Cómo hacer que las escuelas sean más seguras frente a los tiroteos

Lisa Hamp es una sobreviviente del tiroteo en Virginia Tech en 2007, en el cual murieron 32 personas a manos del estudiante Seung-Hoy Cho. Hamp y sus compañeros de aula sobrevivieron porque obstruyeron la puerta de su aula con una barricada. “La puerta no tenía cerradura”, dice Hamp. “Usamos un pupitre y una mesa para impedir que el tirador entrara”.

Recientemente Hamp se unió a un grupo en Washington DC que está presionando para recibir fondos que se usarán para proteger a las escuelas contra tales ataques. Se unió a representantes de organizaciones como la Secure Schools Alliance (Alianza de Escuelas Seguras) y Safe and Sound Schools (Escuelas Sanas y Salvas), así como Allegion, una empresa de seguridad. Estas organizaciones tienen aliados en el Congreso: los representantes Susan Brooks (una republicana de Indiana) y Rick Larsen (un demócrata de Washington) encabezan la Junta Congresal sobre la Seguridad Escolar.

La seguridad escolar es un importante negocio. Allegion —la cual se especializa en “ seguridad alrededor de la puerta”, lo cual significa cerraduras, puertas y marcos de acero y cosas así— reportó ingresos netos de unos 2,200 millones de dólares el año pasado. Tim Eckersley, presidente de la región de las Américas para Allegion, señala a la nueva y reconstruida escuela primaria Sandy Hook —en donde 26 estudiantes y trabajadores murieron en 2012— como un actual “escuela modelo para la seguridad y la protección”. La escuela cuenta con elementos tales como una serie de puestos de control en el camino que llega a la escuela, ventanas resistentes al impacto y un sistema de vigilancia de alta tecnología. Entre los otros equipos para la seguridad escolar que están a la venta figuran pizarras blancas y mochilas a prueba de balas, sistemas de reconocimiento de huellas digitales y sistemas para detectar disparos.

Mucha de la discusión que los defensores de mayor seguridad han tenido con los legisladores gira en torno al establecimiento de disposiciones nacionales para la seguridad escolar, lo cual incluye simulacros de emergencias y entradas monitoreadas para visitantes. Se enfatiza una solución de baja tecnología: un requerimiento de proveer cerraduras en las puertas de aulas. “Se habla una y otra vez sobre la necesidad de cerrar con llave una puerta cuando ocurre violencia en un edificio escolar”, dice Michele Gay, quien cofundó Safe and Sound Schools después de perder a su hija en el tiroteo en Sandy Hook.

En el caso de Hamp, funcionó la barricada improvisada, pero normalmente no se aconseja hacer esto. Las barricadas fabricadas que algunas escuelas compran no cumplen con los códigos de incendios. Si bien mantienen fuera a un perpetrador, también impiden que entren los que podrían prestar ayuda. En cambio, se recomiendan las cerraduras que puedan cerrarse y abrirse desde adentro de un aula.

Es probable que Allegion y otras compañías de seguridad reciban muchos clientes nuevos si tales cerraduras se hicieran obligatorias en aulas en todo el país. Robert Boyd, director ejecutivo de la Secure Schools Alliance, dice que toma unos 100,000 dólares para darle un nivel básico de seguridad a una escuela. Con unas 98,000 escuelas que van de kínder hasta el 12º grado en EEUU y cada una con la necesidad potencial de instalar o mejorar sus sistemas de seguridad, hay una cantidad enorme de dinero en juego. Pero Eckersley dice que el interés de la empresa en tal legislación tiene un propósito más elevado. “Pretendemos hacer que lugares sean más seguros para que la gente pueda prosperar”, dice. “En este caso, se trata de aprender y enseñar”.

Boyd y sus colegas no están pidiendo fondos del atribulado Departamento de Educación (el cual tendría una reducción drástica de un 13.5% bajo el presupuesto propuesto del presidente Trump). En cambio, visualizan que se podrán sacar recursos para una remodelación de seguridad escolar del famoso plan de infraestructura de un billón de dólares que el presidente anunció durante la campaña. De ser así, el Departamento de Seguridad Nacional entonces distribuiría los fondos a los estados. Y el gobierno federal no lo pagaría todo: Boyd aboga por un sistema donde un tercio de cada 100,000 dólares viene del gobierno federal. Los estados y las municipalidades se dividirían el resto del monto.

Pero algunos investigadores advierten que una concentración en soluciones a base de herramientas corre el peligro de desviar recursos de métodos más eficaces para prevenir tiroteos y otros tipos de violencia escolar. La mayoría de la violencia escolar no se trata de tiroteos masivos o víctimas aleatorias: se trata de incidentes entre dos personas —normalmente estudiantes— con una naturaleza personal. Los tiroteos como los que ocurrieron en Virginia Tech o Sandy Hook son estremecedores y horribles, pero también excepcionalmente poco comunes. “Incluso en los años más mortíferos, la probabilidad de que un estudiante o un adulto muera asesinado en una escuela es aproximadamente uno en un millón”, escribió Sasha Abramsky en un reportepublicado en The Nation que critica la industria de seguridad escolar.

William Woodward es director de capacitación y asistencia técnica en el Centro para el Estudio y la Prevención de la Violencia en la Universidad de Colorado en Boulder. Dice que es importante tener en cuenta esta infrecuencia cuando se esté haciendo planes para asegurar la seguridad escolar. “Hay que tener cuidado de que no se esté preparando para el ataque menos probable”, dice.

Woodward ha estudiado a fondo a los tiroteos escolares y sus investigaciones indican que la clave para prevenir la violencia es llegarles temprano a los estudiantes que podrían lastimar a otros. Enfatiza que una de las cosas más importantes que pudiera hacer una escuela es crear un ‘clima de escuela segura’, donde los estudiantes vean a los maestros como razonables, se sientan bienvenidos a participar en actividades y que se sumerjan en ellas, además de que conozcan a un maestro que sientan que es de confianza y que sea alguien con quien puedan hablar. También es un ambiente donde las reglas consistentemente se hacen cumplir.

En tal ambiente, es más fácil detectar y tratar a estudiantes con problemas de salud mental o dificultades para controlar la ira. “Esto realmente se trata de identificar a esos muchachos temprano y hacerles llegar los recursos que necesitan para que no tengamos que depender de cerraduras”, dice Woodward. También es crítico que coordinen entre sí las diferentes comunidades de una escuela. “Los maestros, la policía, la asociación de padres, los padres, los estudiantes, los es de las escuelas… todos tienen que estar colaborando o se puede terminar con un tiroteo”, explica.

El año pasado, Woodward y un coautor publicaron recomendaciones sobre cómo las escuelas pueden promover la intervención, tal como documentar meticulosamente las preocupaciones sobre la conducta de estudiantes y llevar a cabo capacitación formal para estudiantes y el personal escolar en cuanto a los signos de violencia de los que se debe estar pendiente.

Pero tal capacitación y contratación de personal cuesta dinero y con frecuencia los consejeros escolares tienden a ser los blancos de los recortes presupuestarios (una nueva preocupación es que los servicios de salud mental en las escuelas son parcialmente financiados por Medicaid, el cual ahora está amenazado por la revocación de la Ley de Cuidado de Salud Asequible). “Siempre me asombra que, mientras estemas reduciendo el personal de salud mental [en las escuelas], vamos a gastar dinero en seguridad programada”, dijo Amanda Nickerson, experta en la prevención de crisis escolares en la Universidad de Buffalo, en una entrevista con The Buffalo News. “No estoy diciendo que esas cosas no son importantes, pero al fin y al cabo, si examinamos los tiroteos escolares frustrados, casi siempre sucede porque alguien identificó que se estaba presentando una amenaza y las personas obtuvieron la ayuda que necesitaban”.

Tales programas también están compitiendo por fondos con las múltiples necesidades de infraestructura de las escuelas. Un estudio publicado en 2014 por el Departamento de Educación encontró que más de la mitad de todas las escuelas públicas de kínder a 12º grado “necesitan gastar dinero en reparaciones, renovaciones y modernizaciones para poner en buenas condiciones generales a los edificios en sitio de las escuelas”. Las áreas que más necesitaban mejorías en las escuelas permanentes eran las ventanas, la plomería y la calefacción/aire acondicionado (los sistemas de seguridad y de iluminación también se encontraban en la lista pero se quedaron atrás de las otras áreas ya señaladas).

Los demócratas de la Cámara de Representantes han propuesto un plan de inversión en la infraestructura escolar que designaría unos 100,000 millones hacia la construcción y el internet de alta velocidad en escuelas a lo largo del país, particularmente en escuelas de alta pobreza que atienden a niños de grupos minoritarios. “Las escuelas que atienden predominantemente a estudiantes blancos gastan un 50% más en la construcción y en la renovación de bienes que las que atienden a estudiantes de grupos minoritarios y los distritos ricos gastan casi tres veces la cantidad de estudiantes que sus homólogos de alta pobreza”, dice la hoja de datos del proyecto de ley. Los costos actuales de seguridad ya son notablemente más altos en distritos escolares urbanos de bajos ingresos en comparación con distritos más ricos y más blancos en los suburbios, según indican investigaciones de The 74, un sitio de noticias sobre la educación.

No está para nada claro que el plan de infraestructura escolar sea aprobado por el Congreso. Pero algunos estados están aprobando legislación que requieren que sus escuelas públicas tengan cierto nivel de seguridad. El año pasado, Mike Pence, gobernador de Indiana en aquel entonces, promulgó una ley que le da al Departamento de Seguridad Nacional del estado la autoridad de establecer normas para la seguridad escolar. Por su parte, Nueva Jersey aprobó una ley que requiere que las medidas de seguridad se incorporen al diseño de nuevas escuelas y que se implementen como mejorías en escuelas existentes.

Se puede esperar más legislación como esta en el futuro a medida que padres, maestros, es y legisladores todos busquen algo que los hará sentirse más seguros, rápidamente. Pero Woodward advierte que las puertas cerradas con llave no pueden resolver el problema por sí solas. “Esto quizás tenga su lugar, pero necesita ser parte de un plan abarcador”, dice.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés en CityLab.com.