El gobierno de Trump impone a los jueces de inmigración una cuota anual de casos a resolver para acelerar las deportaciones
El Departamento de Justicia, liderado por el fiscal general Jeff Sessions, notificó a los jueces de inmigración que empezará a evaluar su desempeño laboral en función del número de casos migratorios que cierran al año. La intención del gobierno es acelerar el número de deportaciones y reducir los largos atrasos que el sistema acumula.
Según confirmó a Univision Noticias la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración, el nuevo sistema fue comunicado por email el pasado viernes 30 de marzo y establece evaluaciones anuales a los jueces migratorios.
Para que obtengan una buena calificación, deberán haber cerrado al menos 700 casos al año. Los nuevos criterios entrarán en efecto en el próximo año fiscal, que empieza el próximo 1 de octubre, según se lee en el email publicado por The Daily Beast.
Para Ashley Tabaddor, jueza de inmigración en Los Ángeles y presidenta de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración, este paso de la istración Trump es " una absoluta violación de la independencia de los jueces", dijo a Univision Noticias.
"Los jueces de inmigración están en lo correcto cuando dicen que esta es la primera vez que se implementan métricas numéricas en el sistema judicial de inmigración", dijo el martes un oficial del Departamento de Justicia a Univision Noticias, agregando que hoy día los jueces completan en promedio unos 678 casos al año.
Según el funcionario, el nuevo requisito es resultado de un acuerdo con el sindicato de jueces de inmigración, que "acordó eliminar la prohibición a las métricas de rendimiento individual" en negociaciones con el gobierno.
Fuertes retrasos
Hay casos pendientes de resolución con fechas estimadas en 2020, lo que suele dar tiempo a los inmigrantes antes de que se decidan sus casos e incluso les puede aportar permisos de trabajo temporales. Las cortes de inmigración tienen acumulados casi 700,000 casos, según datos del Centro de Información de a Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse en Nueva York.
“Hay demasiados casos frente de la corte y nadie puede cumplir con todos ellos si no hay jueces”, dijo recientemente la jueza Dana Leigh Marks, portavoz de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración, a Univision Noticias. Pero, al parecer, el gobierno quiere que esos jueces ya contratados aceleren sus decisiones.
"El propósito de implementar estas métricas es impulsar un manejo de los casos eficiente y efectivo mientras se preserva la discreción de los jueces de inmigración y el debido proceso", escribió a los magistrados James McHenry, el director de la Executive Office for Immigration Review, la oficina gubernamental que istra los casos de inmigración pendientes.
"Muy problemático"
Sin embargo, asociaciones de jueces y abogados de inmigración temen que este sistema ponga en peligro la independencia judicial.
La jueza Tabaddor recibió con mucha preocupación el email del gobierno, que describió como "excepcionalmente problemático" y "una absoluta violación de la independencia judicial".
De hecho, Tabaddor advierte que esta presión añadida a los jueces podría incrementar aun más los casos acumulados en las cortes. "En vez de reducir los casos, los aumentará porque cada persona pondrá en duda la legitimitad de la decisión judicial y apelará", dijo, agregando que a los casos ya pendientes se sumarán las apelaciones de los resueltos.
La jueza advierte que no resuelve el mismo número de casos un juez en un centro de detención de inmigrantes que otro con casos más complejos. "Esto crea un conflicto y un factor externo en la resolución del caso", anticipó.
Ya en octubre de 2017, la idea de imponer cuotas a los jueces para que aceleren los procesos y aumenten la emisión de órdenes de deportación puso en alerta a la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA).
"Sin respeto al debido proceso"
En este sentido, Laura Lynch, consejera de AILA, dijo a Univision Noticias estar "increíblemente preocupada con la dirección que está tomando esta política". Acusó también al Departamento de Justicia de "una falta de respeto al debido proceso y a los principios de equidad".
Lindsay Toczylowskiat, del Immigrant Defenders Law Center que ayuda legalmente a indocumentados, detalló que el sistema atenta contra el debido proceso y reduce las garantías de los inmigrantes de resolver sus casos sin una deportación.
Esta abogada detalló que si los jueces están "preocupados por sus métricas en vez de los méritos del caso" no lucharán para obtener más datos del inmigrante, o lograr testimonios en el país de origen. También restará tiempo a los inmigrantes detenidos para lograr un abogado, dijo.
Participaron en el reporteo de esta nota Jorge Cancino, Melvin Félix y Alejandro Fernández Sanabria.
