La polémica en Nicaragua por la decisión de Ortega de confiscar la prestigiosa universidad privada de los jesuitas
El gobierno de Daniel Ortega se encuentra de nuevo en el centro de la polémica luego de que el pasado miércoles anunciara la confiscación de todos los bienes y activos de la jesuita Universidad Centroamericana de Nicaragua, considerada la institución privada más prestigiosa del país, tras acusarla de “funcionar como un centro de terrorismo”.
En esa universidad estudian aproximadamente 8,000 estudiantes, del total de 200,000 universitarios que existen en Nicaragua, de acuerdo con organizaciones del sector. Además, es la primera universidad privada creada en Centroamérica.
Desde diciembre de 2021, al menos 26 universidades han sido cerradas y sus bienes fueron incautados por orden del gobierno de Ortega con un proceder similar. Siete de ellas extranjeras.
En un comunicado dirigido a la comunidad universitaria, la UCA indicó que el martes recibió un oficio judicial en el que se le notificó “la incautación de bienes inmuebles, muebles, dinero en moneda nacional o extranjera” de cuentas bancarias que fueron “inmovilizadas”, así como “productos financieros en moneda nacional o extranjera”.
El oficio judicial ordenó que la incautación sea a favor del Estado de Nicaragua, agregó el comunicado de la UCA. A su vez informó la suspensión de todas las actividades académicas y istrativas de la universidad “hasta que sea posible retomarlas”.
Fundada en 1960 por la Compañía de Jesús, la UCA fue uno de los focos de las protestas estudiantiles que estallaron en abril de 2018 y en más de una ocasión abrió sus puertas para permitir que manifestantes civiles que huían de las balas de la policía se refugiaran momentáneamente en sus instalaciones.
La medida tiene lugar en medio de una arremetida contra la Iglesia católica, tras el cierre de varias organizaciones y medios de comunicación religiosos y el encarcelamiento del obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, encerrado en un penal de Managua desde febrero tras negarse a ser deportado a Estados Unidos junto a otros 222 opositores excarcelados.
En poco más de un año y medio, la Asamblea Nacional, de mayoría sandinista, ha ilegalizado 14 centros de estudios superiores por petición del ejecutivo. Otros 12 centros fueron disueltos por el Ministerio de Gobernación.
Gobierno anuncia la creación de un centro estatal
Tras la decisión del gobierno, el Consejo Nacional de Universidades (CNU), órgano rector de la educación superior nicaragüense, aprobó este jueves la creación de la estatal Universidad Nacional "Casimiro Sotelo Montenegro", que reemplazará a la jesuita Universidad Centroamericana (UCA).
En una sesión ordinaria celebrada este jueves en el municipio de Camoapa, departamento de Boaco, centro de Nicaragua, el CNU acordó cancelar la autorización de funcionamiento a la UCA "en correspondencia a las disposiciones del Estado nicaragüense".
Además y "para garantizar la continuidad educativa de los estudiantes de grado y de posgrado" de la UCA, "aprobó la creación de la Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro".
Asimismo, nombró a nuevas autoridades del rectorado.
Organizaciones reaccionan contra decisión del gobierno
La decisión contra la universidad derivó en la reacción del embajador Brian Nichols, subsecretario del Departamento de Estado para América Latina de Estados Unidos.
“La confiscación de la Universidad Centroamericana, un símbolo de excelencia académica y esperanza para el futuro de Nicaragua, representa una mayor erosión de las normas democráticas y el cierre del espacio cívico por parte de Ortega-Murillo”, publicó en un mensaje en X, antes Twitter. “Seguiremos apoyando los derechos fundamentales de los nicaragüenses”.
En un pronunciamiento de los jesuitas, calificaron de “totalmente falsas e infundadas las graves acusaciones” del gobierno contra la UCA y destacó su “prestigiosa labor docente e investigativa" durante más de medio siglo de existencia.
Señaló que esta “nueva agresión gubernamental” no es “un hecho aislado”, ya que desde 2018 la UCA ha venido sufriendo “constante asedio, acoso y hostigamiento” de las instituciones gubernamentales, a través de la no extensión de certificaciones de parte del Ministerio de Gobernación y otras entidades y de su exclusión de un fondo estatal destinado a la educación superior.
El líder estudiantil Lesther Alemán, exalumno de la UCA y quien encaró a Ortega en el primer diálogo nacional en 2018, calificó de “desquiciados” a los gobernantes sandinistas por haber clausurado “un centro académico de suma importancia”.
Amnistía Internacional protestó a través de un tuit de Erika Guevara Rosas, quien expresó su solidaridad ante lo que calificó de “otra arremetida contra los derechos humanos en Nicaragua”.
“Con esta confiscación Ortega pone una lápida al libre pensamiento en Nicaragua”, dijo por su parte la abogada María Asunción Moreno, que fue catedrática de la UCA durante más de dos décadas hasta su exilio en 2021.
Con información de AP y Efe