Elecciones en Nicaragua: un candidato-presidente contra cinco candidatos fantasma

MANAGUA, Nicaragua. A menos de veinte días de las elecciones generales, en las calles de Nicaragua no se percibe un ambiente de campaña ni la inminencia de este proceso, que enfrenta una crisis de legitimidad nacional e internacional luego de la ilegalización de la oposición por una decisión del gobierno de Daniel Ortega.
Alexander Canales es estudiante de ingeniería industrial y militante del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el partido que controla Ortega. El joven no está seguro de si asistirá a las urnas este 6 de noviembre pero sí tiene claro “quién ganará”.
“Ahora hay más preferencia sobre un partido, y lo normal es que cada quien le dé el voto a quien quiera, pero no siento competencia. El comandante (Ortega) ganará”, asegura el estudiante de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) a Univision Noticias.
La desazón de Canales se repite en paradas de autobuses, mercados y barrios, en un país donde las votaciones han dejado de tener “tanta emoción” para los ciudadanos. Las sucesivas denuncias por fraude electoral que han sido presentadas por la oposición, y documentadas por las misiones de observación electoral de la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos (OEA), mantenían cierto escepticismo sobre esta contienda.
Las últimas acciones del gobierno –eliminar a la oposición de la contienda electoral y destituir a 28 diputados opositores por medio de sentencias del Poder Judicial– han mellado por completo la credibilidad de estas elecciones, en las que Daniel Ortega participa como candidato presidencial por séptima vez consecutiva.
La designación de Rosario Murillo, esposa de Ortega y primera dama de la República como candidata de fórmula a la vicepresidencia, fue el corolario que desató la alarma nacional e internacional. Detractores del régimen sandinista han denunciado la instauración de “una dinastía familiar”: Murillo se sitúa en la primera línea de la sucesión constitucional del poder.
En agosto, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, mostró su preocupación sobre el proceso electoral y político en Nicaragua y anunció que preparaba un informe para exponer a los países del organismo “la situación”.
Un mes antes, opositores y de la sociedad civil nicaragüense viajaron a la sede de la OEA, en Washington, para ofrecer a Almagro un inventario de violaciones a derechos humanos, sociales, civiles y políticos.
“Llevamos toda la documentación pertinente pero no nos enfocamos solo en el tema electoral, sino que mostramos cómo la farsa electoral es el resultado del aniquilamiento de la institucionalidad democrática en Nicaragua”, dijo a Univisión Noticias Violeta Granera, candidata a la vicepresidencia por la Coalición Nacional por la Democracia, ilegalizada por el régimen sandinista.
Ortega prohíbe observación electoral
En junio, el mandatario sandinista prohibió la observación electoral nacional e internacional independiente. Este hecho alarmó aún más a los opositores: las votaciones quedaban despojadas de garantía alguna.
“Observadores sinvergüenzas. Aquí no hay observación, ni Unión Europea ni OEA que se vaya a pronunciar. Ellos saben que en Nicaragua se enfrentan a un pueblo que tiene vocación antimperialista”, vociferó Ortega.
Ortega siguió sus ataques contra la OEA y a través de su representante en el organismo, el embajador Denis Moncada, solicitó la renuncia de Almagro. Nicaragua argumentó “la conducta injerencista” del uruguayo.
Esta semana la Organización de Estados Americanos (OEA) y el gobierno de Daniel Ortega anunciaron por separado el establecimiento de una “mesa de conversación e intercambio” para discutir sobre las elecciones. El gobierno sandinista suavizó el tono.
Ana Margarita Vijil, presidenta del ilegalizado partido Movimiento Renovador Sandinista (MRS), dijo que el hecho que Ortega haya cambiado de forma repentina el tono con la OEA y reconozca a Almagro como un interlocutor revela –a su juico– que “está contra las cuerdas”.
Almagro había prometido la publicación de un informe “ponderando los hechos” sobre el “proceso político electoral” de Nicaragua. Pero de momento se mantendrá “en privado” por petición expresa del gobierno de Ortega, según fuentes cercanas a la OEA.
“Si este informe fuese favorable para el gobierno, Rosario Murillo ya lo hubiera publicado en todos sus medios de comunicación”, dijo Vijil.
El Frente Amplio por la Democracia (movimiento que aglutina a la oposición inhabilitada y a movimientos sociales y políticos) calificó como “un triunfo” este acercamiento dado a las denuncias realizadas ante la OEA, pero también teme que este diálogo sea utilizado por Ortega para darle legitimidad a un proceso amañado.
¿Por qué una farsa electoral?
La oposición y la Sociedad Civil de Nicaragua acuñaron el término “farsa electoral” desde que el Poder Judicial arrebató a la Coalición Nacional por la Democracia la posibilidad de competir en los comicios.
Roberto Courtney, director del organismo de observación Nacional Ética y Transparencia (EyT), aseguró que las últimas acciones del gobierno de Ortega son agravantes que se sumaron al ya desgastado sistema electoral.
Ese “desgaste” se traduce en el control total del aparato electoral por parte del Frente Sandinista: desde los magistrados de ese Poder del Estado, hasta cada centro de votación.
“La ley Electoral dice que solo podes tener un miembro por cada Junta Receptora de Votos (JRV), pero el Frente Sandinista tiene dos y tres en la gran mayoría de Centros de votación”, resaltó Courtney.
Otras de las irregularidades registradas son la cedulación con sesgo partidario, el nulo control sobre la lista universal de votantes (padrón electoral) y las actas de escrutinio “preñadas”. La ley solo permite que haya 400 electores por Junta Receptora de Votos, pero en comicios anteriores más del 10% de las JRV presentan más de 700 personas y sus votos favorecen de forma holgada al Frente Sandinista.
Como respuesta contra las críticas, el presidente del Poder Electoral, Roberto Rivas, presume de que en estos comicios compiten cinco candidatos más, además de Ortega. Pero todos esos contendores desconocidos por la población y la propia oposición los tilda de “zancudos” y “colaboracionistas”.