Exclusiva: Las imágenes de las condiciones de esclavitud que sufrieron albañiles de Tijuana en California

“Se solicita personal para trabajar en USA (Estados Unidos) en el área de la construcción. Con o sin experiencia. Requisitos: tener visa y ganas de trabajar”. Se trataba de un anuncio clasificado que hace unos años se difundió en la ciudad de Tijuana, en la frontera entre México y California. Esa oferta laboral deslumbrante era en realidad una trampa en la cual cayeron varios albañiles.

Quienes llamaron para pedir el empleo jamás anticiparon que terminarían sufriendo condiciones de esclavitud en el norte de California. Según las autoridades, a ellos les pagaban “casi nada” después de extenuantes jornadas de hasta 24 horas al día, durmieron en bodegas insalubres que cerraban con una gruesa cadena por las noches y aguantaron esos maltratos por amenazas de que tomarían represalias contra sus familiares en Tijuana y de que los denunciarían ante las autoridades migratorias.

De hecho, fue la unidad investigativa del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) la que tomó este caso y montó un operativo que concluyó con el arresto del empresario que se aprovechó de ellos, Job Torres Hernández. Él se encuentra en espera de una sentencia que lo dejaría en prisión hasta por 30 años. A mediados de marzo, un jurado federal lo declaró culpable de dos cargos por albergar indocumentados con el fin de obtener una ganancia financiera y por someterlos a trabajos forzados.

A través de una solicitud hecha al Departamento de Justicia (DOJ), Univision Noticias obtuvo decenas de fotos que se presentaron como evidencia en el juicio contra Torres Hernández en una corte federal en la Bahía de San Francisco. En dichas imágenes se observa lo que encontraron los investigadores cuando allanaron las propiedades del acusado: baños sucios, galeras en condiciones deplorables que fueron usadas como habitaciones, así como artículos de los albañiles explotados.

Quizás una de las imágenes más impactantes es la de un 'cuarto' con una bandera estadounidense en una pared (como si fuese un símbolo de esperanza), mientras debajo de esta había dos tablas sobre las cuales dormía un trabajador. Abajo de esa 'cama' quedaron unas sandalias negras. En un mueble había botellas de agua, un champú, artículos de higiene personal y dos botes de papas fritas.

“Tenían limitado a sanitarios y duchas”

En otro sitio en el cual pasaba las noches uno de los albañiles se observa una computadora portátil sobre una caja de cartón y un recipiente de plástico. En la colchoneta quedó ropa y en el suelo, un par de tenis blancos. El cuadro de un avión antiguo parecía aligerar la dura realidad del huésped.

Otra 'habitación' tenía cinta roja para cubrir las separaciones de las tablas de yeso en las paredes. Ahí quedó una caja de calzado de trabajo, una chamarra y una colcha invernal ‘San Marcos’. En la parte superior, una tabla rústica servía para sostener las pertenencias del constructor.

Los detectives también fotografiaron una pequeña galera en condiciones precarias, donde un televisor plasma contrasta con dos colchones apilados en los cuales descansaba alguien. Tenía un mueble donde colocó un detergente, un pequeño ventilador y objetos personales.

En otros espacios había literas. Ningún baño estaba limpio. La imagen de dos sartenes con restos de frijoles y un guisado daban cuenta de que el operativo los tomó por sorpresa, mientras comían.

Además, los fiscales mostraron al jurado la foto de la cadena y el candado con los que cerraban desde afuera la reja de la bodega y la casa en Hayward por las noches. De ese lugar rescataron a varios hombres al final del operativo policiaco en el otoño de 2017. Otros almacenes en San José y San Francisco también era usados como dormitorios por los tijuanenses.

“Los trabajadores tenían limitado a sanitarios y duchas y, a veces, las propiedades estaban cerradas con llave, lo que impedía que los trabajadores se fueran”, afirma el DOJ, que también exhibió en el proceso judicial los sitios donde trabajaron las víctimas, incluyendo un hotel de la cadena Marriot.

La propiedad en Hayward está rodeada por una cerca y tiene una casa. Cuando la catearon los detectives había un remolque, contenedores con herramientas y varios vehículos. El almacén en la parte trasera albergaba a varios empleados. La Fiscalía alega que estos vivían en condiciones miserables y sin agua potable.

Callaron por el miedo a ser deportados

Un hombre que testificó en el juicio, identificado con las iniciales JRLA, contó que el acusado le dijo al contratarlo que “no debería preocuparse por un lugar para vivir” en California y que al ofrecerle un espacio en una bodega le prometió “que él pagaría renta o gas o agua”.

Esta persona aseguró a los detectives que viajó varias veces de Tijuana a Hayward, un recorrido de más de ocho horas en auto. Una vez se lastimó en el trabajo y tuvo que regresar a su país para ver un doctor.

Su expatrón, contó, le prometió que le ayudaría a conseguir un permiso de trabajo en EEUU y le dijo que no tenía que preocuparse pues San Francisco es una ciudad santuario. El problema era que Torres Hernández no le pagaba. Una vez, cansado de que le cobrara, lo amenazó diciendo que “tenía muchos conocidos y que, de hecho, sabía dónde vivía mi familia”.

La misma advertencia escucharon otros trabajadores. A un hombre identificado como JMNT le amenazó después de una acalorada discusión pidiéndole su sueldo, afirmando que “iba a ir con su gente (a Tijuana) y que se encargaría de mí y de mis familiares”.

Otra víctima de este hombre, ALA, aseguró que Torres Hernández le dijo que, si se enteraba que estaban buscando empleo, “les echaré a Migración”. Según su relato, continuó trabajando para él por la promesa de que le ayudaría a conseguir una green card y “por el dinero que me debía”.

De acuerdo con el testigo JFMA, el acusado le confesó que no les pagaba a sus empleados sin papeles porque “de esa manera yo los puedo tener aquí”.

Dos hombres que trabajaron para este empresario, uno con residencia permanente y otro ciudadano estadounidense, también cooperaron con las autoridades. Robert Bodine dijo que lo escuchó advertirle a uno de los tijuanenses: “Tú no eres legal”. Luego le mencionó que “estaba considerando llamar a Inmigración” y que hasta se burló cuando lo amenazó con denunciarlo ante las autoridades.

“¿A quién vas a ver? ¿Quién te va a ayudar?”, le preguntó a ese empleado.

Por su parte, Bulmaro García contó que su expatrón le “pagaba muy pocas veces” y aseguró que cuando le advirtió que lo denunciaría a las autoridades por no entregarle su sueldo, este le respondió: “Si le llamas a la Policía, los agarraré de las bolas (testículos)”.

Cuando el acusado supo que lo estaban investigando, fanfarroneó sosteniendo que era “intocable” y le dijo a los indocumentados que no les creerían y advirtió que tomaría represalias si hablaban con la Policía, según documentos judiciales consultados por Univision Noticias.

Cárcel, multas y restituciones a las víctimas

La Fiscalía alega que Torres Hernández actuó de esa manera entre mayo de 2015 y agosto de 2017.

“El gobierno argumenta que el acusado aseguró el trabajo de estos empleados al prometerles falsamente salarios dignos y vivienda adecuada”, indica una carta del fiscal Alex G. Tse.

El empresario se enfrenta a una condena de hasta 10 años de prisión y una multa de 250,000 dólares por albergar a indocumentados, y otra de hasta 20 años tras las rejas y una sanción económica de 250,000 dólares por someterlos a trabajos forzados.

Además, el tribunal puede ordenarle que pague los salarios que ganaron sus víctimas.

Con la ayuda de un traductor, varios de los afectados testificaron en un juicio de 10 días, alegando que la pasaron mal en sus empresas y que “los hacía trabajar hasta 24 horas consecutivas”.

Torres Hernández, de 38 años, es propietario de Silvery Towers y varias compañías de la construcción en el norte de California. Él sigue bajo custodia desde que agentes federales lo arrestaron en agosto de 2017. Una audiencia condenatoria se ha programado para el próximo 25 de junio.

Su abogado Brian H. Getz dijo en una carta enviada a la corte que su cliente no ha cometido delito alguno. Aseguró que “no hay evidencia” de que se aprovechó de los albañiles mexicanos, que no los retuvo por la fuerza y que no les pagó porque tampoco él recibía dinero de quienes lo contrataron.

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