“Quiero que los saquen a patadas”: políticos crearon una ley que expulsó a varias familias hispanas y ahora son demandados
LOS ÁNGELES, California.- A finales de 2015, antes de que la retórica antiinmigrante se volviera común en Estados Unidos, un pequeño cuerpo legislativo de California sentó su propio precedente en un intento por expulsar a la mayor cantidad posible de hispanos y negros de su ciudad, considerándolo un creciente “problema demográfico” que debían resolver a como diera lugar.
Los concejales de Hesperia, a unas 78 millas al noreste de Los Ángeles, tacharon a ambos grupos de criminales, personas “antisociales” y una “plaga” que abusaba de la asistencia gubernamental. Con esa mentalidad redactaron una ordenanza relacionada con la vivienda alquilada y que, según ellos, fuese similar a “llamar a un exterminador para matar a las cucarachas”.
Con el apoyo del Sheriff del condado de San Bernardino, que dio cifras delictivas sesgadas para sustentar sus dichos, los políticos promulgaron el 17 de noviembre de 2015 una norma que exigía verificar los antecedentes penales de todos los inquilinos adultos y facilitó su expulsión con una simple queja.
La ordenanza, que estuvo en vigor entre el 1 de enero de 2016 y el 18 de julio de 2017, les dio el poder a los dueños de viviendas de sacar a los arrendatarios problemáticos o no deseados solo denunciando ante el Sheriff que éstos habían participado en cualquier actividad criminal dentro o cerca de las propiedades. El problema es que la agencia policiaca no verificaba si las acusaciones eran ciertas.
El resultado fue un desalojo masivo de familias hispanas y afroamericanas, incluyendo niños y víctimas de violencia doméstica, alega una demanda interpuesta este lunes por el Distrito del Centro de California del Departamento de Justicia (DOJ).
Esa denuncia penal se basa en una investigación que encontró que las minorías eran significativamente más propensas a ser desalojadas, en comparación con los blancos, bajo la ordenanza. También se descubrió que las expulsiones ocurrieron desproporcionadamente en vecindarios de color.
Según la queja del DOJ, los inquilinos latinos tenían un 29% más de probabilidades de ser echados. Mientras que la base de datos del Sheriff de San Bernardino mostró que el 96% de las personas sujetas a desalojos por la norma local eran habitantes de comunidades de minorías.
En base a estos y otros hallazgos, el Departamento federal de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) determinó que existía una causa razonable para creer que Hesperia y el Sheriff de esa región habían participado en “prácticas discriminatorias e ilegales” que violaron la ley federal de vivienda.
“La ciudad ama la diversidad”
La demanda del DOJ va directo al grano: asegura que los funcionarios de ese municipio (donde los habitantes hispanos pasaron de 18,400 en el año 2000 a 44,091 en 2010, un salto del 140%) solo promulgaron la ordenanza para expulsar a los inquilinos afroamericanos y latinos de Hesperia.
“Proteger al público es una de las tareas más importantes de los gobiernos locales y los departamentos de Policía, y el público les confía un enorme poder para llevar a cabo esa tarea. No les permitiremos abusar de ese poder al privar a las personas de sus derechos”, dijo el fiscal federal Nick Hanna.
Anna María Farías, subsecretaria de Equidad de Vivienda e Igualdad de Oportunidades de HUD, subrayó: “Las personas y las familias tienen derecho a vivir donde elijan, independientemente de su raza u origen”.
A través de un comunicado enviado a esta redacción, Rachel Molina, asistente de la oficina del gerente de la ciudad de Hesperia, respondió que los alegatos del DOJ son “inexactos” y mencionó que tienen la intención de “defenderse vigorosamente” en los tribunales.
“La ciudad ama y abraza la diversidad en Hesperia. La ordenanza ‘Libre de delitos’ no se dirigió de ninguna manera a nadie”, agregó la funcionaria.
El Sheriff de San Bernardino, por su parte, no se ha pronunciado al respecto.
Así se promulgó la norma local
Esta acusación federal incluye varios comentarios que supuestamente dijeron los gobernantes de Hesperia a finales de 2015, cuando se promulgó esa ley municipal. Algunos son racistas y xenófobos.
Por ejemplo, el entonces concejal Russ Blewett declaró que el propósito de la ordenanza era “corregir un problema demográfico” y señaló que “no le importaba” que se opusieran los dueños y las organizaciones. También declaró que ese municipio necesitaba “mejorar nuestra demografía” y que “ese tipo de personas”, como llamó a los hispanos y negros, no eran de “valor para esta comunidad”.
“Quiero que los saquen a patadas de esta comunidad tan rápido como pueda”, concluyó.
Quien en ese tiempo era el alcalde, Eric Schmidt, reclamó que varios recién llegados provenían del condado de Los Ángeles (donde el 50% de la población es hispana) y que su objetivo era encontrar vivienda barata, pero también “un lugar para esconderse”, sugiriendo que se trataba de delincuentes.
“Vienen de otro lugar con su historia contaminada”, exclamó Schmidt, según la demanda.
Al tiempo que Bill Holland, quien aún es alcalde Pro Tem, declaró: “Estamos persiguiendo quirúrgicamente a esos elementos que crean una cantidad excesiva de problemas en cada vecindario”.
Además, aplaudió que sus colegas estaban “tratando de eliminarlos y hacer que se vayan a otro lugar”.
Holland explicó que el propósito de la ley era que los dueños de casas y apartamentos se libraran de una “plaga” y comparó su finalidad con “llamar a un exterminador para matar a las cucarachas”.
En el mismo tenor habló el exconcejal Mike Leonard, quien dijo que los nuevos habitantes de la ciudad “no son personas amigables” y les pidió a los otros ediles: “tenemos que sacarlos de aquí”.
El capitán Nils Bentsen, de la estación en Hesperia del Sheriff de San Bernardino y quien después se convirtió en el gerente de esa ciudad, se sumó a la ola de críticas alegando que los hispanos y negros eran “antisociales”. También proporcionó cifras incompletas para sustentar sus temores.
Bentsen afirmó que en 2014, un 33% de las llamadas al 911 en esa localidad provenían de propiedades alquiladas, pero no excluyó de sus datos los reportes que no estaban relacionados con actividades criminales, menciona la demanda del DOJ.
El capitán del Sheriff le dio al Concejo otro dato sesgado: que nueve de los diez homicidios registrados en Hesperia entre 2012 y 2014 ocurrieron en casas rentadas.
Lo cierto es que estudio tras estudio confirma que los inmigrantes hispanos no cometen más crímenes, comparado con las personas nacidas en este país. Lo mismo ocurre en relación con los que acuden a programas de asistencia gubernamental para alimentación y vivienda.
Ni Bentsen, ni Holland, quienes siguen trabajando para el gobierno municipal, respondieron a los mensajes enviados por Univision Noticias solicitando un comentario. No fue posible localizar a los otros exconcejales mencionados en la querella de la Fiscalía.
La Ley federal de Equidad de Vivienda prohíbe la discriminación en la vivienda por motivos de etnia, religión, sexo, estatus familiar, origen y discapacidad. Usted puede someter una queja en este enlace.
