El cambio a la ley de asilo que dejaría a miles de migrantes desprotegidos en la frontera. Te explicamos
Si bien la mayoría de los inmigrantes que son detenidos por la Patrulla Fronteriza en la frontera con México son deportados o regresados bajo la aplicación del Título 8 de la Ley de Inmigración (INA), principalmente por razones de inisibilidad, de los que son itidos “solo el 20%” tiene chance de ganar sus juicios en los tribunales de Inmigración, asevera la Casa Blanca.
En diciembre del 2023, de acuerdo con el último reporte de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP), “se registraron 249,785 encuentros entre puertos de entrada a lo largo de la frontera suroeste” de las 302,034 detenciones en total. La cifra, dijo la agencia, representó una disminución “de más del 50% en los encuentros en la frontera suroeste entre los puertos de entrada”.
Además, el reporte indica que, “desde mayo hasta el 31 de diciembre de 2023, el DHS deportó a un número récord de personas (más de 472,000), la gran mayoría de las cuales cruzaron la frontera suroeste, incluidos más de 78,800 familiares individuales”.
Pero a pesar de los esfuerzos por controlar la inmigración indocumentada y detener el flujo migratorio que se viene registrando desde por lo menos el 2013 (y agravado en los últimos tres años), la capacidad de respuesta del gobierno federal para responder a los cientos de miles de peticiones de asilo se encuentra agotada.
“La istración Biden-Harris apoya firmemente el acuerdo bipartidista anunciado en el Senado que abordaría una serie de cuestiones urgentes de seguridad nacional”, dijo la Casa Blanca el fin de semana. ”El presidente Biden ha dicho repetidamente que está dispuesto a trabajar de manera bipartidista para asegurar la frontera y arreglar nuestro fallido sistema de inmigración”.
Entre los fallos se incluye el sistema de asilo, el colapso de los tribunales de inmigración con más de 3 millones de casos (2 millones de ellos desde principios del gobierno de Biden) y el atasco en el servicio de inmigración con más de 9 millones de peticiones de servicios en espera).
El cambio que afectaría el sistema
El plan migratorio bipartidista publicado el domingo y que tiene pocas probabilidades de ser aprobado debido al bloqueo de los republicanos ultraconservadores en ambas cámaras del Congreso, incluye la contratación de nuevos agentes federales de la Patrulla Fronteriza, 4,300 nuevos agentes de asilo para el servicio de inmigración, 100 nuevos equipos de jueces de inmigración (tribunales, secretarios, fiscales, asistentes, etc.), 1,200 nuevos agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) y aumento de la capacidad de camas en centros de detención.
Pero llama la atención un cambio sugerido que impactará en la manera de decidir quién será referido para un juicio de deportación donde tendrá la posibilidad de pedir asilo, y a quién le será negada una petición de asilo en la frontera y será deportado o devuelto de manera expedita.
“Si se aprueba, modificará el estándar de requerimiento”, advierte José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida. “Si lo aprueban tal y como está y entra en vigor, ya no será suficiente que una persona llegue a la frontera y diga que viene huyendo de su país y que tiene miedo de que lo deporten (conocido como posibilidad significativa). Si no trae evidencias, pruebas de que su vida corre peligro si es deportado, no será referido y será devuelto” (posibilidad razonable).
Guerrero explica que, “en resumen, el plan es elevar el estándar, el requerimiento para una entrevista de miedo creíble, volverla más severa y de esa manera poder negar un mayor número de casos débiles o con escasos argumentos y aumentar el número de deportaciones en la frontera”.
La Casa Blanca argumentó el domingo que, en la actualidad, “el 80% de los casos referidos para un proceso de asilo son desestimados y solo el 20% ganan sus juicios”. Y respaldó la propuesta de modificar el estándar de “posibilidad significativa” a “posibilidad razonable”, para poder determinar en los casos de asilo sobre la evidencia de la prueba.
“Si se convierte en ley, los inmigrantes que buscan asilo deberán estar preparados con documentos, evidencias determinantes que en verdad demuestren de que son perseguidos, de que sus vidas corren peligro si son deportados. Ya no será suficiente con decir en la frontera que tiene miedo. Por lo menos deben tener un reporte de policía que compruebe que está amenazado. Se trata de un cambio grande que cambia el espíritu de la ley. Se priorizará en la deportación y no en el asilo”, dice Guerrero.
Guerra de posturas
La Casa Blanca asegura que los cambios migratorios propuestos por el grupo bipartidista "se trata del conjunto de reformas más duro y justo para asegurar la frontera en décadas. Y que tratará a las personas de manera justa y humana". Y que también "fortalece los requisitos legales de que los migrantes siempre reciban información clara y accesible sobre sus derechos, incluido su derecho a un abogado".
Pero no todos están tan confiados como el gobierno. “El gobierno está tratando de crear leyes creativas para modificar la ley y hacer más difícil otorgar el asilo”, dice Jaime Barrón, un abogado de inmigración que ejerce en Dallas, Texas. “Estos cambios pueden generar abusos en el proceso”.
Barrón advierte que, los cambios propuestos en el borrador “creará una crisis al reducir aún más la posibilidad de pedir asilo” en la frontera”. Y que “el espíritu de los cambios amenaza con modificar la intencionalidad de la ley, de otorgar asilo al endurecer las reglas para negar el mayor número de peticiones posible y poder deportar a todas aquellas personas que llegan a la frontera en busca de asilo, pero no demuestran o no tienen una posibilidad razonable de ganar sus casos en los tribunales de inmigración”.
Para Stephen Yale-Loehr, profesor de la práctica de inmigración de la escuela de leyes de la Universidad de Cornell, Nueva York, el plan bipartidista contiene “algunas disposiciones interesantes que deberían considerarse”, pero el proyecto de ley “no aborda otras cuestiones importantes, como la protección a los dreamers y visas de trabajo adicionales en ocupaciones con escasez de mano de obra”.
El plan tampoco incluye la regularización de los 10.5 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos, algunos desde hace más de dos décadas con hijos nacidos en Estados Unidos y cónyuges estadounidenses.
Para ser aprobado, el plan requiere 60 votos en el Senado. Hasta ahora los demócratas, que controlan la Cámara Alta, no han asegurado suficientes votos bipartidistas. En la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, el liderazgo dijo que no someterá a voto el plan.
