Juez rechaza la apelación del expresidente peruano Pedro Castillo y ordena que siga detenido
Un juez ordenó este martes que el destituido presidente peruano Pedro Castillo continúe detenido, al rechazar su apelación. La fiscalía pidió horas más tarde que permanezca 18 meses en prisión mientras lo investiga por rebelión y conspiración.
La decisión del juez de la Suprema Corte, César San Martín Castro, podría atizar aún más las violentas protestas que se registran en distintos puntos del país, en donde la población ha estado exigiendo la libertad de Castillo, la renuncia de su sucesora, Dina Boluarte, y que se programen de inmediato elecciones generales para elegir a un nuevo presidente y reemplazar a todos los del Congreso.
El anuncio de Castillo del miércoles pasado en televisión nacional en el que anunciaba la disolución del Congreso por decreto presidencial no fue “un mero acto de habla, sino la expresión concreta de una voluntad de alteración del sistema constitucional y de la configuración de los poderes públicos”, subrayó el juez.
Horas antes, Castillo declaró en su audiencia que había sido detenido "injusta y arbitrariamente”, y agradeció a sus simpatizantes por todo lo que han hecho desde su arresto.
El juez señaló que la evidencia indica que Castillo fue interceptado en camino a la embajada de México para pedir asilo. Fue detenido poco después de que fuera destituido por los legisladores luego de que intentara disolver al Congreso antes de un voto de revocación, el tercero que iba a afrontar durante su corto mandato.
La fiscalía también empleó ese argumento para solicitar la prisión preventiva, según indicó su oficina de prensa poco antes de la medianoche del martes.
La fiscalía también solicitó otros 18 meses de prisión preventiva para el ex primer ministro Aníbal Torres, que está en la clandestinidad.
El abogado Ronaldo Atencio, quien habló en nombre del equipo jurídico de Castillo, alegó que el mandatario no levantó las armas ni organizó a la población capaz de derrocar al gobierno actual, como lo establece la ley peruana para acusar a alguien de rebelión. También dijo que Castillo no representa un riesgo de fuga, y que nunca pidió asilo a México, tal como lo confirmó el embajador mexicano.
Un juez debe convocar una audiencia en un plazo de 48 horas para escuchar los argumentos de la fiscalía y la defensa y determinar si se aplica la prisión preventiva.
Desde su detención Castillo atiza las protestas callejeras
“Jamás renunciaré ni abandonaré esta causa popular que me ha traído acá”, declaró Castillo. Posteriormente, en aparente referencia a las violentas protestas a causa de su detención, instó a la policía nacional y a las fuerzas armadas a que "depongan las armas y dejen de matar a este pueblo sediento de justicia”.
Las manifestaciones han sido particularmente violentas afuera de la capital Lima. La Defensoría del Pueblo de Perú redujo el martes a seis el número de personas que han muerto en las protestas que comenzaron el miércoles. La oficina dijo en un comunicado que eliminó a una persona de la lista después de que la agencia nacional de registro civil determinara que dicha persona “no existe”.
Todos los decesos se han producido en comunidades rurales empobrecidas, que son bastiones de ganó por 44,000 votos ante la derechista Keiko Fujimori.
Muchos negocios de esa comunidad permanecieron cerrados el martes, luego de que se bloqueó el tránsito en las calles con neumáticos quemados, rocas y ramas de árboles. Unas 3,000 personas, incluidos profesores y campesinos de localidades cercanas, volvieron a marchar para demandar la renuncia de Boluarte.
Un grupo más reducido acompañó el féretro de un manifestante que falleció el lunes por una aparente herida de bala.
La presidenta Dina Boluarte, juramentada rápidamente el miércoles de la semana pasada luego de que el Congreso destituyó a Castillo por “incapacidad moral permanente", cedió este lunes a las exigencias de los manifestantes, anunciando que enviaría una propuesta al Congreso para adelantar las elecciones a abril de 2024.
