El rastro del dinero persigue al expresidente de Guatemala Pérez Molina
CIUDAD DE GUATEMALA, Guatemala.- Las mañanas de los cinco días de argumentación tomados por el juez de mayor riesgo B, Miguel Ángel Gálvez para explicar su resolución sobre los 57 acusados del caso Cooptación del Estado empezaban con una visión inusual para el sistema de justicia guatemalteco: un expresidente, una exvicepresidenta, cuatro exministros, importantes contratistas del estado y banqueros, en el banquillo de los acusados.
La Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala apenas sí se daba abasto para los acusados, sus abogados, guardias del sistema penitenciario, familiares y prensa presente. Este caso es el eslabón más reciente en la cadena de investigaciones por casos de corrupción del gobierno del Partido Patriota en Guatemala en el periodo 2012-2015.
Es también el caso de mayor alcance por el número de implicados y el perfil de los mismos, al abarcar no solo a altos funcionarios públicos sino también a importantes empresarios de la industria farmacéutica, los medios de comunicación, la construcción y la banca entre otros.
La investigación a cargo del Ministerio Público (MP), en colaboración con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), reveló un entramado de empresas utilizado, según la fiscalía, para el cobro ilegal de comisiones por contratos públicos, el financiamiento ilegal del Partido Patriota (PP) y el lavado de dinero entre otros delitos.
Una "estructura criminal mafiosa" en el poder
Esta investigación recibió el nombre de Cooptación del Estado, al ser presentada el pasado 2 de junio por la Fiscal General Thelma Aldana, y el comisionado de Cicig, Iván Velásquez. En esa oportunidad el comisionado Velásquez detalló que lo que encontraron fue una “red político-económico-ilícita diseñada durante la campaña del PP y que seguía funcionando una vez el partido estaba en el poder. No se trataba de un Gobierno cuyos cometían actos aislados de corrupción, sino una estructura criminal mafiosa que había cooptado el poder por la vía de las urnas en Guatemala y cuyos principales dirigentes eran Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti”.
Se le conoció como “cooptación del Estado” porque los investigadores consideraron que las presuntas redes criminales que lo conformaban no buscan solo obtener beneficios, fruto del cobro de comisiones, sino porque estas estructuras tenían la capacidad de modificar el régimen político y las políticas públicas del gobierno para garantizarse negocios e impunidad.
Luego de conocerse este caso, la fiscal Aldana estuvo fuera del país durante un mes, periodo en el cual se denunció un plan de atentado en su contra, por lo cual se redobló su seguridad. En este tiempo, algunos de los acusados por este caso se presentaron a tribunales, mientras otros se encuentran todavía prófugos como los exministros de Estado Alejandro Sinibaldi Aparicio, y Erick Archila Dehesa, y Alba Elvira Lorenzana Cardona, esposa del magnate de la televisión abierta en Guatemala, Ángel Remigio González.
Rechazo a la clase política
De los 57 acusados, 53 fueron ligados a la investigación por delitos como asociación ilícita, cohecho pasivo (recibir un soborno), financiamiento electoral ilícito y lavado de dinero. Con la nueva imputación tanto a Otto Pérez como a Roxana Baldetti se les amplían los delitos de cohecho y lavado de dinero; cargos que se suman a investigaciones previas en su contra por los casos La Línea y Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ); además del caso Lago de Amatitlán en el que solo está relacionada Baldetti.
Todos estos casos de corrupción han sacudido a la sociedad guatemalteca en el último año y medio, provocando en el 2015 la renuncia de Baldetti y Pérez Molina, la debacle de su partido político y un profundo rechazo ciudadano a la clase política. La más reciente muestra de esto se produjo el pasado martes con una manifestación campesina frente al Congreso de la República. La marcha incluía entre sus demandas persecución penal contra los empresarios que evadieran impuestos y pagaran comisiones por contratos públicos.
La demanda no se producía en el vacío. Entre los acusados por el Caso Cooptación del Estado se encontraba el principal proveedor de medicamentos a la salud pública, el empresario Jack Irving Cohen, y un antiguo socio Gustavo Alejos Cambara, exsecretario privado de la presidencia en una istración anterior; Fernando Peña, presidente hasta su captura del segundo banco por activos del país, Banrural; y Flavio Montenegro, gerente general del tercer banco del sistema, G&T Continental entre otros importantes empresarios. En total se procesó a 15 empresarios por financiamiento electoral ilícito.
La investigación por estos casos aún se encuentra en marcha y nuevos elementos de investigación podrían sumarse a la misma. Mientras tanto la atención ciudadana no decrece y el seguimiento de casos judiciales de alto impacto se ha instalado ya en la cotidianidad de los guatemaltecos.
