Herramienta migratoria que frena la deportación de indocumentados en la mira del Proyecto 2025
Una poderosa herramienta que comenzó a ser utilizada en la década de 1980 y que permite a los fiscales y jueces de inmigración determinar un cierre istrativo en un caso de deportación, estaría en la lista de cancelaciones del gobierno del presidente electo, Donald Trump, quien asume para un segundo mandato el 20 de enero y promete iniciar una campaña de expulsiones masiva.
Conocida como ‘cierre istrativo’ (istrative closure), la práctica se aplica desde principios de la década de los 80 y permite el cierre de casos de deportación que involucran a inmigrantes sin antecedentes criminales y que no representan una amenaza para la seguridad nacional, además de tener lazos profundos con Estados Unidos.
El llamado ‘cierre istrativo’ o ‘cancelación de deportación’ ha permitido a jueces y fiscales de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) remover casos de baja prioridad de sus registros, lo que en la práctica facilita que algunos inmigrantes permanezcan indefinidamente en el país pese a carecer de un estatus de permanencia legal.
“Es un recurso legal muy común que vemos todos los días en los tribunales”, dice José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida. “Se trata de casos que no son prioridad de deportación. Si el tribunal o el fiscal está de acuerdo con el cierre, el caso queda dormido y el inmigrante queda libre, indocumentado, pero sin estatus legal de permanencia”.
Durante el primer gobierno de Trump, el 17 de mayo de 2018 el entonces fiscal general, Jeff Sessions, canceló la herramienta y ordenó reagendar en la Corte de Inmigración (EOIR) más de 350,000 casos que recibieron el ‘cierre istrativo’. La decisión aumentó dramáticamente el número de casos que ya se encontraban atascados de unos 520,000 a más de 800,000.
Tres años más tarde, en julio de 2021, el actual fiscal general, Merrik Garland, anuló las órdenes emitidas por Sessions y le devolvió a los jueces de inmigración la autoridad para cerrar casos y permitir que inmigrantes que llevan tiempo en el país, tienen familias establecidas y carezcan de antecedentes criminales, puedan cancelar sus casos de deportación.
Pero una recomendación incluida en el Proyecto 2025, un plan conservador, redactado por más de 170 organizaciones, entre las cuales hay decenas de exfuncionarios del primer gobierno de Trump, entre ellos Stephen Miller y Tom Homan, también recomienda “poner fin al uso generalizado por parte de los fiscales de ICE de la terminación y el cierre istrativo de casos en los tribunales de inmigración”. El Proyecto 2025 propone cambiar radicalmente el sistema migratorio autorizado por el Congreso por otro construido a base de acciones ejecutivas que pone en la mira de las deportaciones a la totalidad de indocumentados y amenaza con procesos para quitar la ciudadanía estadounidense, entre otras severas medidas.
Miller ha sido nominado por el presidente electo para ocupar el cargo de subdirector de política de la Casa Blanca en su nuevo gobierno, mientras que Homan fue propuesto para desempeñar el cargo de zar de la frontera y las deportaciones masivas.
Alistan plan de deportaciones masivas
Homan ha declarado en entrevistas que el plan masivo de deportaciones propuesto por el presidente electo incluye en una primera fase a entre uno y 1.5 millones de extranjeros con antecedentes criminales y con órdenes de deportación en ausencia.
El exdirector de ICE durante el primer gobierno de Trump también ha mencionado que el nuevo gobierno tiene entre sus planes poner fin a los programas humanitarios creados durante el gobierno de Biden, entre ellos la aplicación móvil CBP One y el parole humanitario para ciudadanos originarios de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua.
Ambos programas fueron creados con el objetivo de descongestionar la frontera y favorecer la inmigración legal, pero tanto Trump como el Proyecto 2025 aseguran que ambos programas constituyen una “amnistía” que dejó abiertas las fronteras para el ingreso de miles de extranjeros criminales, pero sin aportar datos que puedan ser verificados.
Homan también ha ratificado que el plan de deportaciones masivas será puesto en funcionamiento “desde el primer día” de Trump en la Casa Blanca para un segundo mandato, pero reconoce que por el momento el gobierno electo no tiene información respecto a la capacidad de respuesta del gobierno federal para el manejo de operaciones de búsqueda y arresto de extranjeros, número de agentes de que se dispone, espacios de detención y presupuesto de operaciones. Sólo ha dicho que confía en que Trump “conseguirá” los recursos que sean necesarios.
De acuerdo con datos recabados por Univision Noticias, en la lista de las deportaciones masivas del nuevo gobierno, se incluirían:
- 928,619 extranjeros con orden de deportación en ausencia (de acuerdo con datos de la EOIR y que fueron emitidas entre los años fiscales 2015 y 2024); y
- Extranjeros con antecedentes criminales (falta por determinar las prioridades de deportación del nuevo gobierno).
Homan también ha mencionado la cancelación de dos programas clave activados entre octubre de 2022 y enero de 2023, siendo ellos CBP One (que al 30 de septiembre ha permitido la entrada de unos 852,000 extranjeros, principalmente venezolanos, cubanos, mexicanos y haitianos) y ‘parole humanitario’ (que ha aceptado a unos 530,000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos).
Se desconoce, por ahora, que sucederá con los 1.3 millones de inmigrantes que han ingresado bajo ambos programas.
Cuántos casos en la mirilla
De acuerdo con el Centro de Información y de Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse, los registros de casos individuales que rastrean el uso de esta práctica se remontan al establecimiento de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR) en 1983. Y en base aa registros judiciales, se estableció que hasta el 2020 se habían documentado 376,439 casos en los que se utilizó el cierre istrativo para eliminar el procedimiento, al menos temporalmente, de la carga de trabajo activa del tribunal y del calendario de audiencias asociado.
El informe añade que alrededor del 6,1 por ciento de los 6,147,987 casos completados por el tribunal durante este período, desde el año fiscal 1986 hasta julio de 2020, se cerraron istrativamente en algún momento.
En 2018, cuando el cierre istrativo fue anulado por Sessions, la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ) dijo estar “muy decepcionada con la decisión de quitarnos una herramienta para controlar nuestros expedientes”. Y agregó que “hemos aconsejado sobre ese asunto y dado a conocer el punto de vista de las cortes explicando que el cierre istrativo es un método útil para nosotros y poder arreglar nuestros expedientes en una manera más eficaz, especialmente en la epoca de tantos casos atrasados".
En aquel tiempo los casos acumulados en la EOIR bordeaban los 800,000, con el añadido de los 350,000 ordenados por Sessions. Pero en la actualidad la Corte de Inmigración tiene un atasco que supera los 3.7 millones de casos y la cifra sigue aumentando.
La NAIJ también dijo en 2018 que la valiosa herramienta en la mira del Proyecto 2025 "es una avenida de priorizar nuestro trabajo, no evitarlo, algo que sirve a los intereses del debido proceso y una istración inteligente".
Desde el gobierno de Barack Obama (enero de 2009 a enero de 2017), los cierres se aplicaban rutinariamente a personas sin antecedentes penales que habían vivido durante muchos años en Estados Unidos, a menudo con hijos o cónyuges que ciudadanos estadounidenses. En muchos casos, tras el cierre esos inmigrantes podían postular a obtener permisos de trabajo y una licencia de manejar.
En 2018 la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) señaló que la cancelación de la herramienta se había “eliminado una herramienta crítica de gestión de expedientes, asegurando efectivamente que el sistema judicial de inmigración seguirá siendo gravado con enormes atrasos de casos en el futuro”.
En marzo del año pasado, cuando se cumplieron 25 años del ‘cierre istrativo’, el TRAC reportó que un juez de inmigración ha concedido una exención en poco más de 700,000 decisiones, o el 13% de todos los casos de deportación.
En términos anuales, “esto equivale a un promedio de alrededor de 28,000 al año”. Y que antes del gobierno de Biden, “el mayor número de inmigrantes a los que se les concedió una exención fue de alrededor de 35,000”. Agrega que “esto ocurrió en el año fiscal 2006 (cuando las órdenes de deportación se acercaron a las 200,000), y en el año fiscal 2019 (durante Trump, cuando las órdenes de deportación de 187,000 también fueron inusualmente altas).
Durante los tres primeros años de la istración Biden, las subvenciones de ayuda alcanzaron un nuevo máximo de 39,738 casos, mientras que, durante el año fiscal 2022, las subvenciones de ayuda se produjeron en solo el 11% de todas las decisiones.
