Dos maniobras legales que podrían definir las elecciones en Georgia y Arizona, dos estados clave
Un par de medidas legislativas impulsadas por del Partido Republicano en los cruciales estados péndulo de Arizona y Georgia, podrían sembrar el caos durante las elecciones presidenciales de noviembre, según varios expertos.
Por una parte el jueves la Corte Suprema acogió parcialmente una Georgia estableció reglas que podrían retrasar las certificaciones en los precintos.
El caso de Arizona
El RNC había pedido a la Corte Suprema que pausara un fallo de un tribunal federal de primera instancia que anuló una ley estatal de 2022 que establece el requisito de nacionalidad para el registro de votantes en Arizona.
La decisión de 5 votos a favor y 4 en contra, mantiene vigente la obligación establecida en la ley para las autoridades del estado de rechazar las inscripciones de votantes presentadas sin prueba de ciudadanía estadounidense para participar en elecciones estatales, mientras se tramita una apelación.
Pero la corte rechazó parte de la solicitud del RNC que podría haber impedido que los de votantes registrados en Arizona sin prueba de nacionalidad participaran en las elecciones presidenciales de noviembre, un grupo estimado en 42,301 personas por la Secretaría de Estado de Arizona, al 1 de julio.
El complicado sistema de registro de votantes de Arizona permite aceptar dos formularios diferentes, uno estatal y otro federal con diferentes requisitos, a raíz de una decisión de la Corte Suprema de 2013 que estableció que el estado tenía que aceptar y utilizar el formulario federal estándar requerido por la Ley Nacional de Registro de Votantes.
Ese formulario no requiere prueba de nacionalidad, pero exige que los solicitantes juren bajo pena de perjurio que son ciudadanos estadounidenses.
Los votantes en Arizona que se registran con el formulario federal sin presentar prueba de nacionalidad solo pueden votar en elecciones para puestos federales, a menos que los funcionarios electorales puedan acceder a un registro de prueba de ciudadanía que el votante haya proporcionado previamente a la División de Vehículos Motorizados de Arizona.
Pero en 2022, la legislatura republicana de Arizona aprobó una ley que prohíbe a los votantes registrados que no hayan presentado pruebas de su ciudadanía, votar en las elecciones presidenciales o votar por correo para cualquier cargo federal.
La jueza federal de distrito Susan Bolton anuló el requisito porque entra en conflicto con la ley nacional de registro de votantes de 1993, en respuesta a una demanda del Departamento de Justicia de Estados Unidos y varios grupos de derechos civiles liderados por la organización Mi Familia Vota.
El RNC apeló el fallo de Bolton ante el Tribunal Federal de Apelaciones del 9.º Circuito de Estados Unidos, solicitando su suspensión temporal hasta que se decidiera la apelación, pero, un de jueces del 9.º Circuito se negó a pausarlo, por lo que acudieron a la Corte Suprema de mayoría conservadora.
Los argumentos orales para la apelación ante el 9.º Circuito están programados para el 10 de septiembre en San Francisco.
El caso de Georgia
En lo que va del mes de agosto, la Junta Electoral Estatal de cinco de Georgia ha adoptado normas que permiten a las juntas electorales locales realizar una “investigación razonable” sobre los resultados electorales antes de certificarlos.
Estas reglas permiten que cualquier miembro de la junta electoral local, por cualquier motivo, examine toda la documentación relacionada con las elecciones creada durante la realización de las elecciones, sin importar si se retrasa la certificación de los resultados.
Las reglas exigen también que las juntas locales concilien cualquier discrepancia entre el número total de votos emitidos y el número de votantes registrados, autorizándolas incluso determinar qué votos cuentan y cuáles no, para poder lograr la conciliación.
En un mitin en Atlanta en agosto, Donald Trump elogió a la mayoría de tres de la junta que lo apoyan, a quienes se refirió como “pitbulls que luchan por la honestidad, la transparencia y la victoria”. Están “haciendo un gran trabajo”, dijo el expresidente.
En un comunicado, el secretario de Estado republicano de Georgia, Brad Raffensperger, criticó la norma calificándola de “reglamentación activista”. En la declaración, Raffensperger explica que “la rápida comunicación de los resultados y la certificación es fundamental para la confianza de los votantes”.
“Los intentos equivocados de la Junta Electoral Estatal retrasarán los resultados de las elecciones y socavarán las salvaguardas de la cadena de custodia. Los votantes de Georgia rechazan este caos de última hora, y lo mismo deberían hacer los no electos de la Junta Electoral Estatal” dijo Raffensperger.
¿Con el foco en distritos demócratas?
Un grupo de expertos electorales entrevistados por ProPublica dijeron que parecía más probable que las reglas afecte a más la certificación de los condados demócratas urbanos que a los republicanos rurales porque los primeros están más poblados y, por lo tanto, tienen más papeletas y votantes y la probabilidad estadística de que haya una discrepancia es mayor.
Según los expertos, lo inusual de la norma propuesta es permitir que cualquier discrepancia sea suficiente para negarse a certificar los votos de todo un distrito electoral, sin considerar la magnitud de la discrepancia o los votantes a los que podría estar privando de su derecho a expresarse.
En Estados Unidos las leyes electorales no permiten que pequeñas discrepancias detengan el proceso de certificación de resultados porque los plazos establecidos por ley son ajustados. Hay oportunidades posteriores para resolver las discrepancias, como auditorías obligatorias, investigaciones y litigios.
De igual manera, la ley de Georgia establece que los funcionarios electorales de un condado deben certificar una elección a más tardar a las 5 pm del lunes siguiente al día de la elección, algo que, según expertos legales, un reglamento emitido por una junta de funcionarios no electos no puede alterar.
Según ProPublica la regla fue presentada a instancias de una líder regional de la organización Election Integrity Network, un grupo de derecha que promueve la gran mentira del fraude electoral de 2020 y cuya fundadora Cleta Mitchell, ayudó a Trump en sus intentos de revocar las elecciones de ese año y habló en la llamada en la que Trump exigió a Raffensperger que "encontrara" 11,780 votos para anular la victoria del presidente Joe Biden en Georgia.
Según The Guardian está previsto que en próxima reunión en septiembre, la junta apruebe una medida que obligaría a los funcionarios locales a contar a mano las papeletas para comprobar el recuento de las máquinas, abriendo la posibilidad de más demoras en la certificación de los resultados en el crucial estado péndulo.
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