Cómo el caso de Vanessa Guillén presiona para castigar con una nueva ley los abusos en las Fuerzas Armadas
En 1992, Paula Coughlin era una piloto de helicóptero de la Marina cuando denunció uno de los mayores escándalos de abusos sexuales de la historia militar de Estados Unidos.
Mientras asistía a una conferencia militar en septiembre de 1991 en Las Vegas, fue agredida por un numeroso grupo de militares ebrios en lo que se conoció como el escándalo Tailhook.
Aunque otras mujeres presentaron acusaciones similares, nadie fue procesado. Recuerda que cuando le contó a su comandante lo que había ocurrido, le dijeron simplemente: "Eso es lo que pasa".
Ahora, casi 30 años después, Coughlin está entusiasmada por el cambio que por fin cree que está a punto de producirse y que podría ayudar a poner fin a la "epidemia" de abusos sexuales que ella y miles de otras mujeres -y hombres- han sufrido en las Fuerzas Armadas de EEUU.
"Me siento como en el precipicio de un cambio duradero y significativo en el sistema de justicia militar", dijo en un podcast publicado esta semana por el grupo de defensa de las víctimas, Protect Our Defenders (Protege a Nuestros Defensores).
Tras fracasar durante décadas en la tarea de frenar las agresiones y el acoso sexual, el Pentágono parece dispuesto a aceptar un cambio importante en la forma de tratar estos casos, quitando a los oficiales al mando de su función de enjuiciar los casos en sus unidades.
La semana pasada, la senadora neoyorquina Vanessa Guillén, la soldado que fue asesinada en Fort Hood, Texas, el año pasado.
El presidente Joe Biden también ha manifestado su apoyo a la medida.
La piedra angular
Según Eugene R. Fidell de la Facultad de Derecho de Yale, la eliminación de los comandantes de las decisiones judiciales sería posiblemente el cambio más fundamental en el sistema de justicia militar estadounidense desde 1775, refiriéndose a las primeras normas militares del país que fueron adoptadas de Reino Unido.
"Lo que está en juego ahora es lo que yo diría que es la piedra angular del sistema de justicia militar, que es el papel del comandante en la decisión de quién es procesado y por qué", dijo a Univision Noticias.
En la actualidad, los altos mandos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos tienen la potestad de tomar la decisión de remitir o no los cargos de acoso y agresión sexual a un consejo de guerra, en consulta con los abogados militares, denominados JAG por sus siglas en inglés.
Los defensores de la modificación de la ley afirman que ya no se puede confiar en que los mandos militares actúen con imparcialidad, dado su pobre historial de persecución de los abusos, el resultado de la cultura militar y un conflicto de intereses para proteger la reputación de sus unidades, y su propia promoción profesional.
Los datos hablan por sí solos
A lo largo de la última década, los propios datos del Pentágono muestran que las denuncias sin restricciones de agresiones sexuales en las Fuerzas Armadas se han duplicado, pero la tasa de enjuiciamiento y condena se ha reducido a la mitad. Hubo casi 21,000 casos de agresión sexual en 2018, incluyendo a 7,500 hombres, frente a los 14,900 estimados en la anterior encuesta de 2016. El número de mujeres en el Ejército que experimentaron agresiones sexuales aumentó un 50%, de 8,600 en 2016 a 13,000 en 2018.
Los datos militares muestran que los de las Fuerzas Armadas tienen "más probabilidades de ser agredidos sexualmente que de recibir un disparo del enemigo en la guerra", según Gillibrand.
Legislación
A pesar de las grandes esperanzas, aún quedan varios obstáculos por superar antes de que se apruebe la histórica legislación, entre ellos la resolución de las diferencias entre los dos proyectos de ley en la Cámara de Representantes y el Senado.
Ambos proyectos de ley eliminarían la persecución de los abusos sexuales de la cadena de mando y la pondrían en manos de fiscales militares capacitados e independientes. El proyecto de ley de la Cámara de Representantes, liderado por la representante de California Jackie Speier, también permitiría a las víctimas presentar reclamaciones por daños y perjuicios, aunque sólo dentro del sistema militar y no en los tribunales civiles, donde los daños pueden ser mucho mayores.
La versión de Gillibrand, titulada 'Mejora de la Justicia Militar y Aumento de la Prevención', no incluye las reclamaciones por daños, pero cubre una gama más amplia de delitos graves, incluido el asesinato.
Pero fuentes dijeron a Univision Noticias que Gillibrand y Speier están abiertas a trabajar juntas para suavizar las diferencias.
Vanessa Guillén
La legislación cobró un gran impulso tras el asesinato el año pasado de la soldado del Ejército Vanessa Guillén, que denunció haber sido acosada sexualmente en Fort Hood, Texas. Su muerte influyó en la evolución del pensamiento en el Capitolio, según los congresistas, incluyendo la senadora republicana Joni Ernst de Iowa, un ex militar y víctima de abuso.
Ernst itió haber estado indecisa sobre su decisión, hasta que leyó sobre las condiciones en Fort Hood. "Simplemente mostró un clima de mando tan horrible completamente arriba y abajo de la cadena de mando", dijo en una conferencia de prensa la semana pasada.
"Los abusos sexuales en el ejército siempre se pusieron en una burbuja, un tema del que nadie quería hablar, oír o pensar", dijo Natalie Khawam, la abogada de la familia Guillen. "Nos propusimos convertirlo en un tema doméstico y humano. Nuestro duro trabajo y esfuerzo ha dado sus frutos. Ahora somos el movimiento 'Me Too' del ejército", añadió.
Punto de inflexión
El raro apoyo bipartidista es lo que podría marcar la diferencia tras una década de esfuerzos frustrados por aprobar la legislación.
"Estamos en el punto de inflexión perfecto. Va a ocurrir y va a ocurrir este año", dijo el coronel Don Christensen, ex fiscal jefe de las Fuerza Aérea de Estados Unidos y presidente de Protect Our Defenders.
"Lo sorprendente de esto es que hay muy poca legislación [bipartidista] en la que tienes a la senadora Elizabeth Warren (demócrata de Massachusetts) por un lado y al senador Ted Cruz (republicano de Texas) por el otro, de acuerdo", añadió.
El mes pasado, un grupo de expertos del Pentágono formuló una recomendación inicial en la que se respaldaba la idea de crear al fiscal militar independiente. El almirante retirado Mike Mullen, ex jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, también se convirtió en el primer ex militar prominente en apoyar la medida.
"Se están viendo las primeras fisuras", dijo Fidell, señalando los comentarios de Mullen. "Es un cambio muy significativo. Los almirantes y los generales han tendido a mantenerse unidos", dijo.
Algunos expertos cuestionan si la legislación va lo suficientemente lejos, diciendo que la única respuesta es seguir lo que otros países han hecho y permitir que todos los delitos sean procesados en un tribunal civil, incluyendo las demandas por daños y perjuicios.
Insuficiente
"Es la apariencia de una victoria, pero todo es artificial", dijo el mayor Dwight Stirling, fundador del Centro de Derecho y Política Militar, que también es un fiscal militar en la Guardia Nacional de California.
"Si el objetivo es disuadir la violencia sexual, hay que poner al malhechor, al que ejerce esa violencia, a juicio en un tribunal civil", dijo.
Hace años, Reino Unido, Canadá, Australia, Sudáfrica e Israel permitieron que los tribunales civiles se ocuparan de los delitos graves en sus fuerzas armadas. Todos tienen tasas mucho más bajas de abusos sexuales en las filas.
Los proyectos de ley actuales seguirían permitiendo a los militares controlar el proceso. "Todo sigue en la cadena de mando. Sigue siendo el zorro cuidando el gallinero", dijo.
Aunque muchos defensores de la reforma estén de acuerdo con ello, se preguntan si es políticamente viable. "¿Será una solución mágica? De repente las agresiones sexuales desaparecerán y todo el mundo estará contento, no", dijo Christensen. "Pero lo que hace es prepararnos para el éxito futuro. Creo que veremos más condenas", añadió, señalando que los mandos militares suelen tener conflictos y carecen de la experiencia que tendrían los fiscales independientes.
"Toda mi vida sería diferente"
Coughlin se muestra emocionada ante la perspectiva de un cambio, sobre todo al recordar su propia batalla por la justicia hace 30 años. "En 1991 no tenía ninguna organización, ni la Ley de Mejora y Prevención de la Justicia Militar, a la que acudir en busca de apoyo", dijo.
Entonces las víctimas estaban casi indefensas, sin recursos legales, como el Defensor Especial de las Víctimas que existe hoy. "Cuando se me ordenó hacer terapia, mis registros de terapia se convirtieron en una lectura ligera distribuida a través de mi cadena de mando", dijo.
Utilizando los datos del Pentágono, calcula que desde 1991 ha habido unas 600.000 agresiones sexuales en el ejército. "Son carreras que podrían haberse salvado, vidas que podrían haberse salvado", dijo.
Por eso es tan importante para ella retirar a los mandos el control de los procesos. "Si el sistema de justicia militar hubiera obligado a mi comandante a entregar mi caso a un profesional capacitado, toda mi vida sería diferente", dijo.
