Madres inmigrantes detenidas en una cárcel de ICE le piden a Obama que las libere antes de que Trump tome posesión
Un grupo de madres inmigrantes centroamericanas, que permanecen desde 2015 en un centro de detención de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), le enviaron una carta al presidente Barack Obama para pedirle que las deje libres antes de la toma de posesión del presidente electo Donald Trump.
“Nos dirigimos a usted un grupo de madres que nos encontramos encerradas desde hace 17 meses en el Centro Residencial de Detención de ICE en el condado de Berks, Pennsylvania. Somos 16 familias que venimos buscando refugio, protección y ayuda por parte de Estados Unidos”, se lee en la misiva.
“Mas sin embargo, nos encontramos en una situación en la cual no sabemos qué va a pasar con nosotras, especialmente en esta nueva etapa de transición de gobierno, por lo cual le pedimos que tome consciencia y nos de la oportunidad de, finalmente, poder ser libres”, agregan.
Oleada migratoria
Las inmigrantes, todas de origen centroamericano, se encuentran privadas de libertad con niños menores de edad entre los dos y 13 años. Fueron arrestadas en un tramo de la frontera entre Texas y México cuando intentaban ingresar indocumentadas al país y pidieron asilo.
El grupo forma parte de la oleada migratoria que desde hace tres años se registra en la frontera, mayormente integrado por niños solos. En los dos primeros meses del año fiscal 2017 (octubre y noviembre de 2016), la crisis amenaza con romper todos los récords con más de 7,000 aprehensiones, de acuerdo con datos de la Patrulla Fronteriza.
La mayoría de los detenidos provienen del denominado Triángulo del Norte, integrado por El Salvador, Guatemala y Honduras, y también México, quienes vienen a Estados Unidos huyendo de la violencia y la pobreza.
Situación “desesperante”
“La única falta que cometimos fue entrar sin permiso a Estados Unidos, por la única razón de proteger la vida de nuestros hijos de la violencia extrema que vivimos en nuestros países. Nos encontramos en una situación desesperante”, indican las detenidas.
En agosto del año pasado una veintena de inmigrantes participaron en una huelga de hambre para pedirle al gobierno la oportunidad de esperar, en libertad, la resolución de sus casos de asilo en las cortes de inmigración. Dos semanas después la protesta fue cancelada por miedo a que las autoridades federales les quitaran las custodias de sus hijos. La huelga fue sustituida por un ayuno.
A finales de ese mes, la Corte Federal de Apelaciones del 3er Circuito emitió un dictamen negando las peticiones de asilo de 28 mujeres madres de familia. En el fallo un de tres jueces argumentó que los temores de que enfrentarían violencia en sus países de origen "no son creíbles".
Todas habían pedido asilo en la frontera pero sus casos fueron negados resultando en una orden de deportación.
El juez D. Brooks Smith anotó en el dictamen que los del eran "comprensivos de la condición difícil" de las peticionarias, pero apuntó que las mujeres habían llegado al país "subrepticiamente" y no tenían derecho a protecciones constitucionales.
En tela de juicio
En noviembre del 2015 la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) hizo una petición de Habeas Corpus a nombre de las 28 inmigrantes. El recurso, conocido como caso ‘Castro v. Department of Homeland Security’, alegó que las entrevistas hechas por los agentes de inmigración en la frontera fueron superficiales y por ello no otorgaron las protecciones.
El grupo de derechos civiles explicó que el proceso de deportaciones iniciado por el gobierno fue “defectuoso” y llevó a tomar decisiones que tildó de “incorrectas”. Precisó además que en muchos casos los inmigrantes que huyen de sus países no han tenido la capacidad de desafiar la legalidad de sus expulsiones una vez les niegan los pedidos de protección.
“La corte federal nos ha extendido un amparo mientras nuestros abogados piden a la Corte Suprema que evalúe nuestro caso”, dice el grupo en la carta dirigida a Obama. “Hasta que esta Corte tome una decisión final, no nos pueden deportar”, indicaron.
Añaden que “mientras esperamos que la Corte Suprema considere de manera justa los derechos fundamentales de las personas que buscamos refugio y asilo, también le rogamos a usted y a su istración que considere el daño que esta detención prolongada nos ha causado a nosotros, las madres y niños que hemos vivido detenidos por tanto tiempo”.
Tres ejemplos
En las explicaciones incluidas en el recurso de Habeas Corpus, la ACLU detalló que entre las afectadas por el rechazo a las peticiones de asilo había una madre salvadoreña y su hija de dos años que huyeron para escapar de graves abusos físicos a manos de la madre de una expareja del padre de su niña, quien la violó y la amenazó de muerte.
Otra inmigrante y su hijo de siete años, indica, huyeron de Honduras para escapar de un líder de la banda criminal que amenazó con matar a la mujer y secuestrar al niño si ella continuaba resistiéndose a sus avances sexuales.
Un tercer caso involucra a una madre y su hijo de siete años, ambos originarios de El Salvador, quienes fueron amenazados de muerte por una pandilla (mara) porque el padre del menor había colaborado con la policía local.
Las tres familias, dijo ACLU, recibieron una orden de deportación luego que les negaran sus casos durante “una breve entrevista”, y alega que “estas madres y niños nunca tuvieron la oportunidad de presentar sus casos ante un juez de inmigración. Deportarlos sería “devolverlos a la persecución que originó sus huidas y la búsqueda de asilo”, apuntó.
Miedo a flor de piel
En agosto varias de las madres de Berks le dijeron a Univision Noticias que si el gobierno las deporta a sus países de origen, “nos matan”. Luego, en un correo electrónico, aseguraron que “si nos deportan, pues llegaríamos a la boca del lobo, al infierno donde hace un año estábamos desesperadas por salir tratando de buscar ayuda".
Las inmigrantes no han revelado sus nombres por miedo a sufrir represalias por las protestas que han llevado a cabo. ICE, por su parte, ha dicho a Univision Noticias, a través de un correos electrónicos, que "se toma muy en serio la salud, la seguridad y el bienestar de las personas bajo nuestra atención", y que ha seguido de cerca lo que está ocurriendo en el centro familiar de inmigrantes del condado de Berks.
"El Centro Residencial Condado de Berks está dotado con servicios atención de salud mental y física con los que son tratados los residentes, y que son monitoreados", agrega.
La agencia federal también dijo que respeta los derechos de todas las personas y que no habrá represalias.
A pesar de ello, el grupo dice que “no es justo pasar dos Navidades con nuestros hijos encarcelados. Están mal psicológicamente y necesitan atención médica especializada. Al ver a nuestros hijos detenidos por tanto tiempo, las madres nos sentimos impotentes pues ellos lloran y nos preguntan ¿cuándo saldremos de esta cárcel? ¿Cuándo podremos tener una vida normal?”
Debido proceso
En otra parte de la carta a Obama, las mujeres inmigrantes dicen que “todo lo que pedimos es una oportunidad de presentar nuestro caso de asilo para poder permanecer en este país. Sentimos que no podemos regresar a nuestros países de origen. Las condiciones para las mujeres y los niños en nuestros países se empeoran cada día más, y por esto, cada día tememos más por nuestras vidas y las vidas de nuestros hijos”.
La ACLU tiene activa una campaña de apoyo a los inmigrantes del centro de ICE en Berks y señala que “necesitan seguridad, no detención”. En una de sus páginas de internet ha recolectado más de 30,000 firmas pidiéndole al gobierno que las libere mientras esperan el fallo de los jueces.
“Las mujeres y los niños de América Central están encerrados (…) sin cargos criminales y están siendo amenazados con la deportación para regresar a la violencia de bandas criminales de las cuales escaparon en busca de refugio”, dice la organización.
“Lo único que le pedimos (al presidente Obama) es que nos perdone… Usted que todavía tiene el poder de hacerlo, y que nos permita reunirnos con nuestras familias, quienes nos están esperando desde el 2015”.
La postura oficial
La Casa Blanca, desde que estalló la oleada migratoria en la Frontera a mediados de 2014, dice que todos enfrentan un proceso de deportación. Una ley aprobada en 2008 por el Congreso para prevenir el tráfico humano, señala que los menores indocumentados que no provengan de México o Canadá y que sean detenidos en la frontera, no pueden ser deportados automáticamente, sino que un juez de inmigración decida sus futuros en Estados Unidos.
A mediados de septiembre del año pasado Univision Noticias reportó que los atrasos en las cortes de inmigración estaban lejos de una solución a corto o mediano plazo. Por lo menos eso se desprendió de un informe del Centro de Información de a Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse de Nueva York: en julio había 502,794 casos acumulados. El año pasado el número de casos pendientes era de 456,216. En lo que va del año fiscal 2017, la cifra ya supera los 522,000.
La Asociación Nacional de Jueces Migratorios (NAIJ) ha advertido que el problema está creciendo peligrosamente, y que el atasco causa estragos, por ejemplo, en los casos de asilo. La NAIJ dice que en estos momentos se están programando miles de audiencias, algunas para más allá del 2017, y algunos abogados dicen que para el 2020.
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