¿Pueden ser castigados los abogados de Trump por presentar demandas para evitar el triunfo de Biden?

Alrededor de 1,500 abogados han pedido a la Asociación de Abogados de Estados Unidos que investigue a demandas que han presentado para cuestionar las elecciones, a la vez que un congresista demócrata ha presentado quejas ante es de ética de cinco estados pidiéndoles que investiguen a estos abogados y les quiten la licencia para practicar derecho.

¿Pero pueden estos abogados ser disciplinados o sufrir consecuencias graves por sus acciones?

Pese a que existen mecanismos para combatir demandas frívolas en el sistema legal estadounidense, la respuesta corta parece ser que es posible pero (hay que añadir) poco probable de que ocurra, de acuerdo con expertos legales entrevistados por The Washington Post.

Bruce Green, decano de la facultad de leyes de la Universidad Fordham, es uno de los expertos que cree que es poco probable que el equipo legal de la campaña de Trump vaya a ser castigado.

Los presuntamente agraviados, los funcionarios electorales de gobiernos locales y estatales, no han pedido castigos y los jueces que han desestimado las demandas del presidente no han sancionado a Giuliani y compañía, aunque podrían hacerlo por su cuenta sin que se lo pidieran.

Esto indica que la parte presuntamente afectada está satisfecha simplemente con las decisiones de las cortes, que han rechazado casi todas las querellas presentadas por el equipo de Trump, dijo Green.

Por otro lado, es difícil probar que un abogado ha presentado a propósito una demanda de manera frívola o que el caso estuvo basado en argumentos falsos.

“Algunos abogados que han observado el proceso han presentado quejas disciplinarias en contra de uno o más de los abogados que promovieron las demandas electorales tristemente inadecuadas”, dijo Green. “Pero si el juez que supervisa el caso no envía una referencia, y si no hay prueba de que los abogados del demandante usaron evidencias falsas a sabiendas, es poco probable que las autoridades disciplinarias intervengan”.

Una ley federal sobre demandas frívolas, conocida como Regulación 11, establece que los abogados litigantes no deben de argumentar sus casos “por razones inapropiadas, como para acosar, causar atrasos innecesarios, o aumentar innecesariamente el costo de una demanda”. También indica que los argumentos, la defensa, y otras afirmaciones legales sean justificadas conforme a leyes existentes o argumentos no frívolos”.

Por otro lado, la Asociación Estadounidense de Abogados también prohíbe presentar o defender una querella “a menos que haya base legal y factual para hacerlo”.

Las demandas de Trump han sido cuestionadas incluso por republicanos, como el senador John Cornyn, de Texas, quien dijo que no podía entender el marco local de la querella presentada por el fiscal general de su estado Ken Paxton, también republicano, ante la Corte Suprema del país pidiendo revertir los resultados de las elecciones en cuatro estados, una iniciativa que el máximo tribunal finalmente desestimó.

Expertos legales han dicho que la querella de Texas es contrario al sistema federalista del país, que garantiza la soberanía de los estados para gobernarse a sí mismos.

El exgobernador de Florida Jeb Bush dijo que la demanda de Texas “carece de teoría legal”, mientras que el senador de Nebraska Ben Sasse sugirió que era “más un ardid publicitario que una demanda”.

Piden que los investiguen

A principios de diciembre, un millar y medio de abogados condenaron al equipo legal de Trump y pidieron a las autoridades jurídicas que investigaran a estos asesores legales.

“La lluvia de querellas presentadas por Trump es un pretexto de la campaña para socavar la confianza de la gente en los resultados de las elecciones de 2020, que inevitablemente saboteará la democracia constitucional”, dijeron los abogados en su carta. “Desafortunadamente, los principales agentes y facilitadores del presidente en esta tarea son abogados, obligados por su juramento y regulaciones éticas a defender la ley”.

En noviembre, el representante Bill Pascrell, demócrata de Nueva Jersey, presentó quejas en cinco estados pidiendo que le quiten la licencia de practicar derecho a Giuliani y el resto del equipo legal de Trump por presentar demandas presuntamente frívolas y por tener “una conducta que involucra deshonestidad, fraude, engaño y mala representación”.

Mark Tushnet, profesor de leyes de la Universidad Harvard, argumentó que la demanda de Texas y otras querellas presentadas a nombre de Trump quebrantan la Regulación 11 porque tienen argumentos falsos, declaraciones juradas de testigos que según jueces no han sido válidos y descripciones equivocadas de esas declaraciones juradas.

Pero el estándar para que un juez determine que una demanda es frívola o que quebranta la Regulación 11 es generalmente alto y la decisión de sancionar a un abogado podría ser influenciada por factores políticos.

“Los jueces todavía no han emitido sanciones porque, nuevamente a mi parecer, tienen en cuenta el hecho de que en el contexto político actual, hacerlo los sometería a críticas inmediatas por actuar de manera partidista”, dijo Tushnet. “Un juez nombrado por Trump podría ser más inmune a esa crítica que otros magistrados, aunque no completamente inmunes”.

Efectivamente, la percepción política juega un papel importante en esta situación.

Trump cuenta con mucho apoyo político en su lucha legal contra la certificación de los resultados. La demanda de Texas, por ejemplo, ha sido más de 100 representantes de la cámara baja, a la vez que encuestas indican que la gran mayoría de republicanos cree o se inclina a creer que al presidente le robaron las elecciones, pese a que los tribunales han rechazado casi todas las demandas que han cuestionado el proceso electoral. Incluida la Corte Suprema.

Debido a esto, es probable que los jueces encargados de evitar demandas frívolas estén preocupados de crear situaciones en las que Trump y sus aliados y simpatizantes interpreten sus decisiones como persecución judicial o medidas del “deep state”, como se conoce a la teoría de conspiración que dice que un grupo élite controla el gobierno de manera anónima.