Ex director del Censo: hacer una pregunta sobre la ciudadanía es "un gran riesgo"
El próximo mes será la primera prueba de la Oficina del Censo bajo la istración de Trump. Para finales de marzo, la oficina debe presentar al Congreso su lista formal de preguntas para el Censo 2020. Hay un tema en particular que llama mucho la atención: en diciembre, el Departamento de Justicia solicitó la adición de una polémica pregunta de ciudadanía.
El Departamento de Justicia explicó que, para aplicar plenamente la Ley de Derecho al Voto, "el Departamento necesita un cálculo confiable de la población de ciudadanos en edad de votar en las localidades donde se alegan o sospechan violaciones de los derechos de voto".
Esa petición alarmó a muchos observadores del Censo, quienes ya estaban ansiosos por el destino del gran recuento decenal bajo la istración Trump. Actualmente, la Oficina del Censo no tiene ni un director, ni un subdirector; el otoño pasado, la Casa Blanca mencionó un nombre para subdirector, cargo que no requiere la confirmación del Senado (pero que actuaría como director interino). Ese candidato se retiró de la consideración el mes pasado tras las críticas a su falta de experiencia istrativa y opiniones algo provocativas sobre la democracia.
Al hablar con CityLab después de que pronunciara un discurso en un evento el martes por la mañana, el exdirector de la oficina, John Thompson, explicó por qué creía que agregar la pregunta de la ciudadanía podría socavar el conteo.
"Hay grandes riesgos de que incluir esa pregunta, particularmente en la ambiente en el que nos encontramos hoy, que genere un subconteo no solo de poblaciones de no ciudadanos, sino también de otras poblaciones que están preocupadas por lo que podría sucederles", dijo Thompson. "Ése es un riesgo enorme".
Thompson, quien dejó su cargo en la oficina en mayo pasado, dice que el Censo 2020 enfrenta dos amenazas importantes, que podrían llegar a un punto crítico el próximo mes. La primera es la pregunta de la ciudadanía, la cual ha suscitado la condena generalizada de los líderes. En enero, la Conferencia de Liderazgo sobre Derechos Civiles y Humanos y otras 170 organizaciones enviaron una carta a Wilbur Ross, el secretario del Departamento de Comercio de Estados Unidos (que dirige la oficina), instándolo a rechazar la petición del Departamento de Justicia. Más de 160 alcaldes le enviaron un aviso similar a principios de este mes.
"La preocupación es que provocará gran temor entre ciertas poblaciones de que estos datos se utilicen para fines inapropiados", dijo Thompson. "La [Oficina] del Censo tiene un trabajo muy, muy difícil para convencer a todos de dos cosas: una es la razón por la que es importante que contar a la gente. El otro mensaje que es realmente importante es que el censo es confidencial. La [Oficina] del Censo no le da los datos a nadie".
Además de la pregunta de la ciudadanía, que no ha sido probada en un entorno censal desde 1950, la falta de fondos también podría llevar a una subestimación drástica entre ciertas poblaciones, concretamente, las minorías, las familias vulnerables y las comunidades en situación de riesgo. Estos recuentos son fundamentales para decidir la representación en el Congreso y los niveles de financiación para policías y la educación pública, entre otras cosas.
Thompson ahora se desempeña como director ejecutivo del Consejo de Organizaciones Profesionales sobre Estadísticas Federales, una organización sin fines de lucro dedicada a preservar y expandir el uso de datos por las recopilaciones estadísticas federales. Se estaba presentando en un evento en Washington DC, organizado por el Centro para la Innovación de Datos, donde habló sobre la iniciativa de la oficina para la automatización y las prioridades bajo el presupuesto federal. Criticó el intento del Departamento de Justicia para agregar una pregunta de ciudadanía ya tan avanzado el proceso, y señaló que la Encuesta de la Comunidad Estadounidense ha servido históricamente como fuente federal de información sobre ciudadanía. "Aparentemente, hasta hace poco, había sido suficiente", dijo.
Thompson agregó: "Poner esa pregunta [de ciudadanía] en el censo decenal provoca el riesgo de suscitar temores entre ciertas poblaciones que seran muy difíciles de disipar para la Oficina del Censo".
Cualquier imprecisión en el Censo 2020 tendrá efectos duraderos y de amplio alcance, ya que se trasladaría a otras encuestas realizadas por la Oficina del Censo, incluyendo la Encuesta de Población Estadounidense, la Encuesta Actual de Población y la Encuesta Nacional de Entrevista de Salud. "Si hay imprecisiones en el censo del centenario, las padeceremos durante diez años", dijo Thompson.
¿Se someterá la Oficina del Censo a la solicitud del Departamento de Justicia? Thompson no quiso especular si cree que sus antiguos colegas agregarán el elemento sobre ciudadanía al cuestionario que presentarán al Congreso el mes próximo. Pero incluso si lo hacen, hay un nivel adicional de supervisión oficial que le da esperanza: el artículo 1, sección 2 de la Constitución. Este dice que "el Recuento" es responsabilidad del Congreso y deberá hacerse "en la forma que dicho cuerpo disponga por medio de una ley".
Esto significa es que, si la Oficina del Censo agrega la nueva pregunta, "el Congreso no tiene que aceptarla", dijo Thompson. "Creo que fue quienes redactaron [la Constitución] fueron muy inteligentes al incluir eso".
Este artículo fue publicado originalmente en inglés en CityLab.com.
