Qué significa la eliminación de la política de 'capturar y liberar' (catch and release)
El presidente Donald Trump eliminó el miércoles el sistema de capturar y liberar (catch and release), la práctica consistente en dejar libres a inmigrantes indocumentados que sean detenidos mientras se resuelve su caso en suelo estadounidense.
En una orden ejecutiva firmada este miércoles, el mandatario instruye al jefe de la seguridad nacional, John Kelly, para “que adopte todas las medidas apropiadas para asegurar la detención de extranjeros aprehendidos por violaciones a las leyes de inmigración, y que permanecen en espera del resultado de su proceso de deportación en la medida que la ley lo permita”.
Trump había prometido, al comienzo de su campaña, que deportaría a la totalidad de los 11 millones de indocumentados que hay en el país, pero luego dijo que priorizaría la deportación de hasta tres millones de indocumentados con antecedentes criminales. El decreto establece que el Secretario de Seguridad Nacional comunicará la nueva política a todo su personal (que involucra a una veintena de agencias) “respecto al uso apropiado y consistente de la autoridad de detención legal bajo la Ley de Inmigración”, entre la que se incluye “la práctica conocida comúnmente como "captura y liberación".
De qué se trata
“La práctica de capturar y liberar ya no estaba operativa”, explica Lilia Velásquez, profesora adjunta de la facultad de leyes de la Universidad de California en San Diego. “Hace un tiempo dejó de usarse y permitía que un extranjero fuera liberado después de ser aprehendido, por ejemplo, por una infracción de tránsito y no tuviera ningún otro crimen”.
“No se trata de un procedimiento estándar, sino del uso de la discreción del agente que la utiliza”, agregó.
Sin embargo, las autoridades de inmigración han liberado a miles de indocumentados que han entrado en los últimos años al país en busca de asilo y que se encuentran en proceso de deportación.
“Los liberamos porque no hay recursos suficientes y la infraestructura actual no da abasto para mantenerlos detenidos”, dijeron fuentes del DHS consultadas por Univision Noticias que pidieron no revelar sus nombres. “Se ha utilizado la discrecionalidad no la práctica de detener y liberar”.
Ninguna ciudad es igual a otra
Velásquez dijo además que la práctica de liberar a indocumentados “es un tanto complicado” porque “varía dependiendo del lugar donde nos encontremos en Estados Unidos”.
“Cada ciudad tiene sus propias normas de discrecionalidad para no detener y entregar a inmigración a personas que no tengan antecedentes criminales, o una orden de deportación”, indicó. “Y si a eso le agregamos las ciudades santuario, significa que las autoridades de esos lugares no van a cooperar con las autoridades federales en materia de inmigración, porque no están dispuestos a permitir que un individuo arrestado por una luz quemada en su automóvil lo vayan a colocar en proceso de deportación”.
Segú Velásquez, a más del 99% de los indocumentados “no se les persigue criminalmente porque las autoridades no tienen los recursos, ni humanos ni económicos para hacerlo. Y aunque los detienen por una razón legítima, por el solo hecho de ser indocumentado y violar una ley federal, a los estados no les incumbe”.
Cortes colapsadas
Otro problema para el gobierno de Trump será procesar a los indocumentados que detenga y coloque en proceso de deportación.
“Las cortes de inmigración tienen más de 533,000 casos acumulados”, dice Velásquez. “Y no creo que el gobierno tenga la disposición de enjuiciarlos. Yo pienso que se trata de una medida lanzada al aire para sentarse a ver qué va a suceder con ella”.
“Y al final del día no importa lo de las órdenes ejecutivas o lo que quisiera hacer el presidente”, advirtió, “lo que tenemos que ver es si en verdad lo que propone puede llevarse a cabo. Porque si no hay recursos suficientes, esa nueva política no va a tener efecto”.
La fuerza nacional de deportación
La eliminación de la práctica de detener y liberar va acompañada de la activación de la Sección 287(g) de la ley de inmigración, que permite al gobierno federal hacer acuerdos con los estados y ciudades para que sus policías colaboren en la detención de indocumentados.
“Esto tampoco es nuevo”, dice Nelson Castillo, un abogado de inmigración que ejerce en Los Angeles, California. “Ya se hizo hace unos años”, bajo el gobierno de Bush (2001-2009). Y en cuanto a la eliminación de la política de detener y liberar, “eso tampoco es nuevo”, agregó.
“Mire, si la persona es detenida en la frontera actualmente son prioridad rápida y expedita de deportación, con excepción de las personas que pueden demostrar una razón válida para quedarse y piden asilo para una entrevista de miedo creíble”.
De vuelta al pasado
Castillo también explica que la orden ejecutiva de Trump donde ordena la eliminación de la política de detener y liberar, que además cancela las prioridades de deportación de 2014, anula las ciudades santuario y activa el programa 287(g), “en mi forma de ver son las mismas prioridades que han estado en los libros de inmigración de antes”.
“Y antes también las personas que pudieran estar sujetas a deportación, y no tenían una razón para quedarse legalmente en el país, eran expulsadas”, dijo.
“La diferencia está en que ahora expande la lista de razones para deportar a una persona, y afecta incluso a quienes no han cometido crímenes graves. Podemos decir que se trata de una forma extensa de enforzar las leyes de inmigración en su totalidad”, dijo.
A la pregunta si la orden entra inmediatamente en vigor, Castillo dijo que “todo esto ahora debe reglamentarse. Cada parte de la orden tiene que que ser consistente con las leyes actuales, y el ejecutivo debe asignar los fondos que sean necesarios”.
Un riesgo a prevenir, dijeron activistas y organizaciones consultadas por Univision Noticias, es que las nuevas directrices ordenadas por Trump no se conviertan en el primer paso para criminalizar la estadía indocumentada, por ahora una falta de carácter civil.
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