallecido 1,313 niños bajo su tutela. En los meses que siguieron, se abrieron sumarios internos, un fiscal fue designado para investigar esas muertes y se fueron conociendo las escalofriantes condiciones en que viven cerca de 8,000 niños.

La polémica que encendió la votación del informe es a la vez política y social. Por un lado, se acusó al gobierno de hacer lobby para que no se aprobara, con el fin de proteger a la exministra de Justicia Javiera Blanco, quien según el documento es responsable de “negligencia inexcusable”. También se criticó al Ejecutivo por negarse a reconocer la existencia de violaciones a los derechos humanos de los niños. Según expertos en infancia, el rechazo del informe no tiene efectos reales, ya que su aprobación no habría garantizado necesariamente nuevas medidas para mejorar el sistema de atención infantil.

Pero también contribuyó a intensificar la frustración ciudadana frente a las profundas falencias del sistema y la falta de eficiencia en la búsqueda de soluciones.

“Este informe ha sido un gran aporte para seguir avanzando en el tema”, dice Sebastián Lafaurie, abogado de la madre de Lissette Villa, quien se querelló contra el Sename. “Aquí se le dio un portazo a los niños que actualmente viven al amparo de este servicio, y que hasta la fecha han vivido lo mismo que Lissette”.

Falta de fiscalización

Una de las principales denuncias que hace el Informe Sename II –se llama así porque hubo una comisión investigadora y un informe anterior en abril de 2014– es la falta de fiscalización por parte del Sename. De todos los centros que atienden a niños, solo 11 son de istración directa; la mayoría (247) depende de organizaciones colaboradoras a las que el Estado les entrega subvenciones para acoger a los menores vulnerables. La investigación de la comisión indica, sin embargo, que las autoridades de infancia poco saben de lo que ocurre en esos centros y, más grave aún, no se empeñaron en indagar después de que se descubriera la muerte de niños en esos lugares.

“La realidad que nos ha mostrado la investigación (...) nos revela de forma dramática que siguen ocurriendo graves violaciones a los derechos humanos en contra de los más inocentes de nuestra sociedad, y que el Estado realmente no ha hecho nada para detener esta barbarie”, dice el documento, antes de destacar “la poca o casi nula capacidad del Sename de controlar el funcionamiento con algún tipo de sanción o incentivo a los organismos colaboradores”.

Los ejemplos de esta falta de fiscalización son numerosos y van desde el escaso control sobre los recursos asignados, hasta el desconocimiento del uso de medicamentos dentro de los hogares, pasando por la incapacidad de detener los malostratos a los niños. Los parlamentarios de la comisión evocan dos casos particularmente perturbadores, ocurridos después de la muerte de Lissette.

En diciembre de 2016, se supo que 25 niños internados en el centro residencial de Playa Ancha en Valparaíso habían sido “ víctimas de fuertes maltratos y golpes, cometidos por funcionarios” de la institución, hechos por los que el Instituto Nacional de Derechos Humanos interpuso una querella. Según el informe, los menores “relatan haber sido torturados con golpes, duchas de agua fría y dolorosas 'llaves' para inmovilizarlos, entre otros maltratos”.

“Tía, estoy cansado de aprender a golpes, desde que ingresé a hogares me han golpeado todos, yo me acuerdo desde que tenía dos años”, le habría dicho uno de esos niños de 12 años a su psicoterapeuta, según consta en la querella.

De acuerdo al Informe Sename II, en diciembre de 2016 también fue cuando ocurrió otro grave atropello: un niño de 6 años fue violado por uno de 9 dentro de las instalaciones de un centro en la ciudad de Concepción.

“Los niños estaban en ese instante sin supervisión de adultos, y para colmo de males, los adultos a cargo de los niños se tomaron varios días para denunciar el hecho”, dice el escrito. Se demoraron un día más, agrega el documento, en realizar la constatación de lesiones.

La lista suma y sigue. En agosto del año pasado, una menor que escapó de un hogar fue violada en la calle, en Valparaíso; en enero de este año, “se desbarató una red de explotación sexual donde se instaba a que niñas fugadas desde las dependencias del Sename se prostituyeran”.

“El deceso de Lissette es el mejor ejemplo de la total falta de control al interior del Sename”, sentencia finalmente el informe, que algunas páginas antes ya indicaba que “a la comisión investigadora asistieron personeros de Gobierno que muchas veces no fueron capaces de aportar datos precisos sobre lo que en los centros dependientes del Sename realmente ocurría”.

Educadores sin formación

Otro de los problemas que evoca el Informe Sename II, y que había trascendido antes en reportajes de prensa, tiene que ver con la falta de capacitación de los cuidadores que trabajan con los niños. El documento denuncia la existencia de directores de residencia “sin títulos idóneos”, de un número de profesionales por debajo del que se exige, y de educadores de trato directo (es decir, los que trabajan día a día con los niños) “sin la experiencia o formación requerida e insuficientes en número”.

Esa realidad ha llevado a situaciones de grave descontrol, como ocurrió con Lissette. La menor de la que las autoridades dijeron en un primer momento que había muerto “de pena” porque su madre no la había ido a ver, falleció en realidad por asfixia, debido a las maniobras de contención aplicadas por dos de sus cuidadoras para controlar un ataque de ira.

El uso de la fuerza para contener es recurrente en los centros. Así lo demuestra otro ejemplo detallado en el informe:

La psicóloga Soledad Larraín, quien trabajó durante cerca de dos décadas en la Unicef y es hoy directora del Área Intersectorial del Consejo Nacional de la Infancia (CONIN), explica que capacitar el personal de trato directo es particularmente importante, ya que pueden llegar a representar figuras de apego cotidiano para los niños. Sin embargo, hoy tienen demasiados menores a cargo, reciben sueldos muy bajos, por lo que suelen ser personas que no tienen la calificación y el apoyo necesario para la complejidad del trabajo.

“Ese personal está reventado”, dice la especialista a Univision Noticias. Y añade:

Infancias sin familia

La “supervisión técnica” que menciona Soledad Larraín también debiera incluir un mayor seguimiento del trabajo que se hace con los niños, tanto dentro de los hogares como una vez que salen.

“Hay que ver cómo trabajan las residencias, qué modelo están aplicando, cómo están evaluando. Y cuando los niños egresan, para reintegrarse a la familia o al cumplir 18 años, hay que hacer un seguimiento para ver cómo se insertan y cómo la familia es capaz de readecuarse a la llegada del niño”, dice.

“Nosotros en el Consejo consideramos que un factor central es la labor con la familia, que no es necesariamente la mamá o el papá, puede ser una abuela, tíos o hermanos. Pero hoy no hay una metodología, sino solo un trabajo precario. Entonces, cuando el niño vuelve a su casa, se repiten las dificultades y vulneraciones que había antes”, subraya Larraín.

Es una realidad que queda consignada en el Informe Sename II, que recuerda que Lissette en su corta vida “transitó más de diez veces entre su casa y hogares dependientes del Servicio Nacional de Menores”.

Lo más alarmante, indica el documento, es que en los últimos años los reingresos de niños a hogares han presentado un incremento sostenido. Mientras entre 2013 y 2014 estos aumentaron un 11.5%, entre 2014 y 2015 ese porcentaje aumentó a 23.58%. En los cuatro primeros meses de 2016, en tanto, el número de reingresos equivalió a más de la mitad del total de los que se registraron el año anterior.

De la misma manera, si bien según los lineamientos del Sename el tiempo de permanencia no debiera superar los 365 días en los programas residenciales, el tiempo promedio de estadía ha ido aumentando sistemáticamente desde 2012 y alcanzó los 1,311 días en 2015, es decir, tres veces más de lo aconsejado.

Esos datos se hacen aún más preocupantes si se sabe que muchos de esos niños entran al sistema de residencias solos, sin sus hermanos, o en hogares distintos a los de ellos. Los centros a los que los envían no siempre quedan cerca del lugar donde vive su familia, sobre todo en las zonas rurales, lo que dificulta las visitas y provoca un desarraigo total. El informe da cuenta incluso de niños que pasan toda su infancia y adolescencia en la red del Sename.

Ahora que el Congreso rechazó el informe, se sabe poco de lo que ocurrirá. Algunas figuras políticas propusieron crear una Comisión de Verdad y Justicia del Sename, al estilo de la que se conformó en los años 90, para aclarar la cifra y circunstancias de las víctimas de la dictadura militar. Además existen, hace más de un año, distintos proyectos de ley pendientes, que apuntan a reformar completamente el sistema de atención a la infancia, terminando con el Sename, creando servicios de protección y reintegración social más específicos, una Subsecretaría de la Infancia y la figura del Defensor del niño, entre otras cosas.

“El rechazo del informe abrió nuevamente el debate sobre la situación de los niños en el sistema de protección y eso generó que se le pusiera celeridad a los proyectos de ley”, asegura Soledad Larraín.

Mientras el país debate sobre la mejor solución, miles de niños chilenos siguen esperando.