Qué es la 'cláusula de supremacía' que Trump podría invocar para deshacerse de sus problemas legales en Georgia y Nueva York
En caso de ganar las elecciones en noviembre, el expresidente Donald Trump tendrá el poder para hacer desaparecer los dos juicios federales, por obstrucción electoral y manejo ilegal de documentos confidenciales que aún enfrenta. Pero tanto el juicio por fue econtrado culpable de todos los cargos, seguirán fuera de su alcance.
Sin embargo, Trump podría invocar la propia Constitución de Estados Unidos para tratar de hacer a un lado estos dos procesos -al menos mientras ejerce la presidencia- gracias a la llamada “cláusula de supremacía”.
De hecho, el equipo legal de Trump ya ha dejado ver que esa será una de sus estrategias para combatir los juicios estatales contra su representado.
El abogado de Trump Steven Sadow dijo al juez que preside el juicio por conspiración criminal en Georgia que en caso de que Trump gane las elecciones, "bajo la cláusula de supremacía y sus deberes como presidente de Estados Unidos, este juicio no podría tener lugar hasta después de que él termine su mandato".
¿Qué es la cláusula de supremacía de la Constitución de Estados Unidos?
El estado de derecho es uno de los pilares fundamentales que sostiene la democracia estadounidense y está basado en el principio de que todas las personas son iguales ante la ley, sin importar su raza, riqueza o posición en la sociedad.
Este principio es lo que hizo posible el juicio en Nueva York, que convirtió a Trump en un delincuente convicto, o que Hunter Biden, el hijo del actual presidente Joe Biden, fuese juzgado y encontrado culpable de delitos relacionados a la posesión ilegal de un arma de fuego. Dos juicios que no habrían ocurrido en países con sistemas de estado de derecho menos sólidos.
Esto, sin embargo, no quiere decir que todas las leyes sean iguales ante las personas.
El Artículo VI de la Constitución establece: “Esta Constitución y las leyes de Estados Unidos que se dictarán en cumplimiento a ella; y todos los tratados celebrados, o que se celebrarán, bajo la autoridad de Estados Unidos, serán la ley suprema del país; y los jueces de cada estado estarán obligados por ella, a pesar de cualquier disposición en contrario contenida en la Constitución o las leyes de cualquier estado”.
Esto quiere decir que tanto la Constitución como sus enmiendas constituyen la ley suprema de Estados Unidos prevaleciendo sobre cualquier otra disposición, y que las leyes federales privan sobre las normas adoptadas por los distintos estados.
Según explica el exjuez de apelaciones y exfiscal general de Tennessee, Paul Summers, este escalafón de leyes es lo que comúnmente se conoce como la “cláusula de supremacía”.
¿Cómo podría Donald Trump invocar la cláusula de supremacía?
Aún si Trump es juramentado como presidente el próximo 20 de enero no podrá por sí mismo detener el juicio en Georgia, el cual según indican las circunstancias, no comenzará hasta después de las elecciones, ni podrá perdonarse a sí mismo por el veredicto de culpabilidad que recibió del jurado de Nueva York.
Trump podría verse obligado, por ejemplo, a estar presente en largas audiencias del juicio en su contra en la corte superior del condado de Fulton en Atlanta, o verse impedido de viajar al exterior, si la sentencia en Nueva York le impone restricciones de viaje como parte de una sentencia suspendida o de arresto domiciliario.
Sin embargo, nada de esto le impedirá invocar la cláusula de supremacía para tratar de posponer estas circunstancias, si logra alegar con éxito que las mismas crean verdaderos impedimentos para el ejercicio del cumplimiento de sus deberes como presidente.
Un futuro e hipotético presidente Trump podría argumentar, por ejemplo, que la obligación de estar presente en el juicio en Georgia interferiría con su gestión o que Nueva York no puede restringir su capacidad de ausentarse del país, ya que el Artículo II de la Constitución otorga al presidente la dirección de la política exterior de Estados Unidos, lo cual implica viajar por el mundo.
¿Qué ha dicho la Corte Suprema sobre la cláusula de supremacía y las funciones de un presidente en ejercicio?
Summer explica en su artículo que “la Corte Suprema de Estados Unidos es quien toma la decisión final sobre si una ley o reglamento federal, una constitución estatal o una ley estatal es constitucional o no”.
“La Corte Suprema recibe anualmente entre 7,000 y 10,000 solicitudes de apelación y concede permiso para apelar a menos del 2% de esas solicitudes”, explica el juez. Sin embargo, los casos que involucran al presidente de Estados Unidos nunca son rechazados por el máximo tribunal.
Así ocurrió en 2020 cuando siendo aún presidente, Trump invocó sin éxito la cláusula de supremacía, al tratar de impedir que el entonces fiscal de distrito de Manhattan, Cyrus Vance Jr., obtuviera sus declaraciones de impuestos.
En ese caso, la mayoría dictaminó que la cláusula de supremacía no otorga al presidente inmunidad absoluta frente a citaciones penales estatales.
La decisión redactada por el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, dijo que "una citación penal emitida correctamente no debería obstaculizar el desempeño de los deberes constitucionales del presidente".
Sin embargo, en su opinión disidente, el juez Samuel Alito predijo el escenario que podría surgir en caso de que Trump sea elegido presidente en noviembre, al plantear el problema de qué ocurriría si un estado juzga o condena penalmente a un presidente en ejercicio.
“¿Podría ser encarcelado o enfrentar restricciones en su capacidad de viajar? ¿Tendría que dejar de lado sus responsabilidades presidenciales para sentarse en un tribunal? ¿Podrían sus asistentes acercarse a él durante el juicio para susurrarle al oído asuntos urgentes? ¿Podría el tribunal hacer una pausa si necesitara hablar con un líder extranjero?”, planteó Alito.
A pesar de las preguntas de Alito, la Corte Suprema ya se había pronunciado sobre el caso de un mandatario en ejercicio sometido a juicio. En 1997 decidió que un proceso legal por acoso sexual contra el entonces presidente Bill Clinton podía seguir adelante.
La decisión escrita por el juez John Paul Stevens dijo que "un presidente, como cualquier otro funcionario o ciudadano privado, puede distraerse o preocuparse por un litigio pendiente", pero no consideró el hecho causa suficiente para posponer el juicio hasta que Clinton abandonara el poder.
Sin embargo, se trataba de un juicio civil en una corte federal y Clinton nunca invocó la cláusula de supremacía para tratar de evitarlo o posponerlo.
Aunque el juicio nunca tuvo lugar, después de que las partes llegaran a un acuerdo, Clinton rindió un testimonio grabado el 17 de enero de 1998, constituyendo la primera vez que un presidente en ejercicio fue interrogado como acusado en un caso judicial.
Las acusaciones de perjurio que surgieron a raíz de ese testimonio se encuentran entre los 11 “altos crímenes y faltas” que llevaron al impeachment a Clinton que el fiscal especial Ken Starr incluyó en su informe al Congreso.
Esto activó el juicio político a Bill Clinton en la Cámara de Representantes y a la fallida remoción de su cargo como presidente en el Senado entre diciembre de 1998 y enero de 1999.