90 políticos muertos en 7 meses: esta es la campaña electoral más violenta en la historia de México
CIUDAD DE MÉXICO.- El cuerpo de Adiel Zermann fue encontrado sin vida en la calle el pasado fin de semana. Semidesnudo, con múltiples golpes, huellas de tortura y su propia camiseta atada al cuello. Tenía 39 años y era candidato del partido Morena a la alcaldía de Tenango del Aire, un municipio del céntrico Estado de México.
El de Zermann es el último de una larga lista de homicidios en contra de políticos, en una oleada de violencia registrada desde el pasado septiembre, cuando comenzó el periodo de precampañas electorales en México.
Los homicidios y agresiones continúan al alza, especialmente contra los candidados a cargos locales, pese a que existe un protocolo para garantizar su seguridad, implementado por el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Secretaría de Gobernación.
Según las cifras de la consultoría Etelekt, suman 90 políticos asesinados y más de 180 víctimas de agresiones directas, lo que ha convertido a este proceso electoral no solo como el que tiene más puestos en disputa (3,400) , sino también como el más violento en la historia del país.
En la lista se encuentran 22 precandidatos, 15 exalcaldes, 13 regidores, 13 militantes de partidos con distintos puestos, 10 alcaldes en funciones, siete dirigentes partidistas, cuatro candidatos, dos exregidores, un diputado local, un representante municipal, un exsíndico y un exdiputado federal.
De acuerdo con un informe sobre violencia política publicado en el mes de abril por Etellekt, el 69% de las víctimas fueron directamente asesinadas, mientras que 12 % fueron secuestradas y posteriormente halladas sin vida y con señales de violencia.
Un protocolo de seguridad solo para candidatos
El proceso electoral inició formalmente en septiembre de 2017 con los trabajos previos para que cada partido eligiera a sus candidatos. Pero no fue hasta el mes de abril cuando entró el vigor el Protocolo de protección personal para los candidatos.
El protocolo fue acordado por el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Secretaría de Gobernación (Segob) para asignar seguridad adicional a cualquier candidato que lo solicite, que implica brindar vigilancia y seguridad en el domicilio, traslados y aeropuertos donde se encuentren los candidatos. El acuerdo también incluye seguridad para la familia, si se solicita.
Sin embargo, por los tiempos en que se implementó el programa, no contempló a quienes participaron en el proceso como precandidatos, muchos de los cuales en meses pasados fueron violentados o incluso asesinados en su intento por obtener una candidatura.
El protocolo, que ya se había implementado en elecciones federales desde 2006, señala que, si el solicitante es un candidato a la presidencia, contará con seguridad adicional del Estado Mayor presidencial, así como de la Policía Federal. Por su parte, el resto de los aspirantes como aquellos que buscan alguna diputación, contarán solo con la protección de la Policía Federal y autoridades civiles.
Los aspirantes deben solicitar esta protección a través de la autoridad electoral, pero es la Segob quien autoriza o rechaza la petición. Hasta el pasado 30 de abril, el INE había recibido tan solo 17 solicitudes de protección para candidatos, de los cuales, dos aspiran a la silla presidencial.
El peligro de ser un candidato local
De los cinco candidatos a la presidencia, solo la independiente Jaime Rodríguez ‘El Bronco’ rechazaron hacer una solicitud al señalar que “no tienen nada que temer”.
Sin embargo, la realidad para los candidatos locales del país es muy diferente. Según el informe de Etellekt, el 90% de las agresiones documentadas en su informe fueron contra funcionarios y candidatos del ámbito local.
Para el experto en seguridad nacional Javier Oliva, esta cifra se debe a que en los últimos años, el crimen organizado ha tratado de corromper y vulnerar, en principio, a los gobiernos locales.
“En México lo que está pasando es que las bandas criminales controlan territorios, son espacios de control. Entonces esos atentados son una forma de amedrentar, de garantizar o de rivalizar por el control del territorio”, señaló Oliva.
Según el informe, el 66% de los asesinatos contra políticos sucedieron en los estados de Guerrero, Oaxaca, Puebla, Veracruz y Estado de México, que son en los que, en general, presentan mayores índices de violencia.
Por esta razón, Oliva considera que el nivel de seguridad que se ha ofrecido a los candidatos presidenciales, quienes de forma independiente tienen los medios para contratar seguridad, debería ofrecerse al mismo nivel a los locales. Sin embargo, señala que si todos los que ameritan pidieran seguridad, la capacidad del estado quedaría rebasado.
Zonas de alto riesgo
De acuerdo con Enrique Vargas del Villar, presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes, en especial en este periodo electoral, existen zonas focalizadas de alto riesgo como Durango, Guerrero y Oaxaca, pero sobre todo en Michoacán.
“El crimen organizado, y más en un periodo electoral, se hace sentir en las diferentes zonas para querer mandar sobre los gobiernos municipales. Por eso es muy importante una colaboración con la Segob. Nosotros lo que planteamos es trabajar en un protocolo de seguridad. A nosotros lo que nos toca directamente es resguardar la seguridad de los candidatos que entran en campaña”, dijo.
Asimismo, dirigentes de partidos políticos en diversos estados han realizado una serie de pronunciamientos para exigir la intervención de fuerzas federales. En el estado de Veracruz, el oficalista PRI y Morena solicitaron al Organismo Público Local Electoral (OPLE) un pronunciamiento para que sea atendida esta ola de violencia, en específico en las comunidades de Ayula de Alemán y Acayucan.
De acuerdo con el informe de Etellekt, Veracruz ha sido el tercer estado más violento para candidatos, pues entre el 8 de septiembre de 2017 y el 8 de abril de este año, han sido asesinados ocho políticos, la mitad militantes del PRI.
Para el experto Javier Oliva, la implementación de un protocolo como el del INE y la Segob es el resultado de la ausencia de medidas preventivas suficientes para garantizar un proceso democrático sin la necesidad de incluir fuerzas de seguridad adicionales.
“En este momento estamos frente a medidas correctivas. Es decir, tratar de desmotivar a los criminales a partir de la presencia de personas armadas cerca de los candidatos, lo que da una clara idea de cómo se ha fracasado en las políticas de prevención del delito”, señaló.
