Callao, la ciudad peruana en alerta por la delincuencia

Todas las noches da un par de vueltas antes de guardar el auto en la cochera. Cuando por fin lo hace, teme que le roben el computador portátil que lleva en la mochila mientras camina la distancia de una cuadra antes de llegar a su casa. Esta es la rutina de Alán Cuba, un comunicador que vive en la Perla Alta, zona que él describe como medianamente segura. Pero su vecindario se encuentra en El Callao, una ciudad que lleva desde diciembre en estado de emergencia por la alta delincuencia.

Esta situación de excepción se acabaría este sábado 15 de octubre, pero las implicancias de esta medida son dispares en la ciudad. En el hogar de Cuba, él ha visto un patrullaje minucioso e incluso algo que en Perú parece de película: dos policías tocando la puerta para consultar a las familia del perímetro si se sienten seguras y si están conformes con el trabajo policial.

La suerte del comunicador, quien aún así toma sus precauciones, es opuesta en peligrosidad a la que atraviesan vecinos que viven en zonas rojas como Loreto, Gambetta, San Judas o los barrios que colindan con la zona de los terminales marítimos. El único intento por conversar con alguien de allí se frustró cuando el o, que pidió permanecer anónimo, contó que a un compañero que habló le incendiaron la casa. “A los chalacos [nativos de Callao] no les gustan los soplones”, dijo más de una persona consultada para este reportaje.

Diez meses atrás el elevado número de homicidios a manos de sicarios, pero en particular la sanguinaria muerte del ex criminal Wilbur Castillo, gatilló el estado de emergencia el 4 de diciembre.

La suspensión de derechos constitucionales y el traslado de un contingente policial fuertemente armado era la respuesta a una inseguridad desbordada. A solo dos días de la muerte de Castillo, el presidente Ollanta Humala emitió un decreto que colocaba a la provincia en estado de excepción. Desde ese momento los agentes policiales podrían detener e inspeccionar el domicilio de cualquier chalaco sin orden judicial.

Un centro histórico de muertes por encargo

De las treinta balas que los asesinos de Wilbur Castillo descargaron contra él, veintiocho hirieron gravemente su cuerpo. El ajuste de cuentas contra ‘El Feroz’, como lo apodaron en los noventa cuando lideró varias bandas de extorsión y secuestro, tuvo su origen en las colaboraciones ofrecidas tanto al gobierno regional de Alex Koury, como a algunas gestiones municipales durante la década de 2000.

De acuerdo a los reportes policiales, el homicidio de Castillo era uno de los 110 registrados con arma de fuego y uno de los 40 a manos de sicarios. Para ese entonces, el aumento de asesinatos por encargo se había incrementado, según un informe de la Región Policial del Callao, de esta forma: mientras en 2013, 1 de cada 7 homicidios por arma de fuego era un caso de sicariato, para 2014 esta proporción se convirtió a uno de cada cuatro, y en el 2015 llegó a uno de cada tres. La situación era incontenible.

La modalidad de ataque contra Castillo se ha vuelto conocida entre los vecinos. En efecto, todos los vecinos entrevistados para este informe confirman la ocurrencia de al menos un ataque de sicarios a tres o cuatro cuadras de sus hogares. “Dos semanas después de la muerte de Wilbur, mataron a un chico en el patio de comidas de Jirón Callao”, asegura Cuba. La emboscada contra Castillo se produjo a tres cuadras de su casa.

De un estado de emergencia a uno de regla
El estado de emergencia debería haber durado hasta el 18 de enero, pero ya se ha extendido seis veces, con periodos de 45 y 60 días. La policía ha justificado esto diciendo que es necesario más tiempo “para cumplir con los objetivos y metas”. Sin embargo, el hermetismo policial no ha permitido conocer los indicadores, ni la distancia entre las cifras de productividad y lo que representaría un trabajo exitoso.

El Ministerio del Interior facilitó algunas cifras que reflejan un impacto inicial mucho más contundente a comparación de los subsecuentes periodos, sobre todo contra la logística empleada por el crimen.

De acuerdo a las autoridades, solo en el primer periodo, entre el 4 de diciembre de 2015 y el 17 de enero de 2016, se incautaron 382 armas de fuego, 1,256 municiones y 307,030 kilos de droga. Para el segundo periodo del estado de emergencia, del 18 de enero al 2 de marzo, estas cifras descendieron abruptamente y se mantuvieron bajas de allí para adelante. En efecto, a partir de enero las armas incautadas no superarían las 60, al igual que los kilos de droga.

En agosto de este año, mes en que se renovó por última vez el estado de emergencia, la Policía detuvo a 4,375 personas, de las cuales 1,450 tenía orden de captura vigente. Pese a ello, los homicidios con arma de fuego continuaron. Entre enero y agosto del 2016, el número de asesinatos de este tipo llegó a 53, mientras que en el mismo periodo en el 2015 los homicidios sumaron 73.

¿Qué indican estos resultados? Para Arturo Huaytalla, miembro del equipo de Seguridad del Instituto de Defensa Legal (IDL), las cifras solo responden a una inyección de recursos con los que no se suelen contar en la provincia. “En el caso del Callao el conflicto es del narcotráfico, entonces inyectar policías disminuye indicadores que digamos pueden ser exitosos, pero no resuelve el problema de fondo, porque en este caso también hay crimen organizado preñado con política”. Huaytalla se refiere a las pugnas por el control de las drogas en el puerto y el control de las obras entre bandos de construcción civil.

“Estas bandas empiezan a introducir en pequeños territorios economías criminales, entonces si yo soy uno de ellos en la medida en la que me pongan trabas para funcionar, en este caso policías, me voy a detener”, explica Wilson Hernández, profesor investigador de la Universidad de Lima. “Pero mi vida depende de eso, entonces el día en que ellos se vayan yo voy a regresar y con más fuerza para tratar de recuperar lo perdido. No me voy a cambiar de lo ilícito a lo lícito simplemente porque tengo a unos policías dando vueltas”.

Para Hernández el aplazamiento del estado de emergencia tiene que ver con la falta de un plan de salida, así de simple. Su razonamiento va en línea con la reflexión que hace Ignacio Cano, el coordinador del Laboratorio de Análisis de la Violencia de la Universidad del Estado de Río de Janeiro , en entrevista con CityLab .

“El estado de excepción por su propio nombre es un estado de excepción, pero si este se prorroga en varias oportunidades no es más un estado de excepción, sino uno de regla. Muchas veces la prolongación muestra primero la ineficacia de la propia medida en primer lugar y en segundo lugar que no hay una estrategia consolidada para enfrentar el problema”, asegura.

La ineficiencia de un recurso como este, pero sobre todo el refuerzo de la idea “de que el trabajo de la policía se vuelve eficiente cuando no tiene muchos límites legales”, es la principal preocupación de Ignacio Cano. Su investigación sobre posibles ejecuciones extrajudiciales a manos de la Policía Nacional Civil y las Fuerzas Armadas de El Salvador, uno de los escenarios más violentos de lucha contra la delincuencia en el continente, lo lleva a dar tal advertencia.

“Desgraciadamente mucha gente piensa, y no solamente en América Latina, pero también en América Latina, que la policía sería mucho más eficiente si no tuviera muchos límites legales”. Sin embargo, aceptar eso implicaría tolerar un estado sin derechos, ni garantías, resalta.

Sin registro de abuso

El escenario en el Callao no se acerca en lo más mínimo al que puedan atravesar los barrios más violentos de Venezuela, Brasil o países centroamericanos como El Salvador. “En Río hay áreas donde la policía no entra y cuando entra, entra a tiros. Hay digamos un quinto de la población que vive en zonas dominadas por grupos criminales a veces compuestos por los propios policías o por narcotraficantes”. El ingreso de agentes, en palabras del experto, es similar al ingreso del ejército israelí en la Franja de Gaza, “es decir, entran en territorio enemigo, esperan ser tratados como tal y tratar a las personas en función de eso”.

Es así que el uso excesivo de la fuerza, sumado al alto grado de impunidad en las intervenciones policiales ha convertido a la policía brasileña en una amenaza y no más un elemento de protección y garantía de la seguridad, advierte Cano.

La situación descrita por el sociólogo no es aún el caso peruano, aunque para sus residentes se vaya por ese camino. Mientras tanto, ni Inspectoría de la Policía, ni Defensoría del Pueblo han registrado abuso policial alguno durante la aplicación del Estado de Emergencia. Eso sí, Defensoría no descarta la existencia de este abuso en un estado en el que se han levantado derechos que garantizan la libertad y seguridad de la persona, como la inviolabilidad del domicilio.

“Hay gente o ciudadanos que deciden no denunciar porque creen que es una pérdida de tiempo, tienen miedo a represalias, algunos tienen un pasado delictivo que hace que teman que efectivamente se les crea. Así que concretamente no descartamos que exista irregularidad”, asegura Delcy Heredia, jefa de la oficina Defensorial del Callao.

Pero, para Ignacio Cano, las zonas de alta peligrosidad suelen tener este tipo de problemas. “Cuanto más intimidada está la ciudadanía, cuanto más desequilibrada es la relación entre la policía y la ciudadanía, menos se registran los abusos”. Para el experto, se tendría que realizar “una encuesta de victimización, preguntarle de forma anónima a las personas para ver cuál ha sido su experiencia con la policía”. Solo de esa manera nos podríamos acercar a alguna respuesta.

Para el crimen, aquí no pasó nada
Alberto y Manuel son dos chalacos criados en el corazón de los barrios más peligrosos del Callao. El primero vive en Ciudad del Pescador y el segundo en Loreto. Ambos coinciden que el estado de emergencia no ha tenido un impacto real en la inseguridad.

“En el Callao no ha pasado nada, todo sigue igual”, confiesa Manuel mientras conduce su taxi por Vigil, otra zona peligrosa del puerto. El patrullaje, intenso al inicio, ha disminuido. Alberto revela lo mismo, desde la intimidad de una habitación que alquila. “Nadie (ningún policía) se mete tres o cuatro cuadras abajo, en los callejones o en los pasajes”.

Hace ocho meses Alberto dejó una zona aún más peligrosa, la casa de sus padres se ubica en la Urbanización Primavera, entre los barrios Santa Marina, Constanzo y Centenario. “Para llegar debo pasar por personas que ya no me recuerdan” y eso lo pone en peligro. La comodidad de ser conocido aún juega a favor de Manuel quien dice sentir preocupación cuando no escucha balaceras. “No estoy tranquilo hasta que oiga balas, porque así sé que lo peor ya pasó y que además llegará la policía para investigar durante unos días”.

Los dos jóvenes, que no sobrepasan los treinta años, aseguran que una vez levantado el estado de excepción aquellos que manejan “los negocios” volverán. “Todo seguirá como antes o tal vez sea peor”, indica Manuel.

En todo caso, el 15 de octubre vence el sexto plazo del estado de emergencia. De acuerdo al presidente Pedro Pablo Kuczynski, ese será de una vez por todas el último día en que se acate el estado de excepción. “Los estados de emergencia son para verdaderas emergencias. Nosotros lo prolongamos un tiempo más y yo creo que ahí concluye, a menos que haya una nueva emergencia”, aseguró el mandatario el martes desde Palacio.

Por su parte, el especialista Wilson Hernández considera que un estado de excepción tan prolongado requiere un plan de salida cauteloso. “Si yo saco los antibióticos mal aplicados la enfermedad regresa y el estado de emergencia es un antibiótico prolongado y mal aplicado”.

Para el experto, el plan de salida debe contar con dos niveles: “uno de inteligencia donde puedes infiltrar gente y hacer trabajo para grupos concretos y el otro a nivel de vigilancia general ciudadana, que la hace la policía sin la preparación de inteligencia”. Según Hernández, a esto se debe incorporar el patrullaje siguiendo dos estrategias, la planificada y la aleatoria.

“El primero es tener un patrón claro para poder vigilar los hot spots, es decir, yo vigilo los puntos más calientes y más complicados. Y la aleatoria es el complemento para tratar de cubrir esos espacios que no son siempre muy patrullados, a donde finalmente el delincuentes puede haberse desplazado y que te generan esa sensación de tranquilidad”, explica.

Pero la gestión de la seguridad no se resume en trabajar únicamente tácticas, falta trabajo de planificación, pero sobre todo visión. Para el economista, el plan que acate el Callao debe responder a la pregunta: “¿Cómo hacemos para que el punto de discusión no sea la violencia sino la convivencia? Todo aterriza en una palabra: ciudad”.

Para Hernández el trabajo entorno a la seguridad debería “ tratar cuestiones de transporte, de espacios públicos, de seguridad en las calles, de programas para recuperar turistas interdistritales y hacer que todo esto funcione bien”.

¿Qué es un trabajo de largo aliento y requiere presupuesto? Por supuesto ¿Qué tiene probabilidades de ser efectivo? Así parece. Basta ver los casos de ciudades como Calí, en Colombia, y Curitiba, en Brasil, recomienda el profesor de la Universidad de Lima. “Entonces en la medida de que nosotros entendamos esto no solo vamos a hablar del ministerio del Interior, sino también del ministerio de Inclusión Social, del ministerio de Transporte y comunicaciones, del Mincetur; y cómo empezamos a ver la ciudad como un pequeño laboratorio que produce cuestiones malas o cuestiones buenas, y donde todo se trata finalmente de un equilibrio”.

Tal vez esta sea la fórmula para pasar “de ser una ciudad complicada a ser una ciudad integrada”, reflexiona el especialista. Una estrategia que combata la violencia sin violencia.