Por qué millones de ciudadanos no votarán en estas elecciones y qué impacto tiene su abstención
Menos de 80,000 votos en Pennsylvania, Michigan y Wisconsin decidieron el triunfo de Hillary Clinton en 2016. Ese margen tan estrecho causó un cambio radical en la política migratoria, el inicio de una guerra comercial con China, una rebaja de impuestos para las personas con rentas más altas, los nombramientos de dos jueces de la Corte Suprema y la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París sobre el clima.
En un país partido en dos y cada vez más polarizado, cada voto puede decidir unas elecciones. Y sin embargo millones de personas no ejercerán su derecho a votar en las legislativas del 6 de noviembre. Algunas por falta de tiempo o por no tener un documento de identificación válido. Otras por las restricciones aprobadas por los republicanos o por las purgas en el censo electoral.
Quienes no votaron en 2016 fueron más que quienes votaron por Trump y también más que quienes optaron por Clinton. Su perfil demográfico era muy distinto del perfil de quienes sí fueron a votar. Casi la mitad eran hispanos, afroamericanos o de una minoría étnica. Dos tercios tenían menos de 50 años. Más de la mitad eran personas que ganaban menos de 30,000 dólares anuales y que no se graduaron en la universidad.
“Es un patrón recurrente que hemos visto en otros ciclos electorales”, dice a Univision Noticias Mark Hugo López, director de Migración Global y Demografía del Pew Research Center. “A menudo algunas de estas características se solapan: por ejemplo, entre los jóvenes hay menos blancos que en el conjunto de la población”.
Problema hispano
Según una estimación de la oficina del censo, más de 26 millones de hispanos con derecho a voto vivían en EEUU antes de las elecciones de 2016 pero sólo unos 15 millones se registraron y sólo 12 millones fueron a votar.
De acuerdo con las cifras del Pew Research Center, los hispanos representaron el 19% de los ciudadanos que no votaron hace dos años pero sólo el 10% de quienes sí fueron a votar. Esa brecha fue aún más grande en las legislativas de 2014: según un sondeo elaborado justo antes de las elecciones, los hispanos representaban el 23% de los ciudadanos que no pensaban votar pero sólo el 6% de quienes iban a hacerlo.
El porcentaje de abstención suele ser más alto en las elecciones de mitad de mandato que en unas presidenciales. En 2014 apenas votó un 36% de los ciudadanos, la cifra más baja desde las elecciones legislativas de 1942.
Michael McDonald, profesor asociado de Ciencia Política en la Universidad de Florida, apunta que esa tendencia podría invertirse en 2018 y señala algunos indicios que apuntan en esa dirección. El voto en las elecciones primarias, por ejemplo, se ha disparado este año con respecto al de 2014. En estados como Georgia, las cifras de voto temprano a mediados de octubre se habían multiplicado por tres.
A pesar de esos signos esperanzadores, McDonald augura que esta vez la participación podría oscilar entre un 45% y un 50%. Esa cifra rozaría el récord del 48.7% de las legislativas de 1966 pero seguiría muy por debajo del porcentaje de participación de cualquier elección presidencial, cuando la batalla por la Casa Blanca empuja a más ciudadanos a votar.
La baja participación es el fruto de varios factores. Uno de los que se citan a menudo es la falta de tiempo. Al contrario que otros países, Estados Unidos celebra sus elecciones en un día laborable y muy pocos ciudadanos pueden cogerse tiempo libre para votar. Los horarios de los centros de votación no siempre son compatibles con los de las escuelas de los niños y las urnas a menudo están lejos de las paradas de metro o de autobús. Esto perjudica especialmente a las personas sin ingresos o con rentas muy bajas, que tienen así más difícil para ir a votar.
Unos días después de las elecciones legislativas de 2014, Pew Research Center entrevistó a ciudadanos que se habían registrado y sin embargo al final no habían ido a votar. Dos tercios dijeron que no habían ejercido su derecho por falta de tiempo: unos porque los horarios de los centros de votación no cuadraban con los de su trabajo o los de las escuelas de sus hijos y otros porque durante la jornada electoral estaban fuera o demasiado ocupados para votar.
La participación electoral varía mucho según los estados. Según las cifras recopiladas por el profesor McDonald, fue más alta en Maine (58%), Wisconsin (56%) o Alaska (54%) y más baja en estados como Indiana, Texas o Nueva York (los tres en torno al 28%).
A menudo la abstención es mayor en distritos donde hay muy poco en juego y esos distritos son cada vez más. Sólo un 6% de las carreras a la Cámara de Representantes se decidieron por menos de cinco puntos hace cuatro años. Ese porcentaje es cada vez menor por varios motivos: la polarización ideológica, el rediseño interesado de los distritos (gerrymandering) y la agrupación espontánea de los ciudadanos, que se mudan a barrios o ciudades donde viven personas con las que comparten intereses, nivel de renta o educación.
Demócratas y republicanos viven rodeados de personas que votan a su propio partido y lejos de los votantes del partido rival. Muy pocos candidatos a la Cámara de Representantes tienen incentivos para atraer a votantes centristas y en cambio muchos se escoran para evitar una derrota en las primarias a manos de un aspirante más radical.
La geografía electoral y el perfil demográfico de los votantes no son los únicos motivos que explican la alta abstención en Estados Unidos. El otro gran factor es el empeño de los republicanos, que han aprobado leyes que restringen el a las urnas y que afectan de forma especial a los ciudadanos que menos les respaldan en las urnas: los más jóvenes y los más pobres, los hispanos y los afroamericanos. En algunos estados, las personas que fueron condenadas por cometer ciertos crímenes pierden sus derechos electorales, como en Florida.
Según el Brennan Center for Justice, que estudia la legislación electoral en Estados Unidos, al menos 24 estados han aprobado leyes que restringen de alguna manera el derecho a voto desde 2010. Trece introducen requerimientos más estrictos para verificar la identidad de los votantes, siete reducen los plazos para el voto temprano y 11 hacen más difícil registrarse para votar.
Este año se aplicarán nuevas restricciones en estados como Arkansas, Georgia, Iowa, Carolina del Norte, Indiana, New Hampshire y Dakota del Norte. Muchas miradas están puestas en Georgia, donde la demócrata Stacey Abrams y el republicano Brian Kemp compiten por el puesto de gobernador.
Como secretario de Estado de Georgia, Kemp es el responsable último de organizar las elecciones y eso ha puesto el foco sobre su gestión. Una investigación periodística desveló que en julio de 2017 supervisó la purga de cientos de miles de votantes del censo electoral. Al menos 107.000 personas desaparecieron de las listas porque optaron por no votar en elecciones anteriores y no respondieron a las cartas de las autoridades pidiendo una explicación. Si un ciudadano votó en 2008 y desde entonces no ha vuelto a hacerlo, por ejemplo, esta vez no podría ir a votar.
Kemp dejó también fuera de las listas a votantes cuyo nombre no coincide letra por letra con el que aparece en su documento de identidad y dejó en suspenso el registro de más de 53.000 votantes, la mayoría afroamericanos que presumiblemente votarían por su rival. Estas disputas podrían alterar el resultado de una carrera muy igualada y que podría tener un resultado histórico. Un triunfo convertiría a Abrams en la primera mujer afroamericana en ganar una carrera a gobernador.
Retirar de las listas los nombres de ciudadanos que ya no viven en un estado es un procedimiento habitual en todos los estados. Pero algunos políticos lo utilizan para poner obstáculos a personas que pertenecen a grupos de población que suelen votar por sus adversarios.
Las purgas de Georgia no son una excepción y se han acelerado en los últimos años. Según un análisis del Brennan Center for Justice, entre 2014 y 2016 desaparecieron del censo los nombres de 16 millones de personas, cuatro millones más que en entre 2006 y 2008.
La aprobación de nuevas normas y las decisiones de las autoridades de los estados han creado incertidumbre en los últimos meses: al menos 16 estados están pendientes de decisiones judiciales sobre alguno de los aspectos del proceso de votación.
En su libro Who Votes Now? Demographics, Issues Inequality, and Turnout in the United States, Jan Leighley y Jonathan Nagler explican que las preferencias de quienes votan son más conservadoras que las de quienes no votan. A menudo quienes no votan, por ejemplo, están más a favor de la intervención del Estado en la economía y de una Sanidad pública universal.
