Un juez desestima la demanda del gobierno de México contra fabricantes de armas de EEUU
Un juez estadounidense desestimó el viernes la demanda presentada por el gobierno mexicano en la que acusaba a fabricantes de armas estadounidenses de contribuir al derramamiento de sangre en México.
Según la decisión del magistrado del distrito de Massachusetts, las leyes estadounidenses no permiten este tipo de demandas.
“Este tribunal no tiene autoridad para ignorar una ley del Congreso”, dice la sentencia firmada por el juez F. Dennis Saylor. “Tampoco es apropiado que forje estrategemas para evitar los mandatos legales, aún cuando los señalamientos de la demanda pueden evocar una respuesta empática”.
La ley a la que hace mención el magistrado es conocida como Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés) y fue aprobada en 2005. Tal y como argumentaban los fabricantes, el juez consideró que impide que ellos rindan cuentas por el uso que se pueda dar a las armas que fabrican o distribuyen.
México apelará la decisión “y seguirá insistiendo en que facilita que los criminales accedan a ellas”, indicó la Cancillería en un comunicado.
"La demanda civil por daños en contra de quienes lucran con la violencia que sufren las y los mexicanos pasa a una segunda etapa, en la cual la cancillería seguirá insistiendo en que la negligencia de esas empresas afecta gravemente a nuestro país", informó la dependencia en un comunicado, luego de conocer el veredicto.
México carece de "jurisdicción personal" para demandar a los fabricantes de armas
México demandó en agosto de 2021 a Smith & Wesson, Beretta, Colt, Glock, Century Arms, Ruger y Barrett y el vendedor y distribuidor Interstate Arms, por considerar que su comercio "negligente e ilícito" alienta el narcotráfico y la violencia en el país.
Según la cancillería mexicana, de 342,000 a 597,000 armas fabricadas por esas firmas llegan anualmente a su territorio de contrabando procedentes de Estados Unidos; armas que terminan siendo halladas en 70 a 90% de las escenas del crimen a nivel nacional.
El gobierno mexicano asegura haber "tenido que gastar enormes fondos" para combatir los efectos "de la conducta ilícita de los demandados", entre "costos sustanciales e inusuales" de atención médica, servicios policiales y militares, istración de justicia penal, asistencia pública y otros servicios y programas públicos.
México ocupa la tercera posición de la lista de naciones con más muertes relacionadas con armas, causadas principalmente por el narcotráfico en este país de 126 millones de habitantes, azotado por una vorágine de violencia desde 2006, cuando el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón (2006-2012) lanzó un polémico operativo militar antidrogas.
El quid de la demanda consistía en determinar si fuera de México los fabricantes están protegidos por la PLCAA, aprobada con el objetivo de proteger a la industria armamentística de toda responsabilidad civil por el mal uso penal de sus productos.
Los fabricantes alegaban que México carece de "jurisdicción personal" para sentarlos en el banquillo. En una contrarréplica fechada el 14 de marzo, los fabricantes sostenían que la denuncia no mencionaba "a un solo acusado que haya cometido ningún acto dañino en México".
Además, acusaban al gobierno mexicano de tratar de responsabilizarlos "por algo que ocurrió exclusivamente en Estados Unidos, en la teoría de que algunos de sus productos fueron introducidos de contrabando en México por criminales y utilizados en otros actos criminales" en ese país.
La demanda también alegaba que algunos fabricantes, como Colt, comercializa específicamente sus armas en formas que atraen específicamente a los cárteles criminales mexicanos.
Esta empresa vende, según el documento, "tres pistolas que destina a los compradores mexicanos: la pistola "El Jefe", la pistola "El Grito" y la pistola "Emiliano Zapata 1911", modelos que "son símbolo de estatus y codiciados por los cárteles de la droga".
La demanda de México recibió el apoyo como amicus curiae (amigos de la corte) de 26 fiscales de distrito estadounidenses, además de Belice y Barbuda, y otros catorce estados federales, alegando que las armas que se trafican en México acaban en las calles de Estados Unidos junto con ingentes cantidades de drogas ilegales.
Con su demanda ante una corte del estado de Massachusetts, donde se encuentra la sede de la mayoría de fabricantes de armas, México buscaba poner el tráfico ilegal en el centro de la conversación bilateral y compartir responsabilidades con su vecino por la violencia ligada al narcotráfico.
