Cómo la reforma judicial aprobada en México podría ser una “bomba de tiempo” para el gobierno de Sheinbaum
Tras la aprobación del Senado mexicano de la controversial reforma judicial, ahora tocará al siguiente gobierno, encabezado por Claudia Sheinbaum, implementarla, lo que analistas consideran una “bomba” para la istración entrante.
El aval a los cambios a la Constitución mexicana ocurrió en medio de acusaciones de presión del gobierno mexicano en contra de legisladores de la oposición y de traición a un senador del opositor Partido Acción Nacional (PAN) que cambió su rechazo a la reforma y votó a favor.
El voto del legislador del PAN, Miguel Ángel Yunes Márquez, fue decisivo para que la alianza oficialista encabezada por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), consiguiera los 86 votos necesarios para lograr los cambios a la Carta Magna. Mientras la oposición lo calificó de “traidor”, Morena aplaudió su decisión.
“Ni cobarde, ni traidor”, dijo el legislador, quien horas antes había pedido a su padre asumir temporalmente su escaño legislativo por supuestos problemas de salud. Finalmente llegó al Senado y se unió a Morena.
“En la decisión más difícil de mi vida, he determinado dar mi voto a favor del dictamen para crear un nuevo modelo de impartición de justicia”, dijo.
La semana pasada la Cámara de Diputados, controlada por una mayoría de Morena, había dado su aval a la reforma propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El eje central de la reforma consiste en la elección por voto popular de los jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte.
El gobierno de Estados Unidos, instituciones financieras internacionales, organismos de derechos humanos y analistas advierten que la reforma vulnera la independencia judicial y pone en “riesgo” la democracia mexicana.
López Obrador, la presidenta electa Sheinbaum y Morena sostienen que la reforma era necesaria para acabar con la corrupción en el sistema judicial mexicano.
¿Qué es lo que aprobó el Congreso mexicano en materia judicial?
El elemento de la reforma que mayor controversia ha generado es la elección por voto popular de miles de jueces que componen el sistema de justicia.
Senadores de oposición sostuvieron que la elección de tal cantidad de jueces derivará en un “caos” electoral.
De acuerdo con la reforma, los jueces serán elegidos de forma gradual en elecciones extraordinarias en 2025 y 2027. Los candidatos serán propuestos de forma paritaria por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Sheinbaum ha dicho que uno de los elementos positivos de la reforma consiste en que los de la Suprema Corte ya no serán propuestos por el Ejecutivo y ratificados por el Senado, como había ocurrido hasta antes de la reforma.
El Consejo de la Judicatura Federal nombraba a jueces y magistrados de cortes inferiores luego de un análisis de los méritos de cada postulante.
Con la reforma, México se convertirá en el primer país en llevar al voto popular la totalidad de sus jueces.
"No existe en otros países", señaló Margaret Satterthwaite, relatora especial de Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados, y crítica del proyecto.
Aunque en Estados Unidos algunos estados eligen a los jueces locales, el caso más parecido al mexicano es el de Bolivia, donde los magistrados de las altas cortes son elegidos por voto popular. Sin embargo, un consejo de la judicatura designa allí a los jueces ordinarios.
Pero la independencia de los magistrados de elección ha quedado en entredicho en medio de la disputa entre el presidente Luis Arce y su mentor y exmandatario socialista Evo Morales.
La reforma también incluye cambios a la estructura de la Suprema Corte, que verá el número de magistrados reducido de once a nueve. La duración de sus nombramientos también se reducirá de 15 a 12 años.
También elimina la pensión vitalicia que reciben los jueces al cumplir su gestión y obliga a que sus integrantes no perciban salarios mayores a los del presidente.
Al inicio del gobierno de López Obrador, Morena avaló una ley que obligaba a los funcionarios a no ganar más que el presidente, pero los ministros evitaron reducir más su salario sosteniendo que existía otro artículo que protegía sus salarios.
La reforma, entre otras medidas, también reconfigura el órgano de supervisión del Poder Judicial, que hasta ahora es llamado Consejo de la Judicatura Federal. A partir de los cambios, ese órgano desaparecerá y será creado uno nuevo llamado Tribunal de Disciplina Judicial.
El tribunal estará a cargo de investigar y evaluar el desempeño de los jueces. El órgano también podrá presentar denuncias ante la Fiscalía General de la República y pedir a la Cámara de Diputados que sometan a juicio político a los jueces sancionados.
"La demolición del Poder Judicial no es la vía"
Antes del aval de la reforma, la actual presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, presentó su propia propuesta de reforma y advirtió que el proyecto impulsado por López Obrador no era el camino correcto para transformar al Poder Judicial.
“La demolición del Poder Judicial no es la vía como se pretende”, dijo Piña en un video. “Si tenemos el valor y la voluntad real, hoy mismo, podríamos dar pasos firmes para hacer los cambios profundos y necesarios para construir la paz, la justicia y la reparación que México tanto necesita”.
Antes de la reforma, miles de trabajadores del Poder Judicial entraron en un paro de labores sin precedentes en México para denunciar los riesgos de los cambios propuestos y las posibles afectaciones a sus derechos laborales.
Previo a la votación en el Senado, los trabajadores judiciales acamparon afuera de la sede del Senado para reiterar su rechazo a los cambios.
“El juez imparcial es de carrera judicial. No a la reforma judicial”, decían algunas de las pancartas utilizadas por los manifestantes.
Reforma judicial, una “bomba de tiempo” para el gobierno Sheinbaum
Analistas han advertido que la implementación de la reforma representa múltiples complicaciones para el gobierno entrante de Sheinbaum, quien asumirá el poder el 1 de octubre.
“A la presidenta Sheinbaum están por entregarle no un gobierno, sino una bomba de tiempo”, escribió en el diario mexicano El Universal el analista Fernando Vázquez Rigada.
La incertidumbre por la reforma podría traer consigo un golpe a la confianza de los inversionistas.
“Pero la onda expansiva de esta bomba llega a todo el mundo con quien tengamos relaciones comerciales y golpea de frente a inversionistas nacionales. Nadie quiere invertir en un país cuya ley sea el capricho”, agregó Vázquez.
Este miércoles, luego de la intensa discusión y posterior aprobación de la reforma, Sheinbaum celebró el aval legislativo a la propuesta de López Obrador.
“Con la elección de jueces, magistrados y ministros se fortalecerá la impartición de justicia en nuestro país. El régimen de corrupción y privilegios se queda cada día más en el pasado y se construye una verdadera democracia y un verdadero estado de derecho”, escribió en su cuenta de X.
En un comunicado a finales de agosto, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, dijo que la reforma suponía una "amenaza" a la histórica relación comercial entre ambos países.
Luis Foncerrada, economista en jefe de la oficina de la American Chamber of Commerce en México, dijo a Univision Noticias que la reforma como está planteada afecta la confianza de los inversionistas en el país.
“Se está minando las bases de la confianza, donde podría quedar en manos de inexpertos y con un sesgo político la justicia”, dijo el también profesor de economía de la Universidad Texas A&M.
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