Menos migrantes, otros retos: la tensa calma en la frontera de EEUU y México a horas del fin del Título 42
La controversial política sanitaria Título 42 llegó a su fin hace apenas horas y el gobierno de Joe Biden ya enfrenta nuevos retos. Aunque en menor número, hay migrantes que siguen esperando en la frontera, del lado mexicano, con la esperanza de pedir asilo en Estados Unidos, al tiempo que un juez federal limitó temporalmente la capacidad de las autoridades para liberarlos si no tienen una fecha en corte.
"No deben cruzar a Estados Unidos, serán deportados", se escuchaba decir el viernes por altoparlante a un agente desde la militarizada orilla del río Grande en Brownsville, Texas, según se muestra en el siguiente video. El río lucía calmado, sin personas moviéndose de un lado al otro en grupos, como se había visto en las semanas previas al fin de esta medida con la que se expulsó de Estados Unidos a 2.8 millones de personas. Apenas unos pocos deambulaban en la orilla de Matamoros, bajo la mirada de funcionarios mexicanos.
A partir del jueves a la medianoche, Estados Unidos puso en marcha un plan que contempla la deportación bajo el antiguo Título 8 de todos los migrantes que lleguen a la frontera sin haber tramitado una vía legal para su ingreso —como el parole humanitario o el de reunificación familiar—, que no tengan una cita para un trámite migratorio otorgada a través de la aplicación CBP One, o que no hayan pedido asilo en otro país por el que hayan transitado antes de llegar al límite sur de Estados Unidos.
"Creemos que nuestro plan funcionará, llevará un poco de tiempo pero funcionará y el número de personas que encontramos en la frontera sur disminuirá", dijo el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas, en entrevista con la periodista de Univision Noticias Ilia Calderón.
"Somos una nación de inmigrantes, pero también una nación de leyes y cuando las personas no reúnan los requisitos, serán expulsadas rápidamente", agregó en la entrevista, que se puede ver completa en el video a continuación.
Este viernes, el DHS lanzó una campaña en redes sociales para alertar a quienes migren sobre cómo hacerlo de forma legal para evitar ser deportados, sufrir un castigo de hasta cinco años sin poder entrar al país o ser acusados criminalmente por su reingreso ilegal: "No haga el peligroso viaje a Estados Unidos solo para ser devuelto. Infórmese sobre las leyes de inmigración", se lee en el hilo de tuits publicados.
A pesar de las múltiples advertencias, el jefe de la Patrulla Fronteriza, Raúl Ortiz, dijo a CBS News horas después del fin del Título 42 que estimaban que unos 60,000 migrantes permanecían en los alrededores de la frontera con México.
El canciller de ese país, Marcelo Ebrard, citó más temprano el viernes un reporte del Ejército mexicano que aseguraba que en Ciudad Juárez y Matamoros los migrantes permanecían en "calma y normalidad", mientras que en Tijuana un grupo de unas 500 personas aspiraba a cruzar "de forma pacífica".
En el año fiscal 2023, las cifras de migrantes llegando cada mes al límite sur superaron las del mismo periodo en los tres años anteriores. Y puntos como El Paso vieron una crisis en sus calles en la víspera del fin del Título 42:
Los desafíos tras el fin del Título 42
El gobierno de Biden tiene a la vista varios retos, que vienen desde el ámbito legal pero también como parte de la respuesta de la sociedad civil a sus medidas migratorias.
Por un lado, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) no podrá liberar a migrantes sin fecha en corte al menos por las próximas dos semanas, tras la orden de un juez federal de Florida.
CBP aseguró que acatará la decisión, pero la consideró "dañina". Creen que generará "una sobrepoblación insegura en las instalaciones de CBP y reducirá nuestra capacidad para procesar eficientemente a migrantes y removerlos", se lee en un comunicado de la Patrulla Fronteriza. La agencia asegura que aquellos que eran liberados pasaban un proceso de verificación "minucioso" antes de poder caminar por las calles de Estados Unidos.
Y aunque el gobierno ha contado con algunas autoridades locales para atender a los migrantes aglomerados en ciudades como El Paso, su nueva política de asilo ha recibido una fuerte crítica de parte de las organizaciones más fuertes del país en la defensa de los derechos de los migrantes. Consideran que la política de Biden limita el derecho al asilo y expone nuevamente a los aspirantes a situaciones de peligro cuando son devueltos a México o a sus países de origen.
Como consecuencia, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), el Centro para Estudios de Género y Refugiados (CGRS), y el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes introdujeron una demanda. "La gente que ha huido de persecución tiene el derecho legal de pedir asilo sin importar cómo llegan a la frontera", aseguró Melissa Crow, directora de litigación del CGRS. "Nuestro sistema de asilo fue diseñado para proteger a personas que huyen de amenazas inminentes a sus vidas, que no tienen el lujo de esperar por una cita imprecisa o por una aplicación mientras siguen en un país en el que están en peligro".
Crow condena que el gobierno de Biden tuvo dos años para preparar un proceso de asilo post Título 42 que fuera "humano" y "justo". Cree, sin embargo, que solo "reempaquetó políticas ilegales de la era Trump".
