Gobierno de Trump publica nuevo reglamento que acelera la deportación de inmigrantes
El Departamento de Justicia (DOJ) publicó en el Registro Federal un nuevo reglamento que, de entrar en vigor, abogados temen que se convierta en una nueva herramienta de la política de ‘tolerancia cero’ para acelerar la deportación de inmigrantes.
La norma propuesta enmienda regulaciones emitidas por Oficina de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR) “con respecto al manejo de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA)” otorgándole al director de la Corte de Inmigración “poderes extraordinarios de adjudicación” sobre apelaciones y lo autoriza a revertir fallos.
El cambio, argumenta el gobierno, “asegura la consistencia, eficiencia y calidad de las adjudicaciones”, postura que rechaza la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA).
EL gobierno basa sus argumentos en que los jueces de inmigración carecen de independencia, por lo que sus fallos pueden ser revertidos.
La norma tiene un período de comentario público de 30 días que vence el 25 de septiembre.
Futuro incierto
AILA señala que la eliminación de salvaguardas del debido proceso migratorio tiene como objetivo “acelerar las deportaciones”.
“La propuesta le otorga al director de la EOIR (Corte de Inmigración) un poder extraordinario de adjudicación sobre las apelaciones, autorizándolo a revertir, por sí solo, las decisiones de la BIA a pedido de los jueces de inmigración”, dice Laura Lynch, asesora principal de políticas de AILA.
“Poner tanto poder en manos de un que ni siquiera es un juez, le dará al gobierno de Trump una capacidad sin precedentes para manipular los tribunales de inmigración para promover su agenda de deportación”, agregó.
Lynch dijo además que “la necesidad de tribunales de inmigración independientes nunca ha sido más urgente o clara” que en este momento. “Esto ejemplifica por qué AILA está pidiendo al Congreso que apruebe una legislación que cree un sistema de tribunales de inmigración separado e independiente del Departamento de Justicia”.
Batalla ganada
En agosto del año pasado el DOJ presentó una petición a la Autoridad Federal de Relaciones Laborales (FLRA) solicitando que determine si se debería revocar la certificación del sindicato de la Asociación de Jueces de Inmigración (NAIJ) porque sus son considerados "funcionarios istrativos" no elegibles para organizarse colectivamente.
A diferencia de otros jueces federales que forman parte de la rama judicial, los jueces de inmigración son nombrados por el fiscal general y son empleados del Departamento de Justicia.
Un año después, la FLRA se propinó una dura derrota al gobierno. La autoridad determinó que los jueces de inmigración tienen plenos derechos laborales, decisión que les permite permanecer sindicalizados y ejercer conforme dicta el debido proceso migratorio y no obedecer órdenes del fiscal general.
“El intento del Departamento de Justicia de descertificar la Unión (o sindicato) no tiene mérito”, dijo la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ) en un comunicado tras conocer la decisión.
La agencia encargada de proteger los derechos y el lugar de trabajo de los empleados federales dijo no haber hallado mérito en los argumentos entregados por el DOJ respecto a que los jueces son “gerentes” a quienes se les debe negar el derecho de formar un sindicato y negociar colectivamente con su empleador.
Propuesta “sombría”
Dos semanas después del dictamen de la FLRA el gobierno publica el nuevo reglamento que altera el proceso de apelaciones. “Las realidades de esta regla propuesta son sombrías: más poder confiado a un burócrata seleccionado a mano, mayor presión para decisiones rápidas a costa del debido proceso”, dice Jeremy McKinney, primer vicepresidente de AILA.
“El desmantelamiento del proceso de apelaciones es vital para tener un día justo en corte”, agrega. “Es profundamente preocupante que la codificación de la regla de prohibición que el ex Fiscal General Jeff Sessions trató de imponer sobre la capacidad de los jueces para cerrar casos istrativamente, vuelva a ser planteada”.
Es necesario que exista “una autoridad fundamental” para que los jueces “istren de manera eficiente sus sobrecargados expedientes”, indicó.
AILA dijo además que la propuesta de Sessions de 2017 que buscó un propósito similar en el marco de la política de tolerancia cero “fue rechazada por al menos dos tribunales de circuito y revocaron la decisión”.
“La regla propuesta es parte de un esfuerzo mayor del Departamento de Justicia para ejercer una influencia política indebida sobre las decisiones de los tribunales de inmigración y convertir los tribunales de inmigración en un mecanismo de ejecución. Es una toma de poder, pura y simplemente", puntualizó McKinney.
