"Eran prisioneros": la iglesia que reclutaba a indigentes para forzarlos a pedir limosna y robarles su dinero
LOS ÁNGELES, California.- Cansada de dormir en las calles de San Diego, una mujer identificada con las iniciales ‘ARC’ llegó el 15 de noviembre de 2017 a una casa grupal que operaba la organización religiosa Imperial Valley Ministries (IVM). Le prometieron comida, una cama, un trato digno y atender su adicción a las drogas por medio de terapias basadas en la fe. Pero era una trampa.
Apenas se registró en ese “hogar de restauración” en El Centro, a más de 110 millas del lugar donde la convencieron, le quitaron su licencia de manejo, su tarjeta de seguro social y su tarjeta bancaria.
También le leyeron el estricto reglamento de ese sitio: jamás salir sin autorización, no hablar con su familia en 30 días, “no discutir las cosas del mundo”, solo leer la Biblia y ceder por completo todos sus ingresos (de los cuales tomaron 10% como diezmo y 30% por los servicios de IVM).
Al final le advirtieron que si violaba cualquier norma la castigarían sin dudarlo. Después se enteraría que el correctivo más común en estas casas grupales era no darles de comer por días.
‘ARC’ trató de irse en dos ocasiones de ese centro ubicado en la cuadra 400 de la avenida Hamilton, pero no pudo. Las autoridades alegan que algunos es de Imperial Valley Ministries vivían en esa locación y que solían cerrar con llave puertas y sellar las ventanas para impedir que escaparan. Otros métodos usados por esta iglesia era no devolverles sus documentos, advertirles que les quitarían a sus hijos y negarles llevarlos de regreso a los lugares donde pasaban la noche.
Por ello, esta mujer terminó cumpliendo todas las órdenes de los “pastores”, incluyendo pedir limosna en las calles y entregarles todo el dinero que recibía. Era en beneficio del grupo, le dijeron.
‘ARC’ es una de las 31 víctimas que fueron rescatadas por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) tras el arresto en California y Texas el martes de 12 líderes religiosos de Imperial Valley Ministries, incluyendo a su dirigente, el pastor Víctor González; y su esposa Susan Christine Leyva.
Todos ellos enfrentan cargos de conspiración, trabajo forzado, trata de personas y fraude. Son delitos que conllevan una condena de hasta 80 años de prisión y una multa de un millón de dólares.
La acusación federal señala que al menos cuatro agraviados eran menores de edad cuando ocurrieron estos delitos. Uno de ellos, que entonces tenía 17 años, logró escapar de la casa grupal en El Centro y pidió ayuda a los vecinos para llamar al 911. Al romper una ventana que estaba sellada para huir, el adolescente terminó con cortes que le fueron atendidos en un hospital.
La congregación Imperial Valley Ministries fue fundada en 1970 y tiene 30 iglesias en Estados Unidos y México. Además, opera desde 1992 tres hogares grupales para hombres y mujeres en las ciudades de El Centro, Calexico y Chula Vista, en el sur de California.
Mendigando seis días a la semana
“Eran prisioneros”, afirmó el fiscal federal en el Distrito Sur de California del Departamento de Justicia (DOJ), Robert Brewer, en una conferencia de prensa el martes pasado. “Esta es la acusación de tráfico laboral más grande en este distrito en muchos años”, subrayó el funcionario.
Esta iglesia presentaba a sus consejeros como “misioneros de los drogadictos” y reclutaba a sus víctimas en California, Arizona, Nevada y Texas prometiéndoles alimentos, refugio, asistencia médica, “la palabra de Dios” y oportunidades de rehabilitación gratuitas.
En realidad, los mantenían cautivos con amenazas y mentiras, inclusive por la fuerza. Les quitaban sus celulares para que no los denunciaran con las autoridades y a las parejas las separaban. A varios les quitaron sus tarjetas gubernamentales de asistencia alimenticia y las usaban los líderes de la iglesia.
A uno de los agraviados, ‘FB’, incluso lo llevaron a un cajero automático para que sacara todo el dinero que había recibido de la istración del Seguro Social y no le dieron ni un centavo, según los fiscales.
Mientras les impedían solicitar empleo, les obligaban a pedir limosna hasta por 54 horas semanales. Esas jornadas eran de hasta 9 horas diarias, durante seis días de cada semana. No se ha revalado cuánto dinero obtuvieron los ministros de IVM.
El pastor de la iglesia, Víctor González, de 40 años y originario de Texas, fue quien ordenó a los consejeros de la congregación religiosa que todos los indigentes pidieran dinero en las calles y que los retuvieran por cualquier medio “porque IVM necesitaba dinero”, menciona la acusación federal.
Ese esquema operó al menos seis años, entre el 1 de mayo de 2013 y el 28 de julio de 2018, señalan los fiscales.
Otra víctima, identificada como ‘JB’, fue reclutada el 1 de agosto de 2017 “prometiéndole que ella recibiría cuidado médico por su embarazo”, pero ya estando en la casa grupa en El Centro le negaron hablar por teléfono con su abuelo, según documentos judiciales.
Para que ‘JB’ no se fuera le advirtieron que “solo obtendría la custodia de su hijo si se quedaba en IVM”. Fue un mensaje que Ana Karen Robles, uno de los 12 acusados en este caso, le envió a través de la hija de ‘JB’, que también estaba en la casa grupal en la avenida Hamilton.
Luego le dijeron otra mentira: que su prometido ‘ZC’, quien estaba en una casa grupal para hombres, no quería irse. Y a él lo engañaron asegurándole que su pareja “ya no lo amaba y no quería estar con él, y le dijeron que solo Dios lo amaba”, cita la acusación. Al mismo tiempo tomaron otra medida: cerraron los s en el centro donde estaba ‘ZC’ por si trataba de huir.
Negando atención médica
Las autoridades señalan que los de esta congregación también impidieron que una diabética, que ha sido identificada como ‘GAT’, tuviera a medicinas y alimentación especial para atenderse su bajo nivel de azúcar en la sangre. Finalmente ella escapó y recibió ayuda.
Además, les acusan de negarle a una víctima que recibiera tratamiento por un prolapso en el útero. Este incidente ocurrió entre agosto y octubre de 2016. En este caso son señaladas Mercedes González, quien atendía la casa de Calexico; y Ana Karen Robles, operadora del centro en la avenida Hamilton.
Otra mujer, ‘GOH’, que llegó en autobús a la casa de El Centro el 28 de marzo de 2018, pidió que le permitieran salir para recibir atención médica a principios de abril, pero “la acorralaron en la locación de Hamilton para impedirle que se fuera”, de acuerdo con el expediente judicial.
Ella contó a los investigadores que cuando recién entró a ese lugar pidió que le entregaran su cepillo de dientes; sin embargo, uno de los operadores que tenía que “ganárselo” obedeciendo las normas.
El Departamento de Justicia alega que incluso cuando algunos lograban abandonar estos sitios, los acusados seguía robándoles porque se quedaban con sus tarjetas de cupones de comida.
A una víctima cuyas iniciales son ‘0RR’ no le entregaron su certificado de naturalización durante un par de semanas en marzo de 2018. Esta persona llegó a una instalación de la iglesia porque le dijeron que “podría ver a su familia”, pero dos meses después de su llegada lo castigaron por tratar de salirse sin permiso.
Todas las víctimas fueron liberadas y ahora tienen a los servicios que necesitan, indicó el DOJ.
En San Diego hay más de 8,500 indigentes y es la cuarta ciudad de EEUU con más personas sin hogar.
