El juez Sabraw cree que el gobierno va por buen camino para reunir a las familias separadas en la frontera
A dos días para que el gobierno de segundo plazo fijado por una corte federal de California y reunifique a cientos de menores separados de sus padres en la frontera, el juez de distrito Dana Sabraw aseguró este martes que el gobierno va en buen camino para reunir a la mayoría de las familias inmigrantes afectadas, aunque expresó su preocupación por los inmigrantes ya deportados sin sus hijos.
En una audiencia de seguimiento en la demanda que entabló la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) contra el gobierno de Donald Trump, los abogados del Departamento de Justicia informaron este martes que 1,012 menores de entre 5 y 17 años ya han sido devueltos a sus padres mientras que otros han sido entregados a algún familiar.
El juez Sabraw, que había dado de plazo hasta el jueves para que el gobierno entregue a sus padres indocumentados a más de 2,500 menores, alabó el "logro notable" de haber completado en buena parte la tarea. Sin embargo, reconoció la "preocupante realidad" de los 463 padres inmigrantes separados de sus hijos en la frontera que ya han sido deportados.
El juez también decidió posponer hasta el viernes su veredicto sobre la solicitud de ACLU que pedía más tiempo para las familias reunidas antes de ser deportadas para que puedan analizar sus opciones legales. Actualmente, una orden judicial prohíbe las deportaciones de las familias migrantes hasta que se resuelva este tema en la corte.
Escepticismo en la principal organización defensora de los derechos civiles
Antes de la corte de este martes, la directora de comunicaciones de ACLU, Gabriela Meléndez Olivera, se mostró escéptica en declaraciones a Univision Noticias de que el gobierno lograra reunificar a las familias.
El pasado 26 de junio el juez Dana Sabraw, quien preside la Corte Federal de Distrito del Sur de California, en San Diego, dio un plazo de 14 días al gobierno de Donald Trump para reunificar a los menores de 5 años separados de sus padres en la frontera bajo la política de 'tolerancia cero' implementada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Sabraw también ordenó al gobierno reunificar a todos los niños mayores de 5 años en un plazo de 30 días que vencen este jueves.
El DHS reconoció en junio que el número de niños separados alcanzó los 1,551 y de ellos 103 tenían menos de 5 años. De ellos, solo 58 fueron reunificados el 10 de junio, día del cumplimiento del primer plazo. El fallo desató una ola de criticas a nivel nacional.
Cifras oficiales
Meléndez explicó que, de acuerdo con los datos proporcionados a la ACLU por el DHS, “463 padres fueron deportados de Estados Unidos sin sus hijos. Ellos quedaron en Estados Unidos”, dijo la directora.
ACLU dijo que seguirá presionando por intermedio de la corte para que el gobierno les proporcione más información y detalles sobre la política de separaciones y el paradero de los afectados.
“Por eso estamos en la corte hoy martes”, apuntó Meléndez.
Activistas alarmados
El gobierno de Trump ha indicado que hay 917 padres que no cumplen los requisitos para recibir a sus hijos o que todavía no se sabe que si pueden ser reunidos con ellos. La cifra incluye a los 463 que ya no se encuentran en el país, así como a los que fueron considerados no aptos debido a condenas penales o por otros motivos.
ACLU ha tildado de “atroz” la actuación del ejecutivo por la lentitud con la que ha respondido a la orden del juez Sabraw. Y reitera que la gran mayoría de las reunificaciones correspondientes al vencimiento del primer plazo fueron llevadas a cabo un día después.
Los defensores de los inmigrantes han expresado su alarma sobre los padres deportados sin sus hijos, diciendo que la situación puede crear problemas con los casos de los niños. Muchos de ellos fueron presionados a firmar formularios de deportación voluntaria, mientras sus hijos e hijas eran enviados a centro de detención istrados por el gobierno.
La presión de ACLU sobre el tribunal comenzó tras conocerse el dictamen el 26 de junio. “Le estamos pidiendo a la corte más información para nosotros poder determinar si la determinación del gobierno, que argumenta que los padres no pueden ser reunificados con sus hijos porque representa un peligro para el niño, es cierto”, dijo en esa ocasión Lorella Praeli, directora de política migratoria de la ACLU.
“Necesitamos más información del gobierno para poder determinar si la determinación del DHS es justa”, apuntó.
