Gobierno de Peña Nieto, el más letal para los defensores del ambiente en México
CIUDAD DE MÉXICO.- El tiempo que va de la istración del presidente Enrique Peña Nieto en México ha sido registrado como el lapso más mortífero para defensores del medio ambiente en el país, en especial por el año 2017, en el que se ocho de ellos fueron asesinados en los primeros cinco meses del año.
Una investigación de la organización internacional Global Witness, documentó 33 asesinatos de defensores entre 2010 y 2015. La cifra incrementó considerablemente entre 2016 y 2017, con 11 asesinatos. Es por esto que México es considerado como uno de los países más peligrosos del mundo para estos activistas.
Este tipo de crímenes, señala Global Witness en un informe publicado esta semana, aumentaron desde que el presidente Felipe Calderón (2006-2012) declaró la guerra contra el narcotráfico y los índices de violencia se dispararon, así como la impunidad en la que permanecen los ataques.
De acuerdo con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), de 2015 a 2016 se registraron 63 casos de agresión a personas defensoras de los derechos ambientales en 18 estados de los 32 que tiene México. Cemda también señala que este incremento de agresiones comenzó desde la istración del expresidente Felipe Calderón, pues según un recuento realizado de 2010 a 2016 se han registrado 303 casos de agresiones.
De los 63 casos mencionados, ocurridos de julio 2015 a junio 2016 los estados donde se registraron las agresiones fueron: Estado de México y Sonora con 12 casos cada uno; Oaxaca con seis casos; Puebla con cinco casos; Colima y Campeche con cuatro casos; Veracruz y Chiapas con tres casos; Quintana Roo, Jalisco, Guanajuato y Baja California Sur con dos casos y; Yucatán, Morelos, Michoacán, Guerrero, Chihuahua y Ciudad de México con un solo caso.
Según reportes de la Red Nacional de Organismos de derechos Humanos Todos los Derechos para Todos, logró documentar en México 302 agresiones contra defensores del ambiente, que van desde amenazas hasta ejecuciones extrajudiciales, entre 2012 y 2016.
Según el reporte, “entre junio de 2016 y mayo de 2017 se registraron 11 ejecuciones extrajudiciales de defensores de la tierra. Un caso representativo es el de Juchitán, Oaxaca, donde diversos colectivos han sido agredidos físicamente y amenazados por denunciar las fallas y violaciones a la consulta indígena que el gobierno ha llevado a cabo para la instalación de parques eólicos en zonas de importancia para los pueblos indígenas de la región.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ubica a Chihuahua, Guerrero y Oaxaca como los estados mexicanos más peligrosos para los defensores desde 2011.
El documento de Global Witness señala que entre los proyectos económicos que mayor impacto social han causado en las comunidades indígenas y rurales en México destacan los relacionados con minería, con la generación de energía (hidroeléctricas, eólicas, gasoductos y minería de carbón), así como de infraestructura y turísticos.
Más de 200 asesinatos en el mundo en 2016
En 2016, 200 ambientalistas fueron asesinados por políticos, empresarios y criminales que buscaban silenciar su lucha por un ambiente sano. De acuerdo con al último reporte mundial de la organización Global Witness, el 60% de ellos falleció en América Latina; Brasil, Colombia y Honduras registraron cifras récord. El 40% de víctimas eran de grupos indígenas; tres de ellos estaban en México.
En 2016 hubo un incremento de 10% en el número de víctimas respecto a 2015, convirtiéndose en el año con más activistas fallecidos registrado hasta ahora, en un mayor número de países. En 2015 las muertes se registraron en 16 países, pero para el 2016 la cantidad de país aumentó a 24, es decir, 8 naciones más se incorporaron a esta 'lista roja'.
Quienes fueron asesinados luchaban contra la minería y extracción petrolera (en 33 de los casos), la explotación forestal (23 asesinatos), la agroindustria (23 muertes), la cacería ilegal (18 fallecidos) y al mal uso de agua o construcción de represas hidroeléctricas (7 casos).
Los responsables identificados o sospechosos de sus muertes son mayoritariamente grupos paramilitares (en 35 casos) y la policía (otros 33). También se cuenta entre victimarios a “terratenientes, guardias de seguridad privada, cazadores furtivos, colonos, madereros, sicarios y representantes empresariales”.
Aunque el reporte mundial de 2017 no está aún finalizado ni ha sido difundido, la cantidad de personas asesinadas sumaba 153 para octubre, lo que significa que el 2017 estaba en camino de ser el año más mortífero jamás registrado, adelantó The Guardian, quien realiza el recuento de la mano de Global Witness.
