Ahora cientos de miles de ciudadanos no se escapan de la política de 'tolerancia cero' del gobierno de Trump
La política de buscan asilo, quienes llevan algún tiempo viviendo legalmente en el país o son residentes legales permanentes (LPR, por su sigla en inglés). Pero, aunque parezca sorprendente, incluye igualmente a miles de ciudadanos, algunos desde hace más de tres décadas y que están siendo investigados por una oficina especial creada en enero de 2017.
Hasta ahora, cerca de 100 casos de un total de 315,000 naturalizaciones puestas en duda por supuesto fraude, han sido referidos al Departamento de Justicia para iniciarles un proceso de desnaturalización civil, que puede resultar en la pérdida de la ciudadanía y, dependiendo del tipo de fraude cometido durante el trámite, puede derivar en un proceso de deportación.
Pero las investigaciones continúan y el gobierno estima un aumento en el número de juicios en el corto plazo. “Se espera que la cantidad de casos que serán considerados para desnaturalización civil aumente a medida que se integren registros de huellas dactilares adicionales en IDENT (Automated Biometric Identification System)”, dijo a Univision Noticias Michael Bars, portavoz de USCIS.
IDENT es una base de datos que opera bajo el control del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) cuya información es utilizada tanto para fines de inmigración, inteligencia, análisis u otros usos istrativos. El programa fue desarrollado originalmente en 1994 como un sistema de recopilación y procesamiento biométrico para el desaparecido Servicio de Inmigración y Naturalización (INS), pero hoy en día la herramienta se considera el principal sistema para la identificación biométrica y verificación de personas en procesos relacionados con el DHS, entre ellos los extranjeros que piden convertirse en ciudadanos estadounidenses.
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El primer aviso
El 9 de enero el Departamento de Justicia (DOJ) dio a conocer pormenores de ‘Janus’, un operativo que puso bajo sospecha 315,000 ciudadanías por naturalización, luego de que se determinó que las huellas dactilares de esos casos no existían en la base de datos central de la USCIS.
Las autoridades sospecharon en ese momento que algunos de esos cientos de miles de naturalizaciones podrían estar relacionados con procesos hechos con la intención explícita de evitar revelar antecedentes criminales que hubiesen frenado tales ciudadanías.
Uno de los casos descubiertos correspondió al del ciudadano naturalizado de origen indio Basljunder Singh, alias “Davinder”. Singh llegó a Estados Unidos el 25 de septiembre de 1991 sin ningún documento que probara su identidad. Una vez procesado, fue puesto en proceso de deportación, pero no se presentó a su audiencia de inmigración y un juez emitió una orden de deportación en ausencia el 7 de enero de 1992.
Cuatro semanas después, el 6 de febrero de 1992, Singh presentó una solicitud de asilo bajo el nombre de Baljinder Singh. En el documento afirmó ser un indio que ingresó al país sin inspección.
Singh abandonó esa solicitud después de que se casó con una ciudadana estadounidense que presentó una solicitud de residencia en su nombre. El inmigrante se naturalizó bajo el nombre de Baljinder Singh el 28 de julio de 2006 y desde entonces residió en Carteret, Nueva Jersey.
El caso Singh fue llevado a los tribunales. Un juez de Nueva Jersey ordenó luego la revocación de la ciudadanía estadounidense por naturalización a Basljunder Singh, alias ‘Davinder’, dictamen que cambió de ciudadano naturalizado a residente legal permanente, situación que lo convirtió potencialmente sujeto a procedimiento de deportación a discreción del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), explicó el DOJ.
El segundo aviso
La segunda semana de junio USCIS anunció fondos adicionales para una oficina en Los Ángeles, California, encargada de identificar a las personas que sospeche hayan hecho trampa para conseguir su naturalización. Y que iniciará un proceso judicial para retirarlas.
El director de la agencia, L. Francis Cissna, dijo en esa ocasión que la USCIS había contratado a decenas de abogados y agentes de inmigración para revisar los casos de inmigrantes que tenían orden de deportación y presuntamente utilizaron identidades falsas para conseguir después tarjetas de residencia (green card) y posteriormente la ciudadanía.
“La oficina de USCIS en el sur de California servirá como una localidad central para revisar y referir al Departamento de Justicia procesos de desnaturalización civil aquellos casos apropiados en los que las personas a quienes se les había ordenado la deportación, usaron múltiples identidades intencionalmente para cometer fraude contra el gobierno y contra los estadounidenses para obtener la ciudadanía.”, explicó Bars.
El vocero agregó que la oficina de California viene trabajando en el programa de revisiones desde enero de 2017, y que el anuncio hecho en junio por Cissna fue para dar a conocer nuevos fondos para contratar personal adicional que se sumará a las investigaciones.
Más escrutinios
“ Ahora el proceso para obtener la ciudadanía es más estricto que antes, pero pocas cosas han cambiado”, dice José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida. “Lo que sí ha aumentado son las demoras para que aprueben un caso y la persona se convierta en ciudadano estadounidense”, agrega.
Respecto a la oficina que viene funcionando en Los Ángeles, Guerrero dijo que “su trabajo se centra específicamente para revisar casos de los años 90 y revocar aquellos donde las personas hayan cometido crímenes o mentido durante el proceso”.
Advirtió que las demoras “tendrán impacto en los tiempos de procesamiento de las solicitudes N-400” y advirtió que el procedimiento para que le retiren la ciudadanía a una persona “se trata de un proceso complejo que se ventila en los tribunales de justicia”.
“El caso lo lleva una corte federal”, explicó. “En ese tribunal el ciudadano naturalizado tiene derecho a defenderse y presentar sus argumentos ante el juez. Y en caso de perder el juicio y le retiren la ciudadanía, la persona vuelve a su estado migratorio anterior, de residente legal permanente”.
“Ahora bien”, agregó Guerrero, “dependiendo del crimen cometido, serán las cortes de inmigración la instancia judicial que determinará si esa persona puede permanecer o no en Estados Unidos. Hay que recordar que ciertas faltas convierten a un residente en una persona deportable de Estados Unidos”, indicó.
El fraude figura en la lista de crímenes que derivan en la pérdida del beneficio de permanencia de un extranjero y la posterior deportación del país.
Por lo general, los abogados siempre han dicho a las personas que es casi imposible que les revoquen su ciudadanía por naturalización, pero después del Operativo Janus, “esos tiempos se acabaron”, dice Lilia Velásquez, profesora adjunta de la facultad de leyes de la Universidad de California en San Diego.
Razones oficiales
Cissna asegura que en el pasado reciente los agentes de la USCIS tenían una “capacidad limitada” para garantizar que las leyes de inmigración se ejecutaran fielmente, un argumento común utilizado por el gobierno de Trump desde que llegó a la Casa Blanca el 20 de enero de 2017.
El servicio de inmigración aclara que su objetivo es “ identificar actos deliberados de fraude relacionados con la falsificación o el uso de identidades falsas”, y asegura que “hacemos todo lo posible para garantizar que las personas no sean susceptibles a errores, malentendidos o circunstancias especiales”.
“Aquellos que hayan obtenido el gran privilegio de la ciudadanía a través de actos de fraude deliberados e intencionales, y han engañado al sistema con el fin de minar a los solicitantes legítimos y respetuosos de la ley que buscan una mejor oportunidad, prosperidad y seguridad, pueden ser referidos legítimamente al Departamento de Justicia”, aseveró Bars.
En 2016 la Oficina del Inspector General (OIG) encontró una gran cantidad de casos de ciudadanía obtenidas probablemente de manera fraudulenta por medio del uso de identidades falsas, explicó la USCIS. Esto debido a que la información relacionada con la identidad asociada con las antiguas tarjetas de huellas dactilares no había sido ingresada en las bases de datos contra las cuales se hacían verificaciones de datos biométricos digitales al momento de solicitar naturalización.
En muchos casos, los datos fueron ingresados años más tarde, agrega.
La OIG “identificó cientos de casos en los que las personas tenían una orden de deportación o deportación bajo una identidad y habían obtenido la naturalización bajo una identidad diferente”, añadió Bars. El problema dio origen en 2017 a la asignación de un grupo de trabajo para revisar esos casos, dependencia que funciona en Los Angeles.
Datos actualizados
La USCIS entregó a Univision Noticias un detalle del proceso de investigaciones llevadas a cabo hasta ahora:
- Los casos de desnaturalización civil deben ser presentados en la corte federal de distrito y solo un juez tiene la autoridad para desnaturalizar a una persona.
- Si el equipo determina que la naturalización se obtuvo fraudulentamente o inapropiadamente, los agentes realizarán las investigaciones istrativas necesarias y redactarán la documentación de apoyo para que el DOJ inicie los procesos de desnaturalización.
- Cientos de miles de registros de huellas dactilares procedentes de tarjetas impresas han sido ingresados a IDENT.
- Hasta el momento, se ha determinado que sobre 2,5000 casos de naturalización requieren una revisión a fondo para una posible desnaturalización y, hasta el momento, cerca de 100 de esos casos han sido referidos formalmente a DOJ para desnaturalización civil.
- Hasta ahora, los referidos de USCIS han resultado en la desnaturalización civil de seis personas procedentes de India, Azerbaiyán, Costa de Marfil y Nigeria.
USCIS reporta que cada año le da la bienvenida a entre 700,000 y 750,000 ciudadanos y que durante el año fiscal 2017 fueron naturalizadas poco más de 716,000 personas.
El tiempo que demora el trámite de la ciudadanía puede tardar hasta 22.5 meses en algunas oficinas de USCIS a lo largo y ancho del país, de acuerdo a un reciente informe de Univision Noticias.