Este lunes se acaba el plazo para comentar el aumento a las tarifas de inmigración
En un último esfuerzo para intentar convencer al gobierno de Donald Trump que cancele una decisión anunciada en noviembre, abogados, activistas y organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes urgen a la comunidad que comente las nuevas tarifas del servicio de inmigración, que en promedio en el 2020 incrementarán los costos en un 21%.
“Muchas personas en nuestra comunidad ha sometido sus comentarios, pero es relativo porque al final de cuentas, en estos tres años se ha demostrado que el gobierno hace lo que ellos quieren”, dijo a Univision Noticias Maru Mora Villapando, directora de comunicaciones de Latino Advocacy, en Seattle, Washington (noroeste).
Mora señala que la totalidad de los comentarios van dirigidos a decirle al gobierno que nl aumente los costos de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS), “porque se trata de otra forma de evitar que la gente use los pocos medios que existen para cambiar estatus, o convertirse en ciudadano estadounidense. Todo será más caro en cualquier momento a partir del 1 de enero” (cuando el costo de la ciudadanía se incremente en 83%).
El plazo original vencía el 16 de diciembre, pero fue ampliado otras dos semanas por el gobierno.
El anuncio
A principios de noviembre el Departamento de Seguridad Nacionbal (DHS) anunció la publicación en el Registro Federal de una propuesta para incrementar la totalidad de las tarifas de la USCIS, y argumento que los ingresos que percibe la agencia por los servicios que presta no cubren la totalidad de los gastos de operaciones.
“Las tarifas recaudadas financian casi el 96% del presupuesto de USCIS”, explicó el DHAS. “A diferencia de la mayoría de las agencias gubernamentales, USCIS se financia con las tarifas”.
El ministerio agregó que “la ley federal requiere que USCIS realice revisiones de tarifas cada dos años y recomiende los ajustes necesarios para garantizar la recuperación del costo total de istrar las leyes de inmigración de la nación, adjudicar solicitudes y peticiones y proporcionar la infraestructura necesaria para respaldar esas actividades”.
Las organizaciones, sin embargo, difieren de los argumentos del gobierno. “Le van a pegar a la gente mas vulnerable de nuestra comunidad”, dice Petra Falcón, directora ejecutiva de la organización PROMISE Arizona. “Mire, hoy en día no todos los residentes tienen $640 para pagar el formulario de ciudadanía (N-400). Cuando aumenten los precios, nadie tendrá $1,170. Y a esto agregue la toma de huellas digitales, y ojalá no necesiten un abogado que les ayude”.
“La vida más difícil”
Las nuevas tarifas incluyen por primera vez un cobro al Formulario I-821D que utilizan cerca de 700,000 dreamers cada dos años para renovar las protecciones de la Acción Diferida de 2012 (DACA).
A este cobro los soñadores deberán agregar $490 por el Formulario I-765 (permiso de trabajo, que actualmente cuesta $410) y $30 por la toma de huelas biométricas (que por ahora tiene un costo de $85).
“Obviamente el gobierno está tratando de tomar cualquier avenida para perjudicar, no solo a las personas que están tratando de aplicar para DACA, sino a todos los inmigrantes que de verdad quieren echar para adelante en este país”, dice Juan Escalante, director de campañas digitales de FWD.us, un grupo de presión integrado por líderes de la comunidad tecnológica, entre ellos Mark Zukerberg, fundador de la red social Facebook; Reid Hoffman, fundador de Linkedln; Erick Schmidt, presidente de Google; y Drew Houston, fundador de Dropbox, entre otros.
Escalante dice que “ya de por si las tarifas son bien altas, considerando que muchos dreamers no ganan demasiado y sostienen a padres y hermanos. Para la mayoría de ellos el aumento los pondrá en riesgo de perder sus protecciones”, apuntó.
“Y no solo quieren aumentar los precios”, precisó Falcón. “También quieren quitar el perdón, el waiver que utilizan las personas de escasos recursos. Si la gente no tiene dinero, pero si el derecho de pedir por ejemplo la ciudadanía, imagínese, van a quedar en una situación comprometedora. Es decirle al migrante que no los queremos en este país”.
Campaña de AILA
La Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA), que agrupa a más de 15,000 a nivel nacional, promueve en su página digital una campaña para que las persones envíen sus comentarios a la USCIS sobre las nuevas tarifas, antes de que se venza el plazo este lunes.
“Tome medidas”, se lee en la campaña. “Envíe su comentario hoy oponiéndose a los aumentos de tarifas de USCIS”, agrega.
La entidad advierte que las nuevas tarifas generarán cambios profundos en la comunidad inmigrante, sobre todo aquellos de bajos recursos. Y añade que el gobierno no na aportado “ninguna evidencia significativa de que aliviará los retrasos en el procesamiento de casos o mejorará los servicios”, y que en vez de mejorar el sistema, “transfirió más de $100 millones en tarifas de USCIS a la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE)” agencia federal encargada de redadas y deportaciones.
“Para algunos inmigrantes los nuevos precios son altos, afectará sus presupuestos y tendrán un impacto enorme en sus decisiones”, dice Escalante. “Pero para otros, como los migrantes en la frontera que llegaron o están pidiendo asilo, las nuevas tarifas sencillamente con gigantescas, teniendo en cuenta que estas personas huyeron de sus países con nada en sus bolsillos”, indicó el activista.
