Dos años después de la caída de Pérez Molina, vuelven las protestas a las calles de Guatemala
CIUDAD DE GUATEMALA. - Luego de que el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, sorprendiera a la población con un mensaje en video anunciando la expulsión del comisionado de Cicig, Iván Velásquez, a las 6 de la mañana del domingo, la imagen del mandatario ha sufrido un desgaste creciente con el transcurrir de las horas.
Una soñolienta población se fue enterando poco a poco del pulso entre la Presidencia y la Comisión Internacional. En redes sociales, parte de la población más activa políticamente comenzó a circular convocatorias para protestar contra la decisión de Morales, mientras otros ciudadanos expresaban su apoyo al presidente, lo que evidencia la polarización del país.
Los paseos familiares de domingo en el Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala dieron paso a una protesta frente a la Corte de Constitucionalidad (CC) convocadas por organizaciones ciudadanas surgidas en la crisis política de 2015 como Justicia Ya.
Precisamente el tribunal constitucional anunció hacia las 11:00 de la mañana que otorgaba un amparo provisional a favor del comisionado Velásquez, en una votación divida de tres votos favorables y dos en contra. La decisión suspendió la orden del presidente de declarar “persona non grata” al comisionado de Cicig y su expulsión del país. Esta resolución notificaba al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Ministerio de Gobernación (del cual depende la Policía) y al Ministerio de Defensa que “se abstengan de ejecutar la decisión del Presidente de la República de Guatemala”.
Un lento despertar de la ciudadanía
La jornada pronto hizo evidentes dónde se encontraban los aliados y adversarios de cada posición. En un segundo video difundido en las redes sociales del gobierno, Morales reiteró, diez minutos antes de las 4:00 de la tarde, que mantenía su decisión de expulsar a Velásquez del país. Mientras, un millar de personas protestaban frente al Palacio Nacional y el rumor de un estado de sitio circulaba.
Hacia las 6:00 de la tarde, mientras la manifestación menguaba, una joven maya sostenía una bandera de los pueblos indígenas (rojo, blanco, amarillo y negro). Yutzil Pablo explicaba su presencia en la Plaza así: “Jimmy Morales esta manejado por los militares. Él es un títere y muchas personas votaron por él. Lo que está pasando es que quiere sacar a Iván Velásquez del país por estar tocando su territorio, tienen procesos (judiciales) su hermano, su hijo y ahora él”.
El partido de Morales, Frente de Convergencia Nación, FCN-Nación, surgió de la alianza entre el partido FCN, formado por militares retirados con participación en el conflicto armado interno y el movimiento Nación, encabezado por Morales.
Esta vinculación ha sido recordada a lo largo de su Presidencia, sobre todo tras la orden de captura emitida el año pasado contra el diputado y coronel retirado Justino Ovalle, secretario general del partido en ese momento y jefe de bancada, por crímenes contra la humanidad.
Para Eugenia Barrios, una mujer que se manifestaba en la Plaza Central, la gota que colmó el vaso fue que iniciaran una investigación en su contra.
“Como se dice en buen chapín: 'tiene la cola machucada'. Es lo que se dice cuando alguien comete un delito y no tiene calidad moral para reclamar", asegura Barrios. "Contradice su lema de campaña 'ni corrupto, ni ladrón', afirma.
Para otro joven manifestante, Juan Fernando Contreras, originario de Antigua Guatemala, al pedir la salida de Velásquez, el presidente “solo está velando por sus intereses individuales, por su familia y no por los intereses del país". "Las personas son las que hacen la diferencia en las instituciones. En el caso de Thelma Aldana e Iván Velásquez, ellos han marcado la diferencia en el Ministerio Público y la Cicig. Y han afectado de manera positiva al país, ya que fue gracias a ellos que se derrocó al gobierno corrupto de Otto Pérez Molina”.
Calle, redes y medios
Pero, a diferencia de la crisis política del 2015, tras los casos de corrupción revelados entorno al expresidente Otto Pérez Molina, la crisis del 2017 ha sido más solapada. El delito por el que se quiere investigar al mandatario es por financiamiento electoral ilícito, una acusación mucho más lejana de la cotidianidad del ciudadano de a pie.
Para el politólogo Ricardo Barreno, del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (Incep), esta crisis se ha caracterizado por el hermetismo. El presidente ha evitado dar conferencias de prensa para ser cuestionado y solo se ha comunicado mediante videos pregrabados, ha primado la opacidad en sus acciones, pero aún no ha concentrado tanta atención por parte de la ciudadanía.
En el transcurso de la tarde del domingo, un grupo de manifestantes a favor del mandatario se congregó a las afuera de la sede de Cicig en la capital. Con pancartas como “Presidente Morales, héroe de la libertad”, unos cincuenta ciudadanos asistieron al lugar, dónde otro grupo similar coreaba su apoyo al comisionado. Medios locales informaron agresiones por parte de los partidarios de Morales e identificaron a dos de ellos como trabajadores del Congreso de la República.
El pulso librado por la opinión pública también se libró entre los conglomerados de medios locales. El Grupo Albavisión, propietario de la cadena que controla la televisión abierta, dio una cobertura resaltando la escasa movilización ciudadana, retrasmitiendo el comunicado presidencial y cuestionando la legitimidad del amparo de la CC. La representante legal de este grupo mediático, Alba Lorenzana, la esposa del millonario mexicano dueño de la cadena, Ángel González, tiene una orden de captura internacional por financiamiento electoral ilícito.
El pronunciamiento del propio presidente dio pie a una visión crítica de los medios de comunicación. El mandatario aseguró en su comparecencia de la tarde del domingo que el comisionado Velásquez “utilizaba la presión de los medios” para vulnerar la presunción de inocencia. Este era uno de sus argumentos para pedir su salida del país.
Movilizaciones populares y apoyo institucional
La semana empieza en Guatemala entre la inquietud por el panorama político y un debate interno alrededor de la figura del comisionado Velásquez. En programas de radio y conversaciones en la calle, los ciudadanos intercambiaban sus puntos de vista sobre la decisión del presidente. “Hasta que no vi en Notisiete (el noticiero de mayor audiencia nacional) las razones por las que el presidente pidió la salida del comisionado, no entendí que pedía la salida por intervenir en el país”, dijo una radioescucha en horas de la mañana.
Para este lunes organizaciones indígenas y campesinas también se han manifestado en los departamentos de Totonicapán, Sololá, Quiché y Huehuetenango. Mientras que en el plano institucional, diferentes organismos y universidades han manifestado su apoyo al comisionado Velásquez. El procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas, ha instado públicamente al presidente a que reflexione a su decisión y considere “una posible renuncia” como una salida a la crisis.
Mientras el destino de Velásquez descansa en el cumplimiento de la orden de la CC, el de Morales está en manos del Congreso. Este lunes las diferentes bancadas del Legislativo tiene agendadas reuniones privadas para discutir su voto por el retiro o no de la inmunidad al presidente. En horas de la mañana los congresistas oficialistas asistieron a una reunión en Casa Presidencial para mostrar su apoyo al mandatario.
El Legislativo requiere de 105 votos para quitar la inmunidad al mandatario. El subjefe de bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza, Carlos Barreda, uno de los 32 congresistas de este partido, indicó que se inclinan por permitir la investigación a Morales. La UNE es la segunda fuerza del Congreso; la tercera fuerza, el Movimiento Reformador, con 18 diputados, según su secretario general Boris España, está dividido en su apoyo al Presidente. Mientras que la primera fuerza la constituye el FCN-Nación, con 37 votos.
En un incierto panorama, Morales busca recuperar la credibilidad de la población apelando al nacionalismo y al respeto de la soberanía del país.
La prueba de fuerza entre la Cicig y el gobierno continuará en los próximos días en los medios de comunicación, las redes sociales, las calles y los organismos estatales.
