Activistas cuestionan la capacidad del gobierno de resolver la "pesadilla logística" que creó en la frontera
El incumplimiento del gobierno de Donald Trump al fallo de una corte federal que fijó un plazo hasta el 10 de julio para reunificar a todos los inmigrantes menores de 5 años con sus padres, desató una lluvia de criticas y despertó interrogantes respecto a si tiene la capacidad para hacerlo.
Pasada la medianoche del martes, el gobierno reconoció que sólo había reunificado a 38 menores de una lista de 102 que había entregado el fin de semana al juez Dana Sabraw, quien preside la Corte Federal de San Diego, en el sur de California.
El Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS), dependencia que asumió el cuidado de los menores tras ser detenidos y separados en la frontera por la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP), aseguró que los otros 64 no fueron reunificados por la imposibilidad de comprobar la relación de parentesco a tiempo, según un reporte de la cadena CNN.
“Es extremadamente decepcionante que el gobierno no cumpla plenamente con la orden judicial, pero el juez intervino para manejar este lío de la istración", dijo Lee Grant, abogado de la Unión de Libertades Civiles Estadounidenses (ACLU), organización que lideró la demanda en contra de la política de separación de niños del gobierno de Trump.
ACLU acusó al gobierno de Trump de separar de manera reiterada a las familias inmigrantes que buscan asilo en Estados Unidos, como parte de la implementación de su política de ‘tolerancia cero’ en la frontera.
Hasta antes de la implementación de esta política, los padres o madres eran procesados juntamente con sus hijos más jóvenes al llegar al país y ser detenidos por la Patrulla Fronteriza. Pero el grupo de derechos civiles argumentó que ya no es así para muchos inmigrantes.
El texto, presentado en la corte de Sabraw, advierte que los adultos y los menores fueron llevados a diferentes centros de detención.
Desmantelaron el proceso
La separación de familias en la frontera causó una larga lista de problemas que el gobierno de Trump, al parecer, no tuvo en cuenta y/o careció de la capacidad para preverlos o solucionarlos una vez generados.
“El gobierno no midió y no conoce el impacto y el alcance del proceso jurídico de inmigración”, indica Ezequiel Hernández, un abogado de inmigración que ejerce en Phoenix, Arizona, y colabora frecuentemente con la redacción de Univision Noticias.
La reunificación de menores que fueron separados en la frontera “No es algo que se puede hacer en 14 días. Es por eso que debieron tener cuidado al momento de crear las órdenes ejecutivas, porque desmantelan el debido proceso migratorio”, agregó.
“Un juez federal le dio a Trump 14 días para reunir a TODOS los niños menores de 5 años. La istración ha estado luchando para resolver la pesadilla logística”, escribió la ACLU en una de sus cuentas en Twitter. “Hemos estado en la corte durante los últimos 3 días con un mensaje simple: soluciona el problema que cometiste. #FamiliesBelongTogether (Las Familias Permanecen Juntas)”, agregó.
Política “desalmada”
El incumplimiento del plazo para reunificar a los 102 menores de 5 años “habla mal del gobierno de Trump, muy mal”, dice Lilia Velásquez, profesora adjunta de la facultad de leyes de la Universidad de California en San Diego. “Tienen problemas de logística bastante fuertes, no tienen claro cómo ubicar a los niños, no saben con claridad dónde se encuentran, cómo ubicarlos. Tienen un sistema muy malo para localizarlos y reunificarlos con sus padres, no vemos que existan reportes actualizados”, agregó.
Velásquez dijo además que “es lo más ridículo que hemos visto”. Pero advierte que el problema mayor no es el incumplimiento del plazo para la reunificación, “sino el que al menos 9 padres fueron deportados sin sus pequeños”.
“Mire ahora las consecuencias”, precisó. “Si no pueden encontrar a los niños que ellos separaron, cómo van a poder encontrar a los padres que ya deportaron para reunificarlos a tiempo y cumplir con la orden del juez. Eso es prácticamente imposible”.
La abogada, que ejerce desde hace más de 30 años el derecho migratorio en California, se pregunta “cómo fue posible que hayan deportado a los padres sin sus hijos, cómo pudieron ser tan desalmados. Los sacaron sin ellos. Eso habla todavía peor del gobierno de Trump, porque sabiendo que los hijos estaban aquí, no dejaron que los padres se reunificaran con ellos. Eso es algo que no tiene nombre. Sabían que no era correcto y de todas maneras los deportaron”.
Drama humano
Activistas que defienden los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos señalan que la política de tolerancia cero del gobierno de Trump en la frontera generó un drama humano sin precedentes.
“Desdichadamente no cumplieron con la reunificación”, dice Abel Núñez, director ejecutivo del Central American Resource Center (CARECEN). “Cuando aplicaron la tolerancia cero en la frontera no estaban preparados pasa saber dónde iban a poner a los niños”.
“Y cuando la corte ordenó que los reunificaran, vimos a la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP) e ICE señalando que no sabían cómo reconectarlos”, añadió.
Núñez dice además que, debido al fallo del juez Sabraw, “el gobierno ahora tiene que limpiar el error que causó a estos inmigrantes y restituirles cuanto antes sus derechos como personas y como familias”.
“Se trata de seres humanos que huyeron de sus países en busca de asilo, no son criminales. Ellos escaparon de naciones donde Estados Unidos ha jugado un papel tal que explican las razones por las cuales están escapando”, indica el activista.
Y ahora qué
Si bien por ahora el incumplimiento del gobierno a la orden de reunificación no ha tenido consecuencias punitivas, el juez Sabraw ha solicitado a los abogados del gobierno que amplíen los argumentos para conbocer por qué no todos los niños menores de 5 años que reúnen los requisitos para ser reunificados no han sido entregados a sus padres.
Sabraw también dispuso que convocará a nuevas audiencias a medida que continúan las reunificaciones, tanto para el grupo de menores de 5 años y mayores de 5 años, cuyo plazo para este segundo grupo vence el 26 de julio.
Velásquez recordó que, entre los años 2014 y el 2016, “las cortes le pusieron plazos al gobierno para liberar a menores privados de libertad (en cumplimiento del acuerdo Flores de 1997), y una y otra vez no cumplieron. Siempre hubo excusas. Le dijeron a la corte que estaban ‘actuando de la manera más ágil, pero nos hemos enfrentado con problemas. Pero los estamos afrontando de buena fe, para cumplir’. Y con eso los perdonaron. Ahora puede que estemos viendo lo mismo”.
A la pregunta si puede repetirse el mismo escenario, indicó que “todavía no vemos que se haya castigado a nadie del gobierno porque no hayan cumplido con las órdenes y plazos que ponen los tribunales. Y seguimos viendo que el gobierno federal insiste en demostrar su buena fe para intentar cumplir con un dictamen y con ello insistir en que la corte solo vea sus buenas intenciones, pero no derecho de los niños de estar junto con sus padres, libres”, dijo Velásquez.
