Un 'task force' para combatir la corrupción en Centroamérica: esto es lo que propone Biden
El gobierno de Joe Biden está considerando crear un 'task force' o grupo de trabajo para ayudar a los fiscales locales a combatir la corrupción en Centroamérica, según Ricardo Zúñiga, enviado especial de Estados Unidos para la región.
El plan de Estados Unidos consiste en crear listas de funcionarios centroamericanos implicados en la corrupción, revocar sus visados de viaje e imponerles sanciones financieras.
"Tenemos un mandato del Congreso de Estados Unidos para elaborar listas de funcionarios que están involucrados en la corrupción y proponer acciones contra ellos", dijo Zúñiga. "El trabajo contra la corrupción implica no sólo incentivos, sino hacer lo que creemos necesario y utilizar las herramientas que tenemos del Congreso para demostrar nuestra oposición a individuos y organizaciones particulares involucrados en esto," agregó.
Una ley promulgada por el Congreso en diciembre exige que el Departamento de Estado elabore en un plazo de 180 días una lista de actores corruptos en el Triángulo Norte. A partir de ese momento, se les prohibirá viajar a Estados Unidos y se les confiscarán bienes estadounidenses.
La Ley Global Magnitsky también permite a los funcionarios estadounidenses imponer prohibiciones de visado y sanciones selectivas a personas de cualquier parte del mundo responsables de cometer violaciones de los derechos humanos o actos de corrupción significativos.
Zúñiga habló unos días antes de que la vicepresidenta Alejandro Giammattei para discutir soluciones al aumento de la migración hacia la frontera de Estados Unidos con México.
El gobierno de Biden considera que la corrupción es una de las causas fundamentales del éxodo de migrantes de la región, junto con la pobreza y la violencia de las pandillas, y quiere asegurarse de proteger un paquete de ayuda de 4.000 millones de dólares para que no sea mal utilizado por los funcionarios locales.
"Pensamos que la corrupción es uno de los principales motores de la inestabilidad en Centroamérica... queremos demostrar que estamos del lado de las víctimas de la corrupción y decididos a actuar contra los implicados en la corrupción", dijo Zúñiga.
El grupo de trabajo que se está considerando se centraría en los casos de corrupción y en ayudar a los fiscales de esos países a avanzar, dijo Zuniga.
Dijo que Estados Unidos estaba decepcionado por el reciente colapso de los organismos anticorrupción en Guatemala y Honduras -la CICIG y la MACCIH- que fueron "retrocesos en los esfuerzos para promover la transparencia y combatir la impunidad".
Guatemala fue pionera en un modelo respaldado por las Naciones Unidas con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, un equipo de abogados e investigadores que trabajaban con los fiscales. Pero su trabajo provocó una reacción violenta y fue empujado en 2019. En Honduras, un grupo similar también fue clausurado.
La semana pasada, el Congreso de Guatemala continuó su campaña contra destacados luchadores anticorrupción al destituir a la jueza Gloria Porras del máximo tribunal.
El miércoles, los fiscales guatemaltecos solicitaron que el ex presidente Jimmy Morales sea despojado de su inmunidad para que pueda ser procesado por violar el mandato de la misión anticorrupción respaldada por las Naciones Unidas que entonces trabajaba en el país.
Morales, que estuvo al frente de Guatemala entre 2016 y 2020, goza de inmunidad porque tras su mandato se convirtió inmediatamente en diputado del Parlamento Centroamericano. Morales asumió la presidencia prometiendo luchar contra la corrupción, pero una vez que él y los de su familia se convirtieron en objetivos de la misión anticorrupción, actuó para expulsarla de Guatemala.
La misión de la ONU, conocida como la CICIG, trabajó en Guatemala durante 12 años, acabando con las redes criminales e incluso con el ex presidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Baldetti.
