Cómo una respuesta equivocada al ser detenido puede complicar el destino de un indocumentado
El identificado como PeZeta nos escribió a Univision Noticias para pedir consejo. Este indocumentado estuvo casado con una estadounidense que pidió la residencia en EEUU para él, pero cuando estaba a punto de conseguir sus papeles todo se frustró por una respuesta equivocada que dio la primera vez que fue detenido en EEUU, unos años antes.
Tras divorciarse y volver a casarse, ahora quiere saber si puede volver a intentar la opción de la residencia. El caso resulta tan interesante por lo mucho que se aprende de su historia que le dedicamos este artículo completo.
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PeZeta (nombre ficticio utilizado para proteger su identidad) entró de forma ilegal a EEUU en el año 2000 por la frontera con México. Le detuvieron y ahí cometió un error que entonces no sabía que le iba a crear muchos problemas.
Cuando le preguntaron de qué país era, mintió. Aunque procedía de una nación sudamericana, respondió que era mexicano.
“Me deportaron al otro lado de la frontera (México) y regresé. Me casé en el 2002 y ella me pidió la residencia (green card o tarjeta verde)". Podía haber sido el final feliz de la historia, pero no fue así.
Hay dos casos distintos en los que un indocumentado puede legalizar su situación casándose con un ciudadano o cuidadana de EEUU: si es un indocumentado que entró de forma legal y luego se quedó en el país cuando terminó su visado, un matrimonio con un ciudadano resuelve de forma directa el problema, pero si se trata de alguien que entró de forma ilegal entonces tiene que salir del país y pedir el perdón migratorio.
PeZeta recibió la carta diciendo que su visa estaba lista y que tenía que ir a su país para recogerla. "No fui por la ley de los 10 años", cuenta este inmigrante refiriéndose a la ley que castiga a los indocumentados que han estado años de forma ilegal en EEUU.
La historia no termina aquí. Como ocurre en muchos casos de inmigrantes, PeZeta siguió acumulando equivocaciones por desconocer la compleja legislación estadounidense.
“En el 2004 tuve mi primer DUI (manejar borracho) y caí preso por 48 horas”, explica. Y luego añade: “Antes de divorciarme tuve mi segundo y último DUI. Y en el año 2012 caí preso, declaré que soy ilegal y (la Oficina de Inmigración y Aduanas) ICE me arrestó y me llevó a la cárcel, pero mi abogado solicitó fianza y me otorgaron una de $10,000. Salí y al poco tiempo me divorcié”.
Aunque no hay estadísticas, las consultas diarias a la redacción de Univision Noticias sobre didas migratorias revelan hasta qué punto el desconocimiento de las reglas le juega una mala pasada a indocumentados que luchan por permanecer en el país y no ser deportados.
Sumido en un limbo
Según PeZeta, su abogado le consiguió un permiso de trabajo que ha estado renovándolo “en los últimos cuatro años”, y volvió a contraer matrimonio en el 2016 con una estadounidense.
“Tuvo mucha suerte”, dijo Jaime Barron, un abogado de inmigración que ejerce en Dallas, Texas. “Hoy en día no lo hubiesen liberado. En ese tiempo la discrecionalidad del gobierno era más grande de lo que estamos viendo ahora”.
PeZeta precisa que con su abogado “hemos continuado mi caso”, y que por medio de su esposa “estamos arreglando los papeles”. Es decir, volvieron a pedirle la residencia legal permanente, esta vez en base al segundo matrimonio. “Y estamos en el trámite de la Ley del Perdón”, apunta.
“Mi pregunta es: ahora estoy en espera de la cita por matrimonio por mi segunda esposa, ¿tengo que ir cuando me llamen?”.
Un error sobre otro
El caso PeZeta es “delicado” y “crítico”, dice Lilia Velásquez, profesora adjunta de la facultad de leyes de la Universidad de California en San Diego. “Es tal la cantidad de errores cometidos a lo largo del tiempo que, al ser juntados, lo convierten en un individuo deportable. Y no bajo las reglas del gobierno de Donald Trump, sino bajo las reglas de la Ley de Inmigración”.
Velásquez mencionó que la deportación del 2000 se hizo con datos de identidad falsos entregados por PeZeta, y que reingresó al país poco tiempo después. “La segunda entrada fue ilegal”, advirtió.
No está claro cuanto tiempo estuvo PeZeta indocumentado cuando fue expulsado aquella vez. El dato permitiría determinar si le “afectó o no la Ley del Castigo”, advierte Velásquez.
Esta regulación sanciona hasta con 10 años fuera del país a los indocumentados, quienes al término de la sanción deben hacer un trámite consular y pedir visa para poder reingresar al país.
La lista continúa
Los errores continuaron. “Al divorciarse Pezeta perdió el vínculo que lo ataba a la residencia”, dice Velásquez. “Por tanto, el cupo de visa disponible que le había notificado el Departamento de Estado perdió vigencia”.
Su segunda esposa sometió una nueva petición de residencia permanente, pero al igual que en la primera ocasión, no podrá ir a su país de origen porque le va a caer encima la Ley del Castigo por presencia indocumentada acumulada después del segundo ingreso.
Por este motivo el inmigrante menciona la Ley del Perdón, un beneficio migratorio activado por el expresidente Barack Obama en 2012, que permite a ciertos indocumentados cónyuges de ciudadanos, cuando reciben la aprobación de la residencia, salir del país para el trámite consular y volver sin ser penalizados con los 10 años. Pero sólo por razones humanitarias en las que se prueba sufrimiento extremo.
El problema, dice Velásquez, es la información que PeZeta proporcionó a las autoridades de inmigración cuando dijo que era mexicano y no lo era, y fue deportado a México creyendo que se trataba de un ciudadano mexicano.
Trago amargo
El caso PeZeta “ayuda a otros a entender lo delicado del asunto”. insiste Velásquez. “Sobre todo cuando se tienen cargos por DUI”, añade. PeZeta reconoce dos detenciones por manejar borracho.
La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) advierte que “es importante subrayar que manejar bajo la influencia de drogas o alcohol, es un delito significativo sin importar la sentencia impuesta”.
En la categoría de delitos significativos, la USCIS incluye, además, violencia doméstica, explotación o abuso sexual, posesión o uso ilegal de armas de fuego, distribución o tráfico de drogas.
Todas estas faltas convierten en inisible y/o deportable a un extranjero indocumentado, de acuerdo con secciones de la Ley de Inmigración que fueron invocadas por Trump en las órdenes ejecutivas del 25 de enero.
Los procesos de inmigración puede convertirse en un confuso laberinto para miles de inmigrantes que buscan una avenida para regularizar sus permanencias en Estados Unidos. “La Ley de Inmigración es incluso más difícil de entender que la ley de impuestos”, ha dicho José Pertierra, un abogado que ejerce en Washington DC y que colabora con la estación local de Univision en la capital estadounidense.
Y con las nuevas reglas impuestas por el gobierno de Donald Trump, contenidas en las acciones ejecutivas del pasado 25 de enero, el escenario se ha vuelto “difícil y peligroso”, advierte Pertierra, “porque los riesgos no solo afectan a los que no tienen papeles de permanencia legal, sino también a residentes y ciudadanos”, aunque a estos últimos no se manera tan drástica.
La combinación de ambos factores ha colocado en la mirilla del gobierno federal a millones de indocumentados. Y no necesariamente por el solo hecho de estar indocumentados, sino por la suma de faltas y errores que, al final del día, los convierten en deportables o inisibles.
