La Corte Suprema rechaza pedido para revivir la regla de carga pública de Trump, que afectaba trámites como la residencia
La Donald Trump, que afectaba trámites como las solicitudes de residencia.
En una orden publicada este lunes, el máximo tribunal desestimó Joe Biden.
La más reciente acción legal en torno a la regla de carga pública fue liderada por el fiscal general de Texas, Ken Paxton, y buscaba mantener en pie esta norma activada por Trump en 2019 que limitada el uso de fondos públicos, entre ellos a inmigrantes que gestionaban su residencia legal permanente. A Paxton se habían sumado los fiscales generales de Alabama, Arizona, Arkansas, Carolina del Sur, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Montana, Ohio, Oklahoma y West Virginia
En la demanda, esos estados pidieron al máximo tribunal que “defendiera” la regla de la istración anterior, la que definieron como una ley federal que prohibía y sancionaba a los inmigrantes extranjeros “que probablemente dependieran de programas gubernamentales financiados por los contribuyentes”.
Pero la Corte Suprema afirmó este lunes que "rechaza la solicitud, sin prejuicio de que los estados puedan elevar este y otros argumentos ante la corte distrital", lee la orden.
"Luego de que la corte distrital considere una moción como esa, los estados pueden buscar que se revise, si es necesario, en la corte de apelaciones y en una solicitud nueva ante esta corte", agregó el máximo tribunal en su escrito.
Una maraña de desafíos legales
La controversial regla de carga pública, que se enmarcó en la amplia política de 'tolerancia cero' con la inmigración de Trump, ha sido eje de desafíos legales en la misma Corte Suprema y tribunales inferiores.
El más reciente capítulo se había dado el pasado 24 de febrero, cuando la Corte Suprema ordenó revisar la norma de Trump. Sin embargo, días después, el 9 de marzo, el Departamento de Justicia le informó al máximo tribunal que el Ejecutivo ya no defendería en una apelación la norma instaurada por Trump.
Poco después de esa notificación, el tribunal anunció que desestimaba el caso (lo que se conoce en inglés como dismissed), dándole al gobierno actual libertad para decidir anularla, modificarla o recuperar la antigua versión de la regla. Fue entonces que el grupo de 14 fiscales generales encabezados por Texas presentó su pedido a la Corte Suprema.
La medida de Trump modificó las regulaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por su sigla en inglés) y describió la manera en la que esta dependencia federal determina si una persona solicitando isión a Estados Unidos o el ajuste de estatus (la tarjeta verde) “es inisible”, sea porque se trata, o es probable que en cualquier momento se convierta en una carga pública.
Los 14 estados que pidieron la revisión al máximo tribunal esgrimieron que la reversión de la regla decretada por Biden obliga a los contribuyentes “a pagar cientos de millones de dólares cada año para mantener los servicios que nuestro estado debe proporcionar a los extranjeros indocumentados” y que por ello pedían que se evaluara su legalidad.
La decisión de este lunes de la Corte Suprema pone un freno a ese desafío que, como precisó en su orden, deberá regresar a tribunales inferiores si es que esos fiscales quieren mantener vivo su reclamo.
Tras la pelea legal, así ha quedado esta regla
El anuncio de DHS sobre el fin de la regla de carga pública impuesta durante el gobierno de Trump significa a su vez el restablecimiento de la norma aprobada en 1999 que estuvo en vigor hasta el año pasado. A continuación te explicamos:
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