Tribunal muestra las graves fallas de la investigación del caso Ayotzinapa: lentitud, parcialidad y torturas
Un tribunal federal de México ordenó este lunes realizar una nueva investigación sobre la desaparición de 43 estudiantes en 2014 en el sur del país, a través de la creación de una comisión independiente, debido a serias fallas detectadas en las pesquisas de la fiscalía como lentitud, falta de independencia y violaciones a los derechos humanos mediante la tortura.
Basándose en argumentos presentados por la defensa del 'Caso Ayotzinapa' según la cual el proceso fue manipulado por el Estado para que concuerde con la versión oficial, el Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas ordenó la creación de una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia que estará integrada por representantes de las víctimas, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y del Ministerio Público Federal.
"(La investigación) no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial por parte de la Procuraduría General de la República (PGR)" como lo exigen protocolos internacionales de la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a los que México está suscrito, dijo el Poder Judicial.
"Se determinó que hay indicios suficientes para presumir que las confesiones e imputaciones en contra de coinculpados fueron obtenidas mediante tortura", agregó la institución.
La decisión considera que las víctimas y la CNDH sean los que decidan las líneas de investigación, las pruebas a presentar y validen la incorporación de más organizaciones de derechos humanos, nacionales e internacionales.
“ No se aprecia que se hayan explorado siquiera las líneas de investigación que apuntaban a la participación del personal del Ejército mexicano y la Policía Federal”, según el tribunal.
“Y encima de ello, tampoco aparece que se hayan investigado los actos de tortura, lo que conlleva que igualmente no se ha indagado al personal a quien se atribuyen tales actos, entre ellos, a los integrantes de la Secretaría de la Marina Armada de México”, agrega la decisión judicial.
La Procuraduría General de la República respondió en un comunicado la noche del lunes que discrepaba de la decisión judicial y que las acusaciones de tortura se estaban investigando.
Representantes de las familias de los estudiantes desaparecidos celebraron la decisión del tribunal y dijeron en un comunicado que la analizarán en los próximos días.
Miguel Agustín Pro, representante del Centro de Derechos Humanos en este caso, dijo que la resolución del tribunal federal "viene a confirmar que la verdad en el caso Ayotzinapa no está dicha, que el paradero de las víctimas no está esclarecido y que el actual Gobierno Federal incurrió en múltiples irregularidades durante la investigación".
El 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de una escuela normal desaparecieron en la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, al sur del país. La PGR había dicho que la policía local entregó a los estudiantes a de una banda de narcotraficantes con la que estaba coludida.
Pocos meses después de las desapariciones, el titular de la PGR en aquel entonces dijo que los investigadores habían encontrado la “verdad histórica” de lo sucedido: que los estudiantes fueron asesinados y sus cadáveres incinerados en un vertedero de basura en las afueras de Iguala. Sin embargo, las investigaciones posteriores de expertos externos pusieron en entredicho tal versión.
La desaparición de los estudiantes del magisterio indignó a la opinión pública en México, golpeó al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y dejó al desnudo relaciones entre autoridades y organizaciones delictivas que operan en el país.
