Cómo la definición de 'santuario' podría ser clave para frenar la orden ejecutiva de Trump
El presidente Donald Trump enfrentará varios retos legales a la hora de implementar su orden ejecutiva contra las llamadas jurisdicciones santuario, y el primero de ellos ya llegó a una corte en California.
La ciudad-condado de San Francisco demandó este martes al presidente Trump para frenar su orden ejecutiva, alegando que la misma es inconstitucional y pidiendo a la corte una declaración afirmando que sus políticas de santuario no violan la ley federal.
Esta última parte es importante: el reto legal más grande que enfrentará Trump al implementar sus castigos será justificar que las ciudades y condados santuario "violan intencionalmente la ley federal" al "escudar a los extranjeros de la deportación", como alega el mandatario en su orden ejecutiva.
La orden de Trump define como jurisdicciones santuario a aquellas que intencionalmente no cumplen con la ley 8 U.S.C. 1373; es decir, las que intencionalmente prohíben o limitan el envío de información al gobierno federal sobre el estatus migratorio de algún individuo.
Pero esta definición deja fuera a muchas de las jurisdicciones que públicamente han tomado posturas 'santuario' y que han encontrado maneras creativas de proteger a los indocumentados y limitar su cooperación con las deportaciones.
En Nueva York, por ejemplo, el concejo municipal aprobó medidas para ayudar a inmigrantes con sus costos legales y darles una tarjeta de identificación sin importar su estatus migratorio. En Chicago, las leyes prohíben que los funcionarios del gobierno local le pregunten a los residentes sobre su estatus migratorio. Y en un gran número de condados los alguaciles rehúsan mantener detenidos por un período de hasta 48 horas a inmigrantes deportables, en espera de que ICE los venga a recoger.
Aunque todas estas jurisdicciones protegen de alguna manera u otra a los indocumentados, ninguna de sus prácticas quiebra la ley 8 U.S.C. 1373, como explica la demanda de San Francisco contra Trump.
"El presidente y San Francisco concuerdan en que San Francisco es una ciudad santuario, pero no concuerdan en lo que eso significa", dice la demanda contra el presidente, que enumera las maneras en que la jurisdicción limita su asistencia al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE). "Las leyes de San Francisco limitan cuándo los empleados y las agencias de la ciudad pueden asistir en el cumplimiento de las leyes federales de inmigración (...) prohíben que los funcionarios públicos usen recursos de la ciudad para ayudar a ese fin, a menos que lo requiera una ley estatal o federal (...) prohíben también que los funcionarios de seguridad cooperen con pedidos de detención de ICE, que son voluntarios, y limitan cuándo un agente de seguridad puede anunciarle a ICE que una persona (deportable) será liberada de una cárcel local".
Sin embargo, dice el texto, estas leyes de santuario cumplen con la ley 8 U.S.C. 1373: "San Francisco no prohíbe o restringe que sus empleados compartan información sobre la ciudadanía o el estatus migratorio de cualquier individuo con los agentes federales de inmigración".
Varios expertos legales concuerdan con esta conclusión. "Hay una variedad de políticas locales que pueden ser consideradas políticas santuario. Pero a menos que estas políticas limiten la comunicación con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sobre la ciudadanía o estatus migratorio de un individuo, no están violando la ley 8 U.S.C. 1373", explican en un documento los expertos Lena Graber, del Immigrant Legal Resource Center, y Jonathan Moore, del Washington Defenders' Association.
Un ejemplo reciente: Trump felicitó la semana pasada al alcalde del condado de Miami-Dade, Carlos Giménez, por eliminar una "política santuario" que limitaba allí el cumplimiento de las solicitudes de ICE para mantener detenidos a inmigrantes. Sin embargo, esta norma santuario de Miami-Dade —como muchas otras— no violaría directamente la ley 8 U.S.C. 1373, pues consiste en limitar la cooperación con ICE y no en negarle información sobre el estatus migratorio de algún detenido al gobierno federal.
Lo mismo sucede en los lugares que se niegan a notificarle a ICE cuando un inmigrante deportable está a punto de ser liberado de una cárcel local: "La ley (8 U.S.C. 1373) no incluye o menciona (el envío de) información pertinente a casos criminales, estatus de custodia o la fecha de liberación de un prisionero", explican Graber y Moore.
Otro reto, y uno que alega la demanda de San Francisco, es que la orden podría estar en violación de la décima enmienda de la constitución, que prohíbe que el gobierno federal ‘tome comando’ de los gobiernos estatales y locales para hacer cumplir estatutos federales.
La Casa Blanca deberá probar en corte que las jurisdicciones santuario violan la ley federal si realmente quiere quitarle fondos a modo de castigo. Pero al darle una definición tan específica a una frase tan ambigua, Trump intentó encajonar todas las políticas santuario en una misma categoría, incluso cuando muchas de ellas no están violando la ley.
Una idea de la batalla legal que se avecina la dio en Twitter el presidente del Senado estatal de California, Kevin de León: "Quitarle fondos a las ciudades que rechazan los programas destructivos de deportación es inconstitucional", tuiteó en respuesta a Trump. "Nos vemos en la corte".
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