Coalición de 19 estados pide a la Corte Suprema dejar sin efecto las prioridades de deportación
Una coalición integrada por 19 estados gobernados por republicamos solicitó este miércoles a la Corte Suprema de Justicia que deje sin efecto las prioridades de deportación del gobierno de Joe Biden, enfocada solo en aquellos extranjeros que cometen delitos graves y se convierten en una amenaza a la seguridad pública y nacional de Estados Unidos.
El pasado 10 de junio el juez federal Drew Tipton, de la Corte Federal de Distrito del Sureste de Texas, falló a favor de una demanda entablada por Texas y Louisiana quienes alegaron que la política de deportaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunciada a finales de septiembre del año pasado, violó la Ley de Procedimiento istrativo (APA).
“El Poder Ejecutivo puede priorizar sus recursos. Pero debe hacerlo dentro de los límites establecidos por el Congreso”, escribió Tipton. "Usando las palabras 'discreción' y 'priorización', el Poder Ejecutivo reclama la facultad de suspender los mandatos estatutarios. La ley no sanciona este enfoque", agregó.
El gobierno apeló la sentencia ante la Corte de Apelaciones del 5º Circuito. Pero l a semana pasada un de jueces falló a favor de los demandantes indicando que el gobierno estaba obligado, por ley, a expulsar a extranjeros con orden de deportación y con antecedentes criminales a toda prisa.
‘Amigos de la Corte’
En el recurso entregado este miércoles al máximo tribunal de justicia, la coalición hace uso de un recurso legal conocido como ‘Amigos de la Corte’, donde alegan que las prioridades de deportación del gobierno no tomaron en cuenta la opinión de los estados ni tampoco consideraron los daños que causaría su aplicación, al dejar libres a inmigrantes depotables.
Los estados señalan, además, que sufrirían “daños similares” a los experimentados por Texas y Louisiana si las prioridades de deportación son restablecidas, y solicitaron a la Corte Suprema que respalde el fallo emitido el 10 de junio por el juez Trimpton.
“El plan del gobierno federal aumentaría intencional y sustancialmente la inmigración ilegal cuando los cruces fronterizos ya están en niveles sin precedentes”, dijo el fiscal general de Arizona, Mark Brnovich, estado que lidera el grupo.
”En vez de buscar soluciones la istración Biden está intentando inflamar aún más la crisis”, agregó.
El recurso fue firmado por los fiscales generales de Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Florida, Georgia, Kansas, Kentucky, Indiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Ohio, Oklahoma, South Carolina, Utah y West Virginia, todos ellos gobernados por republicanos.
Segunda demanda
Pero no solo Texas y Louisiana demandaron las prioridades de deportación de Biden. En marzo un juez federal de Ohio suspendió la política del DHS tras una demanda entablada por Arizona, Ohio y Montana, quienes argumentaron que su implementación provocaría un aumento de la delincuencia y supondría una carga para los recursos de las fuerzas del orden.
El tribunal falló en esa ocasión que el DHS no tenía autoridad para modificar las leyes de aprehensión, detención y deportación de extranjeros aprobadas por el Congreso. Por tanto, las prioridades de deportación, centradas en aquellos extranjeros peligrosos o con antecedentes criminales graves, no tienen validez.
A mediados de abril, sin embargo, un de jueces de la Corte de Apelaciones del 6º Circuito emitió un fallo preliminar que anuló la orden dictada por la corte de Ohio, que había dejado sin efecto las prioridades de deportación del gobierno.
La semana pasada, en una segunda decisión, la Corte de Apelaciones dictaminó que los estados demandantes no podían probar los perjuicios que alegaban, y que la guía del DHS sólo instruye a los agentes federales sobre cómo aplicar una ley sobre la que el gobierno nacional tiene una autoridad considerable.
Las directrices del DHS “no imponen ningún costo directo a los estados ni amenazan con la pérdida de ninguna financiación federal”, escribió el juez presidente de circuito, Jeff Sutton.
Recurso de emergencia
Al haber dos fallos contradictorios sobre el tema a nivel de Corte de Apelaciones, el martes el gobierno interpuso un recurso de emergencia para dejar sin efecto el fallo del 10 e junio y reactivar las prioridades de deportación anunciadas a finales de septiembre del año pasado, enfocadas en los extranjeros con antecedentes criminales que constituyen una amenaza a la seguridad pública, nacional y fronteriza de Estados Unidos.
Abogados consultados por Univision Noticias dijeron que el recurso entregado ante el máximo tribunal de justicia es similar al utilizado por el expresidente Donald Trump en su gobierno cuando las cortes fallaban en contra de su política migratoria de ‘tolerancia cero’.
En el escrito, formado por la abogada general del DHS, Elizabeth Prelogar, pide al tribunal supremo que pare la decisión del juez Tripton mientras el caso toma su curso en la Corte de Apelaciones del 5º Circuito, que la semana pasada le negó al gobierno un recurso basado en la decisión que poco antes había anunciado el 6º Circuito a favor de la autoridad del gobierno para dictar las prioridades de deportación”, explicó.
Mientras la Corte Suprema decida, ya sea emitir una orden de emergencia suspendiendo el fallo de Texas mientras se estudia el caso o anuncie que lo revisará en el otoño y convoque a una audiencia para escuchar argumentos a favor y en contra, “en los tribunales de inmigración tanto fiscales como jueces ya no pueden cerrar casos”, dice Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles, California.
“Sin embargo, sin utilizar la palabra prioridad, fiscales y jueces usan la palabra ‘totalidad’ indicando que, en la totalidad del caso que está frente a ellos y por los méritos del caso (tiempo de estadía del inmigrante, lazos familiares y demás atenuantes favorables), los tribunales siguen cerrando casos istrativamente todos los días” de inmigrantes que no constituyen una amenaza para la seguridad pública, nacional o fronteriza de Estados Unidos, precisó.
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