EEUU no descarta sanciones contra más funcionarios venezolanos y la estatal PDVSA
La Casa Blanca comenzó la cuenta regresiva contra el gobierno de Nicolás Maduro, con todas las opciones sobre la mesa. El lunes, Donald Trump amenazó con aplicar sanciones económicas si el presidente venezolano sigue adelante en su empeño de instalar una Asamblea Nacional Constituyente que liquide a todos los poderes actuales. Su gobierno no descarta que estas sanciones recaigan ya no solo sobre altos funcionarios, sino también sobre empresas del Estado, como Petróleos de Venezuela (PDVSA) y Citgo, su filial en Estados Unidos.
“La declaración del presidente Trump fue muy clara (…) Si el presidente Maduro sigue con esa intención de la Asamblea Constituyente, se aplicarían medidas económicas que serían fuertes, firmes y rápidas”, explicó Lydia Barraza, portavoz del Departamento de Estado, a Univision Noticias. “Serían medidas en cuanto al comercio y disminuir la capacidad del gobierno de Maduro de violar su propia Constitución y la democracia”, agregó.
La portavoz no negó que la petrolera PDVSA pueda estar sujeta a estas penalidades ante una pregunta de Univision Noticias al respecto.
Estados Unidos ha aplicado sanciones contra altos funcionarios del chavismo en cuatro oportunidades durante el mandato de Nicolás Maduro. En julio de 2014, el gobierno de Barack Obama impuso restricciones de visado contra 24 funcionarios venezolanos, señalados de violar los derechos humanos de los manifestantes durante la oleada de protestas de febrero de ese año. Por la misma causa, Obama promulgó en diciembre otro conjunto de sanciones aprobadas por el Congreso, que incluían la congelación de activos y la negación de visados contra otros siete altos funcionarios.
Luego, en febrero de 2017, el actual vicepresidente, Tarek El Aissami, fue vetado por supuestos vínculos con el narcotráfico, y en mayo, ocurrió lo mismo con ocho magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que despojaron de sus funciones a los diputados de la Asamblea Nacional, que es de mayoría opositora.
Según explicó Barraza, el secretario de Estado, Rex Tillerson, ha dicho que están analizando nuevas medidas contra personas para “mandar un mensaje claro” a líderes del chavismo que, en su opinión, están involucrados en “violaciones de los derechos humanos o actividades antidemocráticas en contra de su propia Constitución”. Pero estas sanciones, aclaró, no son una meta en sí misma: “La meta es ver oportunidades de volver a la democracia”.
“No tiene que ser una intervención sino ver dónde hay posibilidades de abrir esas puertas (al diálogo). Si es que hay posibilidad de apoyar ese diálogo, lo haremos”, agregó la vocera, al referirse a la gestión realizada durante 2015 por el subsecretario de Estado para Asuntos Políticos de EEUU, Thomas Shannon, para promover un acercamiento que destrabara la tensión entre el gobierno de Maduro y la oposición.
Este martes, Maduro respondió al anuncio de la Casa Blanca asegurando que instalará un Consejo de Defensa para “para responder integralmente a la amenaza imperial”.
Durante las últimas semanas, la Casa Blanca ha sostenido “una docena de llamadas” con líderes de la región para discutir salidas a la crisis de Venezuela. Tanto con los países que ya han manifestado una clara oposición a los planes del chavismo –como Chile, Argentina, Colombia y México– como con los países de la Comunidad del Caribe (Caricom) que en junio desde la OEA inclinaron la balanza a favor del gobierno de Maduro.
“Este gobierno ha hecho una prioridad conversar sobre ese tema”, dijo Barraza. "No es momento de alejar a Venezuela de la comunidad internacional".
Desde su llegada al poder en 2014, Maduro ha gobernado con una oposición que le exige en la calle el fin de la crisis económica y política. Los reclamos de entonces se mantienen. Tres años después, los venezolanos siguen manifestando su descontento por la inflación creciente que ya asciende a tres cifras, la escasez de alimentos de la cesta básica y medicinas, y la inseguridad en las calles, además de la opresión a las voces disidentes. Desde abril de 2017 las protestas ya superaron 90 días consecutivos, y algunos problemas se han agravado: la represión de los cuerpos policiales a los opositores es cada vez mayor, así como las detenciones arbitrarias y las torturas que denuncian quienes son liberados.
Y el descontento ha sido alimentado por la imposición del gobierno de elegir a una Asamblea Nacional Constituyente este 30 de julio, un proceso que es avalado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el chavismo. Con ella, Maduro quiere imponer una Constitución a su medida y acabar con los poderes públicos establecidos.
Como contrapeso, la oposición organizó en tiempo récord –dos semanas– y sin apoyo del Poder Electoral ni del Ejecutivo un plebiscito que se realizó el domingo y en el que más de siete millones y medio de venezolanos rechazaron una eventual reforma a la Constitución y exigieron elecciones generales adelantadas. En nombre del Departamento de Estado, Barraza considera que el resultado de la consulta fue un "mensaje clarísimo de defensa de la democracia venezolana" y su país lo respalda porque "millones de voces no pueden ser ignoradas".
