Duro plan migratorio republicano avanza en comités de la Asamblea Estatal de Florida
Un controvertido proyecto de ley republicano que incluye severos castigos a la población indocumentada y para aquellos que les brindan ayuda o los transporten, además de exigir que los hospitales compartan los datos de pacientes sin papeles, avanzó con algunas enmiendas en dos comités de la Asamblea Estatal de Florida.
La iniciativa H.B. 1617 de la Cámara de Representantes y S.B. 1718 del Senado cuentan con el total respaldo del gobernador Ron DeSantis, quien se apronta a anunciar su candidatura a la nominación presidencial del Partido Republicano y se fundamentan, en gran medida, en la política migratoria de ‘tolerancia cero’ del expresidente Donald Trump.
El lunes, el Comité de Comercio de la Cámara Baja, de mayoría republicana, aprobó el proyecto de ley H.B. 1617, escrito en sintonía con la postura del partido que se opone frontalmente a la política migratoria del gobierno de Joe Biden. El martes hizo lo mismo el Comité de Política Fiscal del Senado.
El proyecto original propuso criminalizar a todos los residentes de Florida, “no solo a aquellos que abren su hogar, negocio, vehículo o lugar de culto a una amplia categoría de inmigrantes”, advierten las organizaciones pro-inmigrantes estatales y a nivel nacional que se oponen a la iniciativa.
Qué dice el proyecto de ley antiinmigrante
Entre las recomendaciones, el plan republicano prohíbe el uso de licencias de conducir válidas de otros estados en manos de indocumentados; obliga a los hospitales a recopilar información sobre el estado migratorio de los pacientes y presentar informes trimestrales; modifica reglas para poder compartir la información de los pacientes indocumentados; aumenta las multas por emplear a inmigrantes sin papeles y castiga con mayor severidad a los reincidentes por contratación ilegal.
La iniciativa de ley también impone severas penas de cárcel a extranjeros que, a sabiendas, utilicen papeles falsos; establece el uso obligatorio del programa federal E-; establece auditorías aleatorias de empresas para verificar cumplimiento del uso del E-; amenaza con quitar de por vida licencias de operación a empresas que reincidan en la contratación de indocumentados; prohíbe que indocumentados ejerzan como abogados (en el caso de dreamers protegidos bajo el programa DACA); y establece multas y penas de cárcel para quienes transporten indocumentados (no explica qué pasa con aquellos matrimonios mixtos).
Las versiones aprobadas esta semana, sin embargo, no incluyen el texto que recomendaba convertir en delito grave de tercer grado transportar a sabiendas, ocultar o albergar a un extranjero indocumentado. Pero haría que sea un delito grave de tercer grado transportar a sabiendas a individuos que se encuentran ilegalmente en el estado de Florida, postura que condenan y rechazan las iglesias.
Analistas señalan que ambas versiones en ambas cámaras todavía sufrirán más enmiendas a medida que avancen los debates en ambos plenos, pero que de todas formas el texto final, como se ha visto hasta ahora, siga generando serias preocupaciones.
ACLU: “Sanciones innecesarias”
Tras la aprobación en ambos comités del plan migratorio republicano, la Unión Americana de Libertades Civiles de Florida tildó el proyecto de “devastador· y dijo que, si se convierte en ley, se tratará de un plan que “perjudicaría a las comunidades de inmigrantes en toda la Florida en diferentes facetas de su vida”.
Agregó que “esta antiinmigrante criminalizaría a los floridanos que viajan dentro del estado con inmigrantes indocumentados, incluidos aquellos autorizados legalmente para estar en Florida”.
El grupo de derechos civiles advirtió que el proyecto de ley definitivo podría aprobarse tan pronto como “este viernes” e indicó que, de ser así, “desalentaría a la comunidad inmigrante de Florida a acceder a servicios médicos y prohibiría el financiamiento de tarjetas de identificación comunitaria por parte de los gobiernos locales”.
"Este proyecto de ley no tiene nada que ver con hacer de Florida un mejor lugar para vivir, ni con mantener seguros a los floridanos. De hecho, perjudica activamente a los floridanos y criminaliza a las personas que interactúan con inmigrantes legalmente autorizados para estar en Florida”, dijo Kirk Bailey, director político del ACLU capítulo Florida.
“Muchas personas podrían ser criminalizadas en este estado si esta propuesta se convierte en ley. Desde un grupo de la iglesia que busca reunir a los solicitantes de asilo con sus seres queridos, hasta un padre de familia que lleva a un grupo de niños a visitar universidades en Georgia”, precisó.
Crecen las críticas al proyecto
“Es increíblemente decepcionante que nuestro liderazgo estatal esté priorizando una ley que crea terror en nuestras comunidades. En vez de pasar proyectos de ley que ayuden a la Florida como la crisis de vivienda, (el gobernador Ron) DeSantis continúa usando a los inmigrantes para su teatro político”, dijo Paula Muñoz, directora de campañas del Florida Immigrant Advocacy Center ( FIAC).
Muñoz dijo además que “los inmigrantes contribuimos en este país, tenemos negocios, familias, y está ley hasta pone en riesgo a todas las personas, así sean inmigrantes o no”.
La organización dijo además que “hemos visto leyes similares en otros lados que han sido un fracaso y terminan dañando comunidades en sectores laborales, y en la seguridad pública. Esta ley es un desastre completo”.
Otras medidas preocupantes incluidas en la H.B. 1617 (S.B. 1678), mencionadas por diversas organizaciones que se oponen al proyecto, criminalizan la estadía indocumentada, aunque se trata de una falta de carácter no criminal. También Crea sanciones penales para quienes reciben a una amplia categoría de inmigrantes en sus hogares, negocios, vehículos o lugares de culto.
EL proyecto de ley, además, autoriza a los alguaciles en las cárceles de los condados de Florida para tomar muestras de ADN cuando se arresta a un inmigrante y se emite una orden de detención de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), agencia federal encargada de las deportaciones.
La postura del gobernador DeSantis
En febrero, Univision Noticias reportó que el fantasma de la deportación volvió a rondar a la comunidad inmigrante de Homestead, una localidad agrícola ubicada al sur de Miami, Florida, tras el anuncio del gobernador Ron DeSantis de enviar a la Asamblea Legislativa una propuesta de ley para aumentar la persecución de indocumentados.
Tras la firma de una controvertida ley migratoria que permite el traslado de inmigrantes indocumentados a estados gobernados por demócratas, DeSantis generó una ola de críticas a nivel nacional al afirmar en su cuenta de la red social Twitter que Florida estaba utilizando todas las herramientas disponibles para proteger a sus ciudadanos de las políticas de frontera abierta del presidente Joe Biden.
“Me complace haber firmado una legislación para continuar con el programa de transporte de extranjeros ilegales a jurisdicciones santuario. Agradezco a la legislatura por mantener esta valiosa herramienta”, escribió en su cuenta de la red social Twitter.
Lo que no dijo el gobernador de Florida en ese momento, es que muchos de los indocumentados que estaba trasladando no eran ilegales sino extranjeros que fueron detenidos en la frontera por agentes federales de inmigración, pasaron la primera etapa de miedo creíble, fueron procesados y luego, por no constituir una amenaza a la seguridad nacional y pública, se les permitió esperar en libertad la resolución de sus casos en los tribunales de inmigración, donde tienen el derecho a pedir asilo.
