El gobierno tiene lista secreta de periodistas y abogados ligados a caravana migrante, según reporte
Más de 50 personas, incluyendo diez periodistas, varios activistas y al menos un abogado, han sido colocados en una base de datos secreta creada por el gobierno de Estados Unidos, según una investigación de la cadena la caravana migrante que llegó a la ciudad fronteriza de Tijuana en noviembre de 2018, según el reporte.
Esta lista la fueron armando en sigilo como parte de la 'Operación Línea Segura', creada para monitorear una caravana en la cual llegaron alrededor de 6,000 migrantes centroamericanos, de acuerdo con la investigación que cita una fuente anónima.
Esta revelación confirmaría las preocupaciones de algunos reporteros que cubrieron dicho éxodo, así como de abogados que ofrecieron asistencia legal a estos migrantes en Tijuana. Los periodistas y abogados del listado han denunciado que se han enfrentado a un escrutinio más estricto en las aduanas y puntos de control de EUUU y México.
NBC 7 asegura que esta lista está archivada bajo el título "Unidad de Operaciones en el Extranjero del Sector de San Diego: Caravana Migrante 2019, organizadores, coordinadores, instigadores y medios sospechosos".
Ahí estarían personas originarias de varios países, de quienes se muestran las fotos de sus pasaportes y redes sociales, lugares y fechas de nacimiento, así como su papel en la caravana migrante, un apartado indicando si tiene una alerta de viaje y otro para precisar si ya ha sido entrevistado por las autoridades.
La investigación afirma que la base de datos tiene una X sobre la foto de quienes ya han sido detenidos, interrogados o si han revocadas sus visas y pases para cruzar la garita de San Ysidro.
En ese expediente secreto aparece Hugo Castro, un activista de San Diego que ha colaborado con el grupo Pueblo Sin Fronteras, que está detrás de la organización de las caravanas migrantes. A él lo identifican como "organizador" y lo interrogaron el 20 de diciembre. Sobre su foto hay una X.
Castro dijo a Univision Noticias que ese día pasó más de cinco horas en la garita de Calexico, California, por lo cual terminó perdiendo una cita médica. "No les importó (…) Me preguntaron que cuál era mi participación en la caravana migrante, que de dónde sacaba dinero, que cuánto dinero le entregaba a los de la caravana cuando cruzaban", relató el activista, quien asegura que regularmente es interrogado en las garitas.
"Yo me reía, les decía que me estaban acusando de ser un 'coyote' (traficante de personas)", contó.
Según Castro, los agentes de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP) le decomisaron el celular y lo revisaron en dos ocasiones, quitándole todo lo que llevaba en los bolsillos y hasta contando el dinero que traía. Dijo que también le preguntaron por otros activistas.
Él afirma que esto "no es algo nuevo", asegurando que cotidianamente lo sometan a revisiones exhaustivas en los puntos de control, lo cual atribuye a sus críticas a la Patrulla Fronteriza. Pero dice que el gobierno estadounidense "debería enfocarse en detener a los criminales".
La CBP ha dicho a la prensa que los nombres en su base de datos son de personas que estuvieron presentes durante la violencia que estalló en la frontera en noviembre pasado. La dependencia también dijo que se está interrogando a los periodistas para entender qué inició ese incidente.
Revisiones sin "órdenes judiciales"
Un informe que en octubre de 2018 elaboró el Comité para la Protección de Periodistas (J) criticaba revisiones exageradas y sin motivo que han enfrentado varios reporteros en la frontera entre México y EEUU. Dicho reporte identificó a 37 trabajadores de los medios de comunicación que consideraban "invasivas" las revisiones secundarias a las que fueron sometidos en aduanas estadounidenses.
En 20 casos, el J documentó que agentes migratorios realizaron "inspecciones de sus dispositivos electrónicos sin órdenes judiciales".
El 1 de febrero, el diario Los Angeles Times informó que dos abogados y dos periodistas que han trabajado de cerca con de la caravana de migrantes en Tijuana alegaron que se les había negado la entrada a México por supuestas alertas colocadas en sus pasaportes.
Se trata de las abogadas Nora Phillips y Erika Pinheiro, líderes de la organización Al Otro Lado, un grupo con oficinas en Los Ángeles y Tijuana que ha criticado las políticas migratorias del presidente Trump.
Mientras que los periodistas son Kitra Cahana, una fotógrafa independiente que tiene las nacionalidades estadounidense y canadiense; y Daniel Ochoa, un fotógrafo español de la agencia AP.
Este último contó que le impidieron la entrada a México cuando intentó cruzar a Tijuana desde San Diego el 20 de enero y que permaneció detenido durante cuatro horas antes de ser devuelto a EEUU.
En el expediente revelado por NBC7 también estarían Nicole Ramos, directora de refugiados y abogada de Al Otro Lado, y la fotoperiodista independiente Ariana Drehsler.
Según el relato de Drehsler al mismo canal, ella fue interrogada por primera vez el 30 de diciembre de 2018, cuando cruzaba de regreso a EEUU. "Me hicieron preguntas sobre el albergue (de la caravana), qué estaba viendo allá, para quién estaba trabajando", mencionó la fotógrafa y aseguró que fue detenida nuevamente el 2 de enero y el 4 de enero.
En la tercera inspección, Drehsler afirma que le preguntaron "sobre la nueva caravana y si se había corrido la voz de lo difícil que es buscar asilo en Estados Unidos". Antes de irse, dijo a NBC7, un agente le lanzó una pregunta que le pareció extraña: si rentaba o era dueña de casa.
