Inmigrantes menores no acompañados: las causas de la crisis no han desaparecido
En abril de 2001 los temas que más preocupaban a los pobladores en ambos lados de la frontera entre Estados Unidos y México, según una encuesta de la Universidad de Tamaulipas y del Instituto de Política Tomás Rivera de la Universidad del Sur de California, eran economía, seguridad y problemas de carácter social como la salud y la educación.
Quince años más tarde las tendencias no han experimentado grandes cambios, quizás porque los habitantes de la enorme franja fronteriza (con 1,951 millas de extensión) siguen viéndose como una sola comunidad y no como grupos distintos que viven en un mismo territorio separado por una valla, un río o una simple línea imaginaria que en algunos puntos divide a los dos países.
Así lo revela una nueva encuesta de Univision, el Dallas Morning News y el Cronkite News de la Universidad de Arizona, que recoge las opiniones de estadounidenses y mexicanos en 14 ciudades ubicadas a lo largo de la división entre ambos países que cubren cuatro estados de Estados Unidos –California, Nuevo México, Arizona y Texas– y seis estados de México –Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
Algo ha cambiado mucho, sin embargo, en los últimos años: la naturaleza y el camino de los flujos migratorios de personas no autorizadas a ingresar a Estados Unidos. De los grandes flujos de mexicanos que miraban hacia el norte en busca de mejores oportunidades laborales y que cruzaban en hordas por la frontera suroeste, la migración indocumentada se ha ido extendiendo hacia el sur, donde está la ruta más corta para los centroamericanos que huyen también en bandadas de la violencia y la pobreza en sus países de origen.
Crisis humanitaria
Esa nueva oleada migratoria tuvo su eclosión en el año 2014, cuando la Patrulla Fronteriza detuvo en un tramo de la frontera de Texas a 68,541 niños migrantes mientras intentaban entrar sin documentos al país, la mayoría de ellos (por encima del 75%) de origen centroamericano (Guatemala, El Salvador y Honduras). El problema quebró la capacidad de respuesta de la istración de Barack Obama y el propio gobierno habló de la existencia de una “crisis humanitaria”.
La gran mayoría de los menores detenidos fueron liberados –algunos de inmediato, otros después de pasar por albergues oficiales y ser reubicados con con sus propias familias o en hogares de paso. Unos pocos permanecen en centros de detención de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés). Ambos grupos quedaron a disposición de los jueces de de inmigración, quienes decidirán su futuro en el país.
El problema es que las causas que generaron el limbro migratorio de miles de menores no acompañados –y de una cantidad similar de menores acompañados por al menos uno de sus padres– no han desaparecido. En el año fiscal 2015 la cifra de menores aprehendidos bajó a 39,970, pero en los ocho primeros meses del año fiscal 2016 los agentes federales han arrestado ya a una cifra similar: 38,566. Y falta todo el verano.
“Los números de guatemaltecos, hondureños y salvadoreños que están huyendo han sido altos y siguen altos. La oleada no se ha detenido desde que comenzó en 2013”, dijo a Univision Noticias Elizabeth Kennedy, profesora e investigadora de Universidad Estatal de San Diego y de la Universidad de California en Santa Bárbara, California. Kennedy fue una de las autoras de un informe realizado en 2013 por ACNUR –la agencia de refugiados de Naciones Unidas– para advertir al gobierno estadounidense sobre la venidera crisis.
Al detallar qué originó la huida Kennedy dijo que “son muchos los factores, muchos temen por sus vidas y no pueden encontrar protección en sus países de origen”. Citó la violencia de las pandillas, la ola de criminalidad en los países del Triángulo Norte causada por el narcotráfico, la pobreza, la violencia doméstica y la corrupción.
Futuro incierto
La investigadora señala que los índices de criminalidad aumentaron en El Salvador en el último año y estima que en diciembre “terminará con una taza de homicidio superior a los 100 asesinatos por cada 100,000 habitantes”, dato que presagia un mal escenario para la frontera sur de Estados Unidos.
Kennedy también citó informes de ACNUR relacionados con las mujeres en fuga, y señaló que casi el 70% de las migrantes que huyen hacia Estados Unidos en busca de refugio primero acudieron a las autoridades de sus países pero no recibieron respuesta.
“Otro 10% de las migrantes denunció abusos por parte de los agentes del Estado (policías y militares)”, añadió. “Entonces lo que tenemos es una crisis humanitaria de refugiados y los gobiernos de Estados Unidos y México siguen respondiendo que se trata de una crisis de seguridad. Mientras no cambien la respuesta la ola va a seguir en la frontera con México”.
Para la abogada Bárbara Hines, Senior Fellow del Emerson Collective en Texas, la verdadera crisis migratoria “es allá (en Centroamérica) y no acá (en Estados Unidos). Las personas siguen viniendo por la inseguridad que viven en sus naciones. Las deportaciones no van a parar la ola pero si sirven para generar más miedo en la comunidad inmigrante”.
“Es triste ver cómo las mujeres que atiendo en el centro de detención familiar de Karnes City (bajo el control de la Oficina de Inmigración y Aduanas –ICE-) están tan asustadas por la violencia que van vivido en sus países y aquí los encarcelan”, indicó. Dijo que en muchos casos el trato es “inhumano”.
Herencia impredecible
Por ahora nada indica que la migración al norte llegará a su fin y cuándo. “No ha disminuido, no está disminuyendo y no creo que vaya a disminuir”, dijo a Univision Noticias Lilia Velásquez, profesora adjunta de la facultad de leyes de la Universidad de California en San Diego y abogada de varios migrantes que llegaron al país en busca de asilo.
“Las causas que generaron la ola permanecen”, agregó. “El crimen, la violencia y el reclutamiento de menores de edad para que se unan al crimen organizado son la causas principales”. Y señaló que “es importante tomar en cuenta que las deportaciones de centroamericanos con antecedentes penales en Estados Unidos sigue, lo cual incrementa el crimen y la violencia en el Triángulo Norte, ya que los deportados no logran incorporarse a la sociedad”.
Hines apunta que “a la frontera siguen llegando niños y mujeres que huyen de sus países en busca de refugio”. Y el gobierno de Obama, en vez de brindarles una solución humanitaria, “gasta miles de dólares en cárceles familiares, redadas y deportaciones para detener una ola que no se frena”.
Dañó colateral
Mientras en Centroamérica la crisis continúa, en Estados Unidos el sistema de justicia migratoria ha estado a punto de colapsar. Según datos del Departamento de Justicia solicitados por Univision Noticias, las cortes de migración solo han completado 51,723 casos de menores solos o acompañados de los 110,962 que les han sido presentados (casi siempre por ICE).
El 61.8% de esos casos han terminado con una orden de deportación, casi siempre por falta de representación legal. Según los datos del Departamento de Justicia, solo 22,548 de los menores involucrados en los casos finalizados contó con la ayuda de un abogado..
La Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA, por sus siglas en inglés), ha dicho que más del 93% de los casos donde no hay una representación legal adecuada los jueces emiten una orden de deportación. También resalta que cientos no se presentaron a los tribunales y recibieron órdenes de deportación en ausencia.
Parte de la solución, dice la profesora Lilia Velásquez, “es aumentar los abogados de inmigración que puedan tomar estos casos gratuitamente (pro bono), pero la distancia de los centros de detención es un factor que no ayuda en este aspecto”.
A finales de junio un juez federal de Seattle, Washington, aprobó convertir en colectiva una demanda que tiene como objetivo definir si menores migrantes indocumentados pobres tienen derecho a un abogado de oficio durante las audiencias de deportación. La decisión final, sin embargo, está en manos de una Corte de Apelaciones porque el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés) apeló un dictamen preliminar de la corte de Seattle cuando dio curso a la demanda interpuesta en 2014 por la Unión de Libertades Civiles (ACLU, por su sigla en inglés) y organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes.
Hines insiste en que “se trata de personas que huyen para salvar sus vidas”, y que este grupo de migrantes “no debería ser una prioridad de deportación para el DHS”, tal y como el gobierno lo dispuso en un memorando interno fechado el 20 de noviembre de 2014.
Lo cierto es que las deportaciones no han sido suficientemente disuasorias. Es más, no son pocos los deportados que vuelven a intentar su periplo hacia Estados Unidos. Mientras no se encuentre un remedio para la crisis en Centroamérica, los flujos migratorios seguirán impactando la frontera sur y alimentando las posiciones xenófobas que insisten en que la única manera de detener la migración indocumentada es con la construcción de un muro.