México advierte que no aceptará a migrantes repatriados por la ley SB4 de Texas
El gobierno de México no tardó en reaccionar a la entrada en vigor, aunque fuera breve, de la ley SB4 de Texas el martes advirtiendo que no aceptaría a migrantes expulsados con la controvertida norma "bajo ninguna circunstancia".
Así lo expuso la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en un comunicado en el que reconoce la importancia de una política uniforme en materia migratoria y los esfuerzos bilaterales con ese país para que la migración de personas sea segura, ordenada y con respeto a los derechos humanos, y no se vea afectada por decisiones legislativas del orden estatal o local.
La Cancillería mexicana cuestionó las disposiciones legales que afecten los derechos humanos de las más de 10 millones de personas de origen mexicano que residen en Texas, pues dijo, esto genera ambientes hostiles en los que la comunidad migrante está expuesta “a expresiones de odio, discriminatorios y de prejuicios raciales”.
“México reitera su derecho legítimo de proteger los derechos de sus nacionales en Estados Unidos y el de establecer sus propias políticas de internación a su territorio”, apuntó la Cancillería.
La ley texana, una de las medidas antiinmigrantes más drásticas en la historia de Estados Unidos, convierte en delito estatal el que un extranjero "ingrese o intente ingresar al estado desde una nación extranjera" de forma irregular. La falta se convierte en un crimen grave, punible hasta con 20 años de prisión, si el infractor es reincidente.
La iniciativa también permite que la Justicia estatal ordene la expulsión de personas sin mediar proceso legal. Asimismo, los oficiales de policía podrán arrestar a cualquier individuo del que sospechen que ingresó ilegalmente al país, y tendrán la facultad discrecional de expulsarlo a México en vez de arrestarlo.
Más reacciones contra SB4 en Texas
La Casa Blanca también criticó este martes la decisión de la Corte Suprema que dio pie a que la norma entrara brevemente en vigor hasta que la volvió a suspender una corte de apelaciones.
En un comunicado, la portavoz del gobierno de Joe Biden, Karine Jean-Pierre, criticó la decisión de los magistrados del máximo tribunal y tildó la legislación de "inconstitucional".
La normativa "no solo hará que las comunidades en Texas estén más inseguras, sino que supondrá una carga para las autoridades locales, sembrará el caos y la confusión en nuestra frontera sur", señaló.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca añadió que la legislación, que fue aprobada por el Congreso estatal de Texas el año pasado, es un ejemplo de la "politización de la frontera por parte de los republicanos".
La organización Human Rights Watch también dijo en un comunicado que la SB4 otorga poderes desproporcionados y excesivos para hacer cumplir la ley de inmigración a los agentes del orden estatales y locales.
“Los gobiernos nacionales tienen derecho a regular sus fronteras siempre que cumplan con las leyes internacionales de derechos humanos y de refugiados”, dijo Bob Libal, consultor de Texas de la organización. “Pero permitir que Texas siga con su draconiano sistema de criminalización y devolución de solicitantes de asilo es una receta para el caos y el abuso”.
El representante Joaquín Castro, demócrata por Texas, acusó al tribunal de optar por “una extralimitación”.
“La SB 4 es una extralimitación estatal alarmante que probablemente conducirá a violaciones masivas de los derechos civiles en todo nuestro estado. En un momento de creciente violencia antihispana, esta ley pone un objetivo en la espalda de cualquier persona que las autoridades perciban como un inmigrante o parezca un inmigrante”, dijo en un comunicado.
Los grupos de inmigración también advirtieron de los riesgos tanto para los ciudadanos como para los indocumentados.
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