Claves de la ley SB4 aprobada en Texas para prohibir las ciudades santuario
El Congreso de Texas aprobó una medida que prohibiría las jurisdicciones santuario en el estado, obligando a los funcionarios públicos, las universidades y los agentes de seguridad a cooperar con los agentes federales de inmigración.
La medida fue aprobada por el Senado de Texas en febrero y por la Cámara este jueves, aunque aún no se han combinado las versiones de ambas cámaras legislativas, el último paso necesario para que sea firmada como ley por el gobernador. Al final de este proceso, se espera que la SB4 entre en vigor el 1 de septiembre de 2017.
Se trata de la primera norma antisantuario aprobada en una legislatura estadounidense, y sucede dos días luego de que un juez federal bloqueara temporalmente la parte de una orden ejecutiva del presidente Trump que castigaría a las ciudades, condados y estados con políticas santuario.
Si la medida SB4 es firmada por el gobernador Greg Abbott, así cambiarían las cosas para las comunidades inmigrantes en Texas:
1. Podrán preguntar sobre estatus migratorio
La medida SB4 busca prohibir las ciudades y condados santuario, lugares que buscan limitar su cooperación con los agentes de inmigración.
Según la propuesta, las autoridades locales ya no podrán impedir que sus funcionarios le pregunten a cualquier individuo sobre su estatus migratorio o que compartan esa información con ICE, algo que algunas jurisdicciones santuario habían implementado mediante políticas locales o reglamentos internos.
La SB4 establece excepciones: las autoridades no podrán pedir el estatus migratorio de víctimas o testigos de crímenes, por ejemplo, a menos que sea necesario para investigar dicho crimen. También estipula que no podrían hacerlo los funcionarios en escuelas, hospitales, iglesias o departamentos de salud.
2. Agentes de ICE en universidades
La propuesta de ley también busca arremeter contra los campus santuario: establece que ninguna universidad podría impedir que los agentes de inmigración entren a sus instalaciones.
Las universidades tampoco podrían impedir que sus funcionarios cooperen con ICE o le abran los portones o la puerta a agentes que busquen deportar a alguien dentro de la universidad, estipulando que los campus podrían ser multados por cada infracción.
3. Obligaría a las cárceles a cumplir pedidos de ICE
Uno de los propósitos más claros de la medida es prohibir que las cárceles se nieguen a cooperar con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).
En concreto, la propuesta obligaría a las cárceles a cumplir las solicitudes que envía ICE para mantener a reclusos detenidos por un periodo extendido de hasta 48 horas –luego de que hayan pagado la fianza o cumplido sus condenas– cuando haya causa probable para pensar que la persona podría ser deportada.
ICE envía estas solicitudes a las cárceles para tener tiempo de tomar custodia del individuo. Pero hasta ahora estaba a discreción del alguacil o de la agencia a cargo de cada cárcel si lo cumplía o si dejaba al recluso en libertad. Cárceles a nivel nacional han decidido no cumplir estos pedidos de ICE, luego de que varias cortes expresaran que puede ser inconstitucional mantener a alguien detenido sin una orden judicial.
La medida SB4 convertiría el incumplimiento de un pedido de detención de ICE en un delito menor por parte del alguacil o jefe de policía cuya jurisdicción se niegue a cooperar con la agencia de inmigración. Además prohibiría que alguna agencia de seguridad local no le permita a un agente federal de inmigración entrar a una cárcel para ejercer su trabajo.
4. Castigos a quienes no cooperen
La medida SB4 establece multas para cualquier entidad local que impida el trabajo de ICE o no cumpla con sus pedidos: la primera infracción le costaría al menos $1,000 y cada ofensa posterior sería sujeta a multas de entre $25,000 y $25,500.
Además podría perder su trabajo cualquier funcionario electo o nombrado si no cumple con las normas de la SB4.
5. Fondos para quienes sí cooperen
La medida crearía un programa de fondos para ayudar a las jurisdicciones a cubrir los gastos que incurran al mantener a inmigrantes detenidos en la cárcel cuando ICE se los pide.
Además establece que el fiscal general de Texas defenderá a cualquier agencia que pida ayuda legal tras ser demandada por haber cumplido un pedido de detención de ICE en buena fe.
