Sin la hija del dictador Ríos Montt ni la ex fiscal general: la justicia reduce los candidatos para las elecciones de Guatemala
CIUDAD DE GUATEMALA. - Las elecciones generales del próximo 16 de junio en Guatemala pasan en buena medida por las cortes. Las tres principales contendientes enfrentan obstáculos judiciales y dos de ellas ya han quedado en la práctica separadas del proceso electoral por decisión de la Corte de Constitucionalidad (CC), el máximo tribunal en materia constitucional.
Las aspirantes fuera del proceso electoral son: Zury Ríos, del partido Valor, hija del gobernante de facto, Efraín Ríos Montt, separada del proceso electoral por una prohibición constitucional que impide a los hijos de golpistas aspirar a la presidencia; y Thelma Aldana, exfiscal general, y candidata del Movimiento Semilla, quien había apelado ante la CC un amparo denegado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para poder participar en las elecciones a pesar una denuncia por corrupción en su contra.
La tercera aspirante en discordia, Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), enfrenta una denuncia por financiamiento ilícito de su anterior campaña. Sin embargo, su antejuicio fue denegado por la CSJ y será la CC quien decida este jueves si mantiene la resolución. Torres lidera las encuestas a la presidencia y aunque tuviera una resolución desfavorable su inscripción debería ser removida por el Tribunal Supremo Electoral, una posibilidad remota a un mes de las elecciones.
En la resolución de la CC también se impidió la inscripción como candidato del aspirante a la presidencia Mauricio Radford, del partido Fuerza, una agrupación minoritaria, por un proceso penal abierto en su contra sin resolver.
Incertidumbre electoral
Mientras este miércoles se conocía que los magistrados de la CC se reunían para conocer el caso de Aldana, la aspirante a la presidencia se dirigía, desde El Salvador, a Miami, Florida, para una entrevista.
Al enterarse de la resolución Aldana indicó en sus redes sociales: "Ha quedado en evidencia que la lucha contra la corrupción y las estructuras criminales en nuestro país tiene un costo muy alto para quien, como yo, se decide a hacerlo. Hoy ha decidido la Corte de Constitucionalidad que no participe en este proceso electoral y nuestro país fue empujado a un precipicio".
Aldana se encontraba en El Salvador luego de que se girará una orden de captura en su contra. Una investigación expedita durante la istración de su sucesora en el cargo, la fiscal general Consuelo Porras, motivó esta orden decaptura por una presunta plaza fantasma autorizada durante la istración de la exfiscal.
La presidenciable de Semilla ha argumentado que la investigación en su contra fue realizada para imposibilitar su participación en estos comicios. Aldana ha señalado al actual presidente, Jimmy Morales, contra quien dirigió dos antejuicios que fueron rechazados por el Congreso, de ser el líder del 'pacto de corruptos',una presunta alianza entre políticos, empresarios y militares procesados en la lucha contra la corrupción.
Estos señalamientos han sido rechazados por la Presidencia y el ministro de Gobernanción, Enrique Degenhart, ha indicado que la orden de captura se encuentra vigente y será ejecutada si Aldana regresa a Guatemala.
Por su parte, la negativa a la inscripción de Zury Ríos, resuelta el pasado martes por la CC, obedece a la prohibición constitucional del artículo 186, establecida en la Constitución de 1986 durante el retorno a la democracia, para que los hijos de gobernantes de facto no puedan aspirar a la Presidencia. La candidata de Valor es hija del general Efraín Ríos Montt, gobernante de factode Guatemala entre 1982 y 1983, condenado por genocidio en 2013 por una corte guatemalteca y cuya sentencia fue revocada por la CC. Ríos Montt falleció en 2018.
Pese a la prohibición constitucional, Zury Ríos participó en las elecciones del 2015 por un amparo provisional otorgado por la CSJ y que no fue resuelto por la CC antes de que se celebran estos comicios. Ríos solicitó este miércoles medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para poder participar en estas elecciones durante una visita al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.
El tablero
A criterio del analista político José Carlos Sanabria, las resoluciones de la CC han venido a reducir la incertidumbre electoral que giraba en torno a varios de los principales candidatos, luego de que durante meses se discutiera la posible salida de la contienda electoral. "Estas resoluciones abren la puerta a una elección donde casi la mayoría de los candidatos tiene opciones. De llegar no solo a segunda vuelta electoral (que podría celebrarse el 11 de agosto) si no también de ganar, en estos momentos tenemos un segundo lugar vacío", aseguró Sanabria.
En el actual proceso electoral, una veintena de candidatos se han postulado, aunque una decena de ellos no alcanza el 1% de intención de voto en las distintas encuestas. En el denominado "pelotón" de entre cuatro y cinco candidatos que seguían a las tres punteras, sin embargo, las posibilidades se amplían, señala Sanabria.
Para el politólogo Ricardo Barreno, del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos, Incep, la preponderancia del sistema judicial en estas elecciones tiene dos vertientes.
Por un lado, desde las investigaciones contra corrupción en 2015, abanderadas por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, Cicig, y el Ministerio Público, el sistema de justicia ha contribuido a depurar a una parte de la clase política, con decenas de figuras políticas procesadas entre diputados, ministros, presidentes y expresidentes, pero por otra parte la autonomía del sistema judicial aún es limitada.
"El sistema judicial continúa comprometido por decisiones políticas que dependen mucho de los momentos políticos”, resalta Barreno. Uno de estos engranajes es la supeditación de la Corte Suprema de Justicia a una elección por parte del Congreso, recuerda el politólogo. De hecho, la actual CSJ, entre cuyos integrantes algunos podrían buscar la reelección, será elegida este año poco después de los comicios generales, lo cual podría plantear un conflicto de intereses.
Esta misma debilidad del sistema de justicia, apunta Barreno, hace que a pesarde la depuración de candidatos, otras decisiones judiciales como el retiro o no de antejuicios a figuras políticas reciba el cuestionamiento de ser una decisión política. En este caso una de las favorecidas es la presidenciable de la UNE, Sandra Torres, coinciden en señalar los analistas; ya que las solicitudes en su contra nohan prosperado y dicho partido tiene una importante posición en el Congreso.
Sin embargo, de cara a las elecciones, Torres aún no tiene nada asegurado. Aunque lidera las encuestas, las proyecciones no le dan una victoria en primera vuelta, por lo que podría enfrentar una segunda ronda electoral. En esta segunda etapa, tendría que superar un antivoto que algunos sondeos ubican en un 50% de los votantes.
