Cambios en la política de asilo de EEUU amenazan con llenar las cárceles de inmigrantes (niños y adultos) en la frontera
La familia de la inmigrante hondureña Lizette Mejía Gutiérrez (32) está viviendo un sueño hecho realidad. “La semana pasada recibimos una carta donde el Departamento de Justicia dijo que le habían dado el asilo”, cuenta su tía, Johana Gutiérrez. “Es como tener vida nuevamente, como haber resucitado después de más de dos años de agonía, como si uno fuera delincuente”.
Mejía llegó a la frontera sur de Estados Unidos en junio de 2014 huyendo de la violencia en su país. Traía consigo a su hijo de nueve años. “A ella le mataron a su esposo y a un hermano. Por eso llegó aquí”, cuenta la tía. Tras pedir asilo, las autoridades le permitieron entrar a un programa discrecional alternativo que deja a casi todos los solicitantes esperar en libertad hasta que un juez decida su futuro en Estados Unidos.
Sin embargo, esto va a cambiar. Con el presidente Donald Trump, la Oficina de Aduanas e Inmigración (ICE) quiere que todos los solicitantes de asilo que llegan a la frontera sean detenidos y que permanezcan encarcelados hasta que decidan las cortes.
Cambio de reglas
La batalla emprendida por Mejía es uno de los 185,768 casos similares que fueron procesados por la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR) entre el 18 de julio de 2014 y el pasado 31 de enero. De ellos, 140,594 ya tuvieron una primera audiencia en las cortes de inmigración, se emitieron 41,643 órdenes de deportación, de las cuales más del 83% fueron en ausencia.
De los 185,768 casos procesados, 15,558 (8.3%) han permanecido detenidos durante el proceso para la obtención de asilo. “Mi sobrina tuvo la suerte de estar libre”, dice Gutiérrez, sin olvidar el día de la redada del 1 de enero de 2016, cuando agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) detuvieron a decenas de inmigrantes en Carolina del Norte, Georgia y Texas, como parte de las redadas periódicas llevadas a cabo durante el gobierno de Barack Obama (2009-2017).
El programa del cual se benefició Mejía ayudó a poco más del 90% de los arrestados en la frontera a partir de junio de 2014.
Decisión en curso
Sin embargo, ICE dijo a Univision la semana pasada que ponía fin a toda fin de discrecionalidad, incluyendo los casos de asilo. Esto significa también el fin del programa del que se benefició Mejía. Será clausurado el 20 de junio, de acuerdo con una carta firmada por Ann M. Schlarb, directiva de GEO Group Inc., una empresa penitenciaria de Boca Raton, Florida que trabaja con ICE, según ha informado la agencia AP.
El gobierno del presidente Donald Trump está por clausurar la alternativa menos restrictiva a la detención de la que disponían los solicitantes de asilo que entraron en forma irregular al país, escribió la agencia.
En el presupuesto 2018 enviado al Congreso, el gobierno de Trump solicitó $1,600 millones de dólares para ampliar las instalaciones de detención y deportación. Cuatro meses antes, el 25 de enero, el mandatario decretó que la inmigración indocumentada era una amenaza a la seguridad pública y nacional, y ordenó acelerar las deportaciones.
El mandatario también pidió la contratación de nuevos agentes de asilo, más jueces para enviarlos a los centros de detención y acelerar las deportaciones de indocumentados, cerrándoles las oportunidades para contratar abogados y defender sus casos de asilo.
“Lamentablemente, no es nueva esta política”, dice Matt Adams, director del departamento legal del Proyecto para los Derechos de los Inmigrantes del Noroeste en Seattle, Washington. “Esto empezó hace un rato, bajo Obama”.
Adams dice que ICE “cambió la práctica de soltar a las personas buscando asilo mientras pasaron por el proceso en la corte. Ahora, en cambio, detienen a la gran mayoría de esas personas que llegan a la frontera buscando asilo. Así lo hacen más difícil ganar sus casos y muchos no aguantan ser detenidos por meses. Se rinden antes de cumplir el proceso”.
Nadie se escapa
Desde que asumió la Casa Blanca el 20 de enero, el presidente Donald Trump le declaró la guerra a los indocumentados, tal y como lo prometió durante su campaña.
“El presidente Trump promueve la detención de todos los inmigrantes en la frontera, la cual incluye a los solicitantes de asilo”, advierte Bárbara Hines, Senior Fellow de Emerson Collective, en Texas. “Apunta a los que se presentan o llegan a los puentes, o son detenidos en algún tramo de la frontera con México”.
Hines explica que “los inmigrantes que se presentan en la frontera internacional solo pueden ser liberados por el proceso de parole”, y añade que “ICE tiene la discreción absoluta para liberarlos o no. Es decir, no hay ningún recurso judicial para desafiar la decisión de negarle la libertad a un solicitante de asilo”.
Según Hinez, “se trata de una decisión que viola el derecho internacional, porque la detención de un inmigrante que pide asilo debe ser la excepción, no la regla general”.
El sistema
“De los que solicitan el asilo aquí en Estados Unidos, muchos ya están detenidos y piden el asilo estando en proceso de deportación”, explica Hines.
Agrega que “la mayoría tiene el derecho de pedir su libertad frente a juez de migración. Pero eso requiere recursos económicos y a un abogado o representante legal”.
La Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) ha dijo que más del 83% de los casos de inmigrantes centroamericanos que han pedido asilo no tienen representación legal, y de ellos más del 92% han recibido una orden de deportación.
“Trump piensa construir más cárceles de detención que, en mi opinión, es un gasto de los fondos públicos a beneficio de las empresas carcelarias con fines de lucro”, dice Hines.
Las personas que solicitan asilo en los puertos de entrada “no tienen derecho a fianza ante un juez de inmigración porque el juez no tiene jurisdicción, ya que la persona no ha entrado a suelo de Estados Unidos”, indica Lilia Velásquez, profesora adjunta de la facultad de leyes de la Universidad de California en San Diego. “Por lo tanto, solo ICE puede otorgar fianza. Siendo este el caso, alguien puede durar detenido por meses, o en ocasiones hasta años”.
Velásquez agrega que “es importante mencionar que (en los últimos meses) se han contratado más de 50 jueces de inmigración”, y que los casos “están resolviéndose de manera más ágil. Pero estos jueces son durísimos y no dan extensiones. Hemos recibido informes de que casos previamente cerrados ahora los están abriendo. Es increíble cómo las cosas cambian de un día a otro”.
La postura oficial
La semana pasada ICE confirmó a Univision Noticias que había solicitado mociones de reapertura de casos ante los tribunales supervisados por la EOIR “para volver a calendarizar casos que previamente fueron cerrados istrativamente por discreción de la fiscalía”.
A la pregunta si ahora había un cambio en la política de asilo, la agencia enfatizó que no, e insistió en que los casos cerrados o donde se utilizó la discreción de la fiscalía, están siendo revisados para determinar que las decisiones fueron las “apropiadas”, dijo en un comunicado Gillian Christiensen, vocero de ICE para el área metropolitana de Washington DC.
El 22 de febrero, un mes después de la llegada de Trump a la Casa Blanca, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, John Kelly, dio a conocer un memorando en el que advirtió que los menores que no lleguen completamente solos a la frontera en busca de asilo serán puestos en proceso de deportación acelerada. Y que los padres y familiares de menores no acompañados podrían ser acusados de contrabando ilegal de personas si se determina que pagaron a traficantes para traer a estos pequeños a Estados Unidos.
“Cambiaron la definición de quién es un niño no acompañado, pero no han especificado de qué manera se implementarán las nuevas reglas”, dice Velásquez. “Es preocupante”.
